México no será policía de EU
Miguel Ángel Rivera lunes 1, Abr 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Presentación: Inicio una nueva etapa en mi ya larga trayectoria. Agradezco la bienvenida del profesional equipo encabezado por José Luis Montañez Aguilar y espero ofrecer unas líneas que merezcan el tiempo que invertirán los lectores.
“Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables, como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular, preconfigurada por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada”.
Así dice el tercer párrafo del artículo segundo de la Ley de Migración, el cual establece los lineamientos sobre los que debe basarse la política del Estado mexicano en materia de migración.
Para más fundamento, el artículo primero de la referida norma ordena lo siguiente: “Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales”.
Para más precisión, cabe recordar que la ley máxima del país, la Constitución General, decreta en su Artículo 11:
“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes…Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales”.
En consecuencia, el gobierno de México no requiere de una actitud agresiva para responder a las bravatas y las críticas del presidente de los Estados Unidos, el multimillonario Donald Trump, que nuevamente amenaza con cerrar la “maldita frontera”.
Tampoco se necesitan improvisadas “consultas populares” para determinar la actitud que se debe asumir, lo que se necesita es firmeza y recordar que, más que nadie, el gobierno nacional está comprometido a respetar y hacer cumplir nuestras leyes. Al rendir protesta, el pasado 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, juró el respeto a la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Esto es lo que se debe hacer entender al belicoso mandatario de los Estados Unidos, las leyes mexicanas garantizan y ordenan hacer cumplir el libre tránsito por todo su territorio, independientemente de quién se trate, nacional o extranjero. Las leyes mexicanas también establecen que, en materia migratoria, existe “responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países involucrados en el tema migratorio”.
En conclusión, las leyes impiden al gobierno mexicano convertirse, como lo desea Trump, en policía al servicio de los Estados Unidos.
La cosecha
Por lo pronto, se espera que mañana mismo, el Senado de la República -que tiene la responsabilidad de la política exterior- apruebe una declaración en respaldo del gobierno del presidente López Obrador para responder a los embates del beligerante mandatario de la Unión Americana.
Es previsible que la declaración tenga el respaldo de todas las fracciones representadas en esa cámara, aunque al conocerse el borrador preparado por el grupo mayoritario de Morena, legisladores de otros partidos piden asumir una actitud más enérgica.
Por ejemplo, el coordinador de la disminuida representación del PRI, Miguel Ángel Osorio, aseguró que la gente “espera una postura firme de respeto hacia nuestro país”, y en ello, “nosotros vamos a acompañar al Presidente si es que la decide tomar”. De paso, advirtió que la “consulta popular” como la organizada por López Obrador en Poza Rica, Veracruz, “no es el camino”, pues el Presidente está para tomar decisiones.
Por separado, el vicecoordinador de la bancada del PAN en el Senado, José Erandi Bermúdez Méndez, pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores asumir una posición firme ante los insultos del presidente Donald Trump.
En tanto, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que hoy lunes, reiniciará la entrega de visas humanitarias a migrantes centroamericanos ubicados en el municipio de Mapastepec, Chiapas.
Este servicio estará limitado a las personas cuya situación amerite recibir la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), con prioridad para mujeres, niñas, niños y mayores de 65 años.
Aunque todas las encuestas indican que, en Puebla, la lucha por el gobierno estatal en las elecciones extraordinarias que se realizarán el 2 de junio venidero, será entre la alianza PAN-PRD-MC, que lleva como candidato al ex rector de la UDLAP, Enrique Cárdenas, y Morena, que postuló nuevamente al ex senador Miguel Barbosa -quien en los pasados comicios de 2018 fue superado por Martha Erika Alonso- en el PRI todavía hay confianza en que podrán entrar en la disputa por el poder.
Por ello, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y el secretario general, Arturo Zamora, estuvieron en Puebla para el inicio de la campaña electoral de su candidato, Alberto Jiménez Merino. El sitio elegido para el arranque fue el poblado de San Andrés Azumiatla, en el municipio de la capital del estado.
Entre los partidos de oposición, se mantiene la suposición de que Morena se ha debilitado en Puebla, debido a la inconformidad de un sector de ese partido, porque se marginó al actual senador, Alejandro Armenta Mier.
La división interna derivada de la lucha por la candidatura de Puebla ya tuvo como efecto colateral la renuncia del senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, como jefe de asesores del coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.
Rojas encabezó la insurrección contra la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, por considerar que manipuló la supuesta consulta que confirmó como candidato a Barbosa. Para evitar que su levantamiento se viera como inducido u organizado por su jefe, Ricardo Monreal, el senador suplente optó por renunciar a su cargo y, de paso, anunció que buscará ser presidente del partido una vez que concluya el mandato de Polevnsky, en noviembre próximo.
Rojas acusó a la dirigente Polevnsky de tener como “maestro y gurú” a Raúl Salinas de Gortari, como se evidenció en la reciente celebración del cumpleaños de Diego Fernández de Cevallos.
El Senado aprobó recientemente modificaciones constitucionales para ampliar la relación de presuntos delitos por los cuales se puede juzgar al Presidente de la República en funciones, así como a los propios legisladores. Esa reforma fue presentada por la fracción mayoritaria de Morena, como una forma de quietarle el fuero al primer mandatario y para que el cambio entre en vigor debe ser confirmado por la Cámara de Diputados.
En la Cámara baja se informó que todavía no reciben la minuta del Senado, pero el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, adelantó que le harán modificaciones a lo aprobado por los senadores, para incluir a los gobernadores como sujetos de ser sometidos a juicio. Este eventual cambio responde en realidad a una recomendación hecha por el presidente López Obrador el pasado 28 de marzo.
La Cuarta Transformación nos demanda urgentemente dar pasos contundentes para desterrar la corrupción y la impunidad; en la minuta, el Senado agregó a los legisladores, y ahora el Presidente propuso que también a los gobernadores, vamos a caminar en ese sentido y en Morena atenderemos esta añeja petición del pueblo de México, para que no exista nadie por encima de la ley, que no haya privilegios”.
