Un derecho negado a los pueblos indígenas: acceso a la justicia
Luis Muñoz jueves 13, May 2021Segunda vuelta
Luis Muñoz
El acceso a la justicia de los pueblos indígenas ha llevado a los estudiosos del tema a reflexionar sobre los valores, principios y normas que deben ser tomados en cuenta por las instituciones encargadas de administrar justicia.
Los pueblos indígenas, al igual que el resto de la ciudadanía, tienen dificultades generales para acceder a la justicia, no obstante, en su caso, estas dificultades se agravan por sus niveles de marginalidad y también por la falta de políticas interculturales de justicia.
A nivel global, en las constituciones de los países y en los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos, se han plasmado principios fundamentales de todos los seres humanos: uno de ellos es el derecho de acceso a la justicia, que es la facultad que tiene toda persona a acudir a los tribunales para resolver sus conflictos y de esta manera proteger sus derechos y libertades, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los mismos.
Por eso la necesidad en nuestro país de mejorar la impartición de justicia para las comunidades indígenas.
Esta semana la diputada del PRI, González Cauich, presentó una iniciativa que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante la cual plantea adecuar la norma a la realidad de las comunidades originarias de México.
Propone reformar los artículos 17, 45, 108, 327, 410, 420 y 485 de este Código, para establecer que en el caso de miembros de pueblos o comunidades indígenas, el defensor y el asesor deberán tener conocimiento de su lengua y cultura y, en su caso, deberá actuar asistido de un intérprete. Además, el Estado garantizará que se nombre un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español.
Igualmente, que se considere víctima a las comunidades indígenas en hechos punibles que impliquen discriminación o genocidio respecto de los miembros de la etnia o generen regresión demográfica, depredación de su hábitat, contaminación ambiental, explotación económica o alienación.
De acuerdo con la propuesta, el sobreseimiento de una causa se podrá solicitar cuando el hecho haya sido resuelto por la comunidad indígena conforme a su sistema normativo.
En los criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad, expone que cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se deberá dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento, inclusive que dichas sanciones puedan ser compurgadas en su comunidad.
La legisladora dijo que cuando sean delitos que afecten bienes jurídicos propios de una comunidad o pueblo indígena, o personales de alguno de sus miembros, “y conforme a la jurisdicción indígena se proponga la resolución de su conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, garantizando en todo momento una interpretación intercultural de los derechos humanos; el juez o tribunal que conozca del caso, verificará únicamente elementos de constitucionalidad y convencionalidad”.
Las comunidades y pueblos indígenas, en uso de su autonomía y libre determinación, establecerán su competencia material, territorial y personal que corresponda. Si existen causas para que las autoridades de la Federación o de los estados deban conocer de estos casos, se estará en las reglas de la atracción.
Asimismo, se propone adicionar el 420 Bis, 420 Ter, 420 Quater y 420 Quinquies, para reconocer la capacidad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas de mantener sus sistemas normativos; por tanto, se garantizará que las instituciones y autoridades respeten sus determinaciones, dado que la existencia de varias jurisdicciones exige necesariamente una distribución y coordinación de competencias en un plano de complementariedad.
“Batea” Norena propuesta panista
La diputada Gabriela Salido Magos informó que gestiona un encuentro entre la Seduvi y vecinos de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, para debatir sobre los proyectos inmobiliarios en curso, que son rechazados por las afectaciones directas en los servicios públicos de las colonias.
“Cada día que pasa es un día perdido, son días en los que las obras avanzan, las construcciones de metros y metros cuadrados no se detienen y no hay seguridad ni certeza jurídica para quienes ahí habitan”, dijo. El Punto de Acuerdo presentado este martes, fue “bateado” por Morena y diputados aliados, y se pone en riesgo el patrimonio de las personas junto con su derecho a una ciudad habitable, señaló.
Ante esta situación, agregó: “Nos dirigimos a ustedes (autoridades de Seduvi) para intentar nuevamente encauzar y dar voz a las demandas de vecinas y vecinos de toda la ciudad, pero particularmente a quienes habitan en esas alcaldías, pues viven preocupados por la gran cantidad de obras y desarrollos inmobiliarios que se construyen en sus comunidades”. La panista abogó por sus vecinos de colonias como Santo Tomás, Nextitla, Popotla, Agricultura, Argentina y otras más.