La Auditoría Superior de la Federación no logra aún erradicar corrupción
Miguel Ángel Rivera martes 22, Feb 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“Cuando los servidores públicos o los particulares no atiendan los requerimientos a que se refiere este artículo, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida, los titulares de las áreas responsables de la práctica de las auditorías y visitas de la Auditoría Superior de la Federación podrán imponerles una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de la ya impuesta, sin perjuicio de que se deba atender el requerimiento respectivo.
“También se aplicarán las multas previstas en este artículo a los terceros que hubieran contratado obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal con las entidades fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e información que les requiera la Auditoría Superior de la Federación.
“No se impondrán las multas a que se refiere este artículo, cuando el incumplimiento por parte de los servidores públicos o particulares se derive de causas ajenas a su responsabilidad. Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida.
“La Tesorería de la Federación se encargará de hacer efectivo su cobro en términos de las disposiciones aplicables”.
Así dice el artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual establece, como se aprecia, las sanciones que puede aplicar la Auditoría Superior de la Federación a quienes se apropian, desvían o no aplican bien los recursos que les pone a su cuidado la Tesorería de la Federación, ya sea directamente o a través de gobiernos estatales y municipales o por transferencias a los poderes Judicial y Legislativo, así como a los órganismo autónomos.
Se supone que esa institución, la Auditoría Federal de la Federación (ASF) es la encargada de vigilar el debido cumplimiento y aplicación de los programas y las obras que se realizan con recursos federales y de no realizarse como es debido, debe iniciar los procedimientos para que los culpables de desvíos o apropiaciones indebidas retribuyan lo que no fue debidamente aplicado y además reciban las sanciones correspondientes.
Pero como se ve, ni esa Ley ni otros ordenamientos destinados a evitar desvíos o apropiamiento ilegal de recursos han sido suficientes para contener la codicia de quienes se enriquecen ilegalmente ni para erradicar los errores y omisiones de funcionarios que carecen de la debida capacitación para desempeñar los cargos que se les asignan.
Para empezar, además de aplicar multas y otras sanciones, la ASF tiene como misión central conseguir que se devuelva o se reponga lo mal empleado.
Así, la página de Internet de la ASF informa que, al pasado 31 de diciembre de 2021, gracias a la revisión de las cuentas públicas (la forma como se ejercieron los presupuestos federales) de 2001 a 2019 se logró una recuperación de poco más de 137 millones de pesos, correspondientes al Poder Legislativo, de casi 300 millones de pesos del Poder Judicial y 41 mil 732.8 millones de pesos del Poder Ejecutivo, pero todavía fue más de las entidades federativas, municipios y alcaldías, que llegó a un total de 80 mil 979.4.
Unidad de Medida y Actualización UMA es de 96.22 pesos mexicanos; el valor mensual de 2 mil 925.09 pesos y el anual de 35 mil 101.08 pesos; estos valores entran en vigor a partir del 1° de febrero de 2022″, informó el Inegi en un comunicado.
Parece mucho, pero se recupera poco de los desvíos
De tomarse en cuenta sólo esas cifras, sin mayor referencia o comparación, se puede considerar que la ASF ha logrado contener la acción de los funcionarios corruptos que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya no existen, pero no es así.
Esto se demuestra con el reciente informe de la Auditoría Superior relativo a la Cuenta Pública de 2020, dado a conocer durante el reciente fin de semana. Según ese reporte, se detectó un posible daño al erario por un total de 63 mil 010 millones de pesos.
De acuerdo con este informe, resultado de 866 auditorías practicadas en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2020, un gran número de posibles irregularidades se concentra en el rubro de desarrollo económico, con 11,848 millones de pesos, siendo el sector de Agricultura y Desarrollo Rural, con 8 mil 920 millones de pesos, donde más irregularidades se detectaron.
Al comentar el informe, el presidente López Obrador aseguró que todas las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020 se irán aclarando, ya que primero se audita todo y después se empieza a aclarar, “así es siempre”.
“Recuerden ustedes de cómo llegaron a decir la Auditoría Superior de la Federación que el aeropuerto, nos había costado cancelar el aeropuerto de Texcoco 300 mil millones y tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones a los contratistas que ya tenían contratos con el gobierno anterior”.
En su conferencia matutina, el mandatario señaló que los datos aún son preliminares; sin embargo, “lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan que es lo mismo”, además, dijo que, “antes se operaba con impunidad”, pero ahora ya no porque, “ya no somos iguales”.
Los resultados tampoco fueron del agrado de la oposición
Las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020, comprueban la anarquía y el cochinero con los que el gobierno morenista realiza obra pública y maneja los programas clientelares, especialmente los insignia que tienen que ver con el ego presidencial, advirtió la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Marko Cortés Mendoza.
Obra, gasto público y programas clientelares muestran el desprecio de las normas y los procedimientos, con tal de satisfacer los caprichos del presidente, dice un comunicado del partido azul, en el cual se anuncia que diputados y senadores deberán llamar a cuentas a los involucrados.
En particular, Cortés Mendoza destacó las observaciones de la ASF por 20 mil 243 millones de pesos en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por 59.2 millones en la refinería de Dos Bocas, y por 256.1 millones en el Tren Maya, por considerar que exponen el tamaño del desorden de este gobierno con el dinero de las y los mexicanos.
El colmo, dijo Cortés Mendoza, hasta en el programa de pensiones para Adultos Mayores, la ASF detectó que la Secretaría del Bienestar pagó más de 10 millones de pesos a personas ya fallecidas.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Hiram Hernández Zetina, coincidió en señalar que la corrupción, así como el mal manejo de los recursos públicos, la falta de transparencia y rendición de cuentas, son unos de los principales problemas del país, de carácter estructural, que trasciende sexenios y partidos, de ahí la importancia de este acto.
Agregó que su origen “tiene que ver con un mal diseño institucional que no responde a las necesidades de nuestro tiempo, la poca o nula especialización de las áreas de la administración pública en los 3 niveles de gobierno y la impunidad”, y que además genera pérdidas económicas hasta por cinco puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
La OCDE disminuye las perspectivas de crecimiento
En otro impacto negativo para el gobierno del presidente López Obrador la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rebajó este miércoles la previsión de crecimiento de la economía mexicana a 2.3 % para 2022 desde un pronóstico previo de 3.3 %.
El “Estudio Económico de la OCDE sobre México” del organismo internacional también calcula que el producto interno bruto (PIB) mexicano creció 5,3 % en 2021 tras una estimación anterior de 5,9 %.
Cabe recordar que la OCDE ya no está encabezada por el ex secretario mexicano de Hacienda José Ángel Gurría, tan criticado por el actual gobierno de la llamada Cuarta Transformación, sino por Mathias Cormann, quien expuso que “hubo un repunte en la actividad económica sólido en la primera parte de 2021, pero se ha debilitado debido a restricciones de abastecimiento y nuevos brotes del virus”.
“Esperamos que el PIB de México crezca a una razón de 2,3 % este año y 2,6 % el siguiente año (2023)”, reiteró el funcionario de origen australiano.