Ni un paso atrás contra la corrupción; sancionan a más de mil funcionarios
Luis Muñoz martes 25, Ago 2020Segunda vuelta
Luis Muñoz
Más de mil servidores públicos fueron sancionados en un lapso de 12 meses por la Contraloría General de la Ciudad de México por actos de corrupción.
Entre enero de 2019 y febrero de 2020 hubo un total de dos mil 52 sanciones a mil 680 personas, de acuerdo con el informe del contralor Juan José Serrano Mendoza.
Integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso capitalino realizaron una mesa de trabajo con el funcionario, donde el presidente de la Comisión, Carlos Castillo Pérez, dijo que aún con la emergencia sanitaria no hay pretextos para no combatir la corrupción y la impunidad.
“Se han dado señales claras de que se trabaja por eliminar la corrupción y el uso indebido de recursos públicos”, señaló el diputado Castillo.
Agregó que “hoy más que nunca estamos obligados a actuar de manera puntual ante posibles hechos de corrupción; el mensaje para todas las y los servidores públicas debe ser la transparencia y la probidad”.
Explicó el legislador que hace algunos días se logró un acuerdo de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera federal y el gobierno de la Ciudad de México para trabajar en la erradicación de la corrupción. “No se pretende un linchamiento, ni un juicio sumario, pero tampoco se debe tolerar la corrupción e impunidad, al tiempo que reconoció el valor de las denuncias ciudadanas, pues gracias a ellas se puede dar rumbo a las investigaciones”.
El secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, expresó: el principio rector que nos anima en el ejercicio de la función pública es la ética, la austeridad la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas”.
En mesa de trabajo, Serrano Mendoza presentó un informe de acciones contra la corrupción y dijo que las sanciones impuestas incluyeron a funcionarios de las alcaldías y de las distintas áreas del gobierno de la ciudad.
Respeto a los servidores públicos de la administración anterior, detalló que 197 personas tienen sanción de uno a 20 años, 16 de menos de un año y mil 400 con sanciones por faltas a la normatividad, para un total de mil 613 personas con diferentes sanciones.
En lo que respecta a servidores públicos de la administración actual, hay tres personas con sanción de uno a 20 años, una con sanción de menos de un año y 63 con sanciones por faltas a la normatividad, con un total de nueve mil 437 expedientes en investigación. En ninguno de los casos se dieron a conocer los nombres de los sancionados.Serrano Mendoza señaló que como resultado de las denuncias en contra de personas servidoras públicas denunciadas por parte de la Secretaría de la Contraloría General, se han iniciado 24 carpetas de investigación en contra de 27 personas que anteriormente estuvieron en el servicio público. Asimismo, actualmente se investiga a 15 empresas que participaron en la reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo de septiembre de 2017, y que ya existen denuncias penales y órdenes de aprehensión.
Durante la participación de diputadas y diputados, el legislador Miguel Ángel Macedo Escartín (Morena) dijo estar satisfecho porque desde el Congreso capitalino hay preocupación por generar estos espacios y hacer válida la fiscalización.
La legisladora Lilia Eugenia Rossbach Suárez (Morena) pidió al funcionario datos sobre las auditorías que se realizan. El diputado Federico Döring, del PAN, reprochó al contralor que en su informe no haya presentado metas, datos que sí se referían en legislaturas anteriores.“En cuanto al monto por sanciones económicas se presume ha tenido mejor calado, pero no se dice el tamaño de las sanciones, y no dice una sola palabra de la recuperación, producto del fincamiento de responsabilidades en favor de la hacienda de la Ciudad de México, y todo esto sí lo reportaban sus antecesores”.
Solicitan ficha roja para Orta
Diputados del PAN no descansarán hasta ver tras las rejas a Jesús Orta, prófugo de la justicia desde hace tres semanas.
Eso se colige del anuncio de los legisladores Federico Döring y Héctor Barrera (PAN), en el sentido de que solicitarán a la Interpol que emita “de manera urgente” una ficha roja para su localización donde quiera que se encuentre.