Seguridad nacional
Freddy Sánchez jueves 21, Jul 2022Precios y desprecios
Freddy Sánchez
La decisión presidencial de “blindar” al Tren Maya, dejando sin efecto los amparos judiciales que impedían la continuación de la obra en su tramo cinco, fue una acción perfectamente legal o no es así.
Una cuestión que es preciso dejar en claro para evitar suspicacias inquietantes sobre el uso del poder del jefe del Ejecutivo federal para dar viabilidad legítima al desarrollo de sus quehaceres sexenales. Y es que haber invocado la seguridad nacional como justificación para anular las determinaciones judiciales que mantenían bajo interrupción la obra del Tren Maya, si bien se ha dicho que se trata de una medida amparada en la ley, con base en las facultades que asisten al presidente, se antoja indispensable que una instancia legal competente lo valide y despeje cualquier duda al respecto.
Porque en el supuesto de que la Presidencia de la República haya obrado conforme al Estado de Derecho, ajustándose a las propias normas legales al declarar la nulidad de los amparos que ordenaron la suspensión de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, es necesario que a los que ven con sospecha esta acción del poder ejecutivo se les pruebe sin lugar a dudas que el procedimiento fue legal y por lo mismo no se trató de ninguna arbitrariedad institucional.
En ese aspecto vale la pena mencionar que después de la declaratoria presidencial para otorgarle a la obra interrumpida legalmente la calidad de una acción de seguridad nacional, aunque sin profundizar en el tema, en el Senado de la República se escucharon algunas voces dando a entender que el asunto tendría que analizarse.
De tal suerte que eso justamente hay que hacer para poder afirmar con plena convicción que lo que se hizo desde el Palacio Nacional a efecto de liberar al Tren Maya de obstrucciones, no fue una acción apartada de la legalidad ni mucho menos una artimaña presidencial que pudiera hacer creer que en otra clase de acciones que interese al gobierno de Andrés Manuel “desatorar” de objeciones u oposiciones de algún tipo, la sola mención de que se actúa en aras de la seguridad nacional le permitirá cuanto se proponga y decida hacer para dar viabilidad a los pretensiones oficiales.
Y es que sería francamente inquietante que el estado de derecho que otorga a los inconformes la opción legal de recurrir a la ley para ampararse de acciones institucionales que a su juicio causen algún perjuicio personal o colectivo, mediante un simple “plumazo” invocando la seguridad nacional se pueda anular sus promociones de justicia y con ello dar vía libre al aparato público de hacer cuanto le plazca.
Porque hay que decirlo sin tapujos: Contener las medidas oficiales siempre que se tenga la presunción de que se pudieran estar violentando los derechos de terceros es una cuestión fundamental para preservar a la sociedad de arbitrariedades y abusos del poder.
En ese aspecto, conviene recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal de justicia en este país, a instancias de quienes así lo consideren menester o incluso por voluntad propia debería intervenir en la aparente decisión unilateral del poder Ejecutivo al haber declarado de seguridad pública la obra del Tren Maya para en forma simultánea a la reanudación de los trabajos suspendidos declarar nulos los amparos vigentes contra dicha construcción institucional. Cabe reflexionar al respecto que si hemos de estar sujetos a un Estado de Derecho con plena autonomía de los tres poderes de la unión, es inaceptable que quede la sensación social de que uno de estos tres poderes, (el presidencial en este caso), se puede dar el lujo de actuar libremente sin respetar la decisiones legales de otro poder.
Nada sería más terrible que nuestro país se estuviera encaminado hacia un entorno de autoritarismo en el que se respeten a solo medias o de plano se ignoren las leyes vigentes cuando así convenga a quienes forman parte de alguno de los tres poderes. De ahí la imperiosa necesidad de aclarar que lo del Tren Maya no fue una arbitrariedad presidencial que pueda repetirse en otros asuntos al amparo de la seguridad nacional.
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