EU incluye a México en lista de los países con alta impunidad
Seguridad jueves 14, Abr 2022
Informe sobre los derechos humanos en 2021
- El Departamento de Estado detectó que “gran mayoría de crímenes” no se investiga
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre derechos humanos, reportó que el crimen organizado es el principal perpetrador de violencia en México y las autoridades no investigan “la gran mayoría de crímenes” o se resuelven de manera ineficiente, al igual que en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Perú.
Para Estados Unidos, la impunidad en México sigue siendo un “problema” que abarca todos los delitos que se cometen en el país, “incluidas las violaciones de derechos humanos y la corrupción”.
El informe señaló que el crimen organizado es el “principal perpetrador” de los crímenes violentos, como homicidios, torturas, secuestro, extorsiones y tráfico de personas, además de que algunas autoridades son “cómplices” de las bandas criminales. “El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la gran mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar”, expresó el reporte.
Sobre la libertad de expresión en México, Estados Unidos recordó que en 2021 el gremio periodístico fue víctima de asesinatos, ataques, acosos e intimidaciones, especialmente por parte de funcionarios y del crimen organizado.
Señaló que no existen restricciones para que la prensa critique abiertamente al Gobierno, pero destacó que “los políticos desacreditan públicamente a los periodistas” que lo hacen.
Los altos niveles de impunidad, incluido en los asesinatos de periodistas, generan autocensura y reducen la libertad de expresión de la prensa
El secretario de Estado de EU, Antony Blinken, denunció en febrero a través de Twitter que el “alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes”. El Departamento de Estado publicó su informe sobre los derechos humanos en 2021, que analiza la situación en unos 198 países y territorios, aunque no en Estados Unidos, y que sirve de guía al Congreso estadounidense para determinar la ayuda exterior de cada nación.
La persistente impunidad
Estados Unidos también fue contundente en el caso de Bolivia, donde aseguró que “la aplicación ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto llevaron a la impunidad” muchos casos de abuso.
Mientras que en El Salvador, de Nayib Bukele, consideró que “la impunidad ante la corrupción permanece endémica”, igual que en Perú, donde “la percepción de impunidad es una de las mayores preocupaciones”. Y sobre Argentina dijo que el año pasado hubo “numerosos reportes de corrupción”, incluidas las investigaciones contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, y contra el ex presidente Mauricio Macri, a la vez que lamentó que el sistema judicial está “politizado”.
En la sección dedicada a Cuba, el informe recordó que en julio pasado se produjeron “las protestas más grandes en décadas” para “exigir el fin de la represión” y afirmó que muchos manifestantes fueron arrestados y encarcelados en condiciones “crueles”, mientras que otros tuvieron que exiliarse. “Los funcionarios del Gobierno, bajo las órdenes de sus superiores, cometieron las mayores violaciones de los derechos humanos”, aseveró el Departamento de Estado. Sobre Nicaragua, EU destacó que el presidente, Daniel Ortega, mantiene un “control total” tras “adjudicarse un cuarto mandato consecutivo” en las elecciones de noviembre pasado, después de “encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición”. Además, detalló que el Gobierno de Managua sigue sin investigar ni perseguir a las autoridades responsables de “los 355 asesinatos y las centenares de desapariciones” durante las protestas de 2018.
También criticó la represión contra “presos políticos” en Venezuela, pese a reconocer que el año pasado el gobierno de Nicolás Maduro “permitió” a opositores participar en las elecciones regionales de noviembre, así como el regreso de algunos exiliados.
Trato más suave
El informe de derechos humanos del Departamento de Estado suele recibir críticas por la diferencia de trato que reciben los gobiernos más cercanos a Washington.
El documento considera a Chile, por ejemplo, uno de los pocos países donde “el gobierno dio pasos para investigar, perseguir y castigar a los funcionarios que cometieron abusos de los derechos humanos”.
Mientras, en Colombia aplaudió que el Ejecutivo de Iván Duque implementara “con eficacia” leyes anticorrupción y la aplicación de una reforma policial con perspectiva de derechos humanos tras las protestas del año pasado.
Respecto a Brasil, el Departamento de Estado señaló que el presidente, Jair Bolsonaro, “critica frecuentemente a la prensa” y recogió la confrontación que mantiene con líderes indígenas.
Y en Ecuador citó “los actos de tortura y asesinato” perpetrados por bandas criminales durante los enfrentamientos en varias prisiones.