Capoteo constitucional
Freddy Sánchez martes 30, Ago 2022Precios y desprecios
Freddy Sánchez
“Para la leyes, las muelles”…
Ese dicho popular parece la “fuente de inspiración” de Andrés Manuel para deambular entre lo leal e ilegal en torno a la realización de sus actos de gobierno, sin recurrir a las reformas constitucionales que los avalen plenamente.
Aparte de los llamados “decretazos” (sujetos a revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en casos anteriores, ahora surge del “tintero” de Palacio Nacional una ley preferente que podría hacer las veces de otra “llave maestra” para abrirle espacios “legales” al Poder Ejecutivo en aras de impulsar lo que se propone sin contar con la aprobación legislativa de sus opositores.
Y es que en lugar de una reforma constitucional que permita a la Secretaría de la Defensa Nacional tomar el control de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador decidió optar por la presentación de una iniciativa de ley preferente, confiado naturalmente en que se aprobará en cada una de sus líneas.
Como le gusta al presidente: “sin cambiarle ni un punto ni una coma”. Igual que lo han venido haciendo con otras propuestas legislativas de Andrés Manuel los señores de Morena y sus aliados legislativos.
De modo que aprobada la iniciativa de ley preferente que le permitirá a AMLO hacer lo que desea respecto la transferencia de mandos entre la Sedena y la guardia, además de otros ajustes con cambios legales sobre lo mismo, lo único que le quedará a los opositores del gobierno de la República será proceder a interponer una nueva controversia constitucional para tratar de anular lo que se apruebe en las cámaras de diputados y senadores.
En ese sentido, algunos representantes de la oposición han anticipado que el sólo hecho de que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional, constituirá una violación constitucional en virtud a lo que la Carta Magna estipula sobre el manejo de la seguridad que debe estar sujeto a controles civiles y no castrenses. Pero, en virtud de que ha sido y sigue siendo en los planes presidenciales que la guardia se someta al manejo de la Sedena por considerarse que su funcionamiento será más adecuado en la lucha contra la delincuencia organizada, es evidente que con o sin una reforma constitucional que lo valide con todas las de la ley, lo que el Ejecutivo se ha propuesto se llevará hasta sus últimas consecuencias.
Y este es el punto medular a considerar sobre lo que ha de pasar en caso de que Andrés Manuel como lo hizo con anterioridad con “decretos presidenciales”, con la ley preferente se permita darle un probable “brinquito” (salto de altura enorme, dicen algunos), a la letra constitucional para facilitar el paso a lo que en sus proyectos de gobierno parece destinado a ejecutarse “contra viento y marea”.
De tal suerte, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única opción subsistente para determinar si es o no es perfectamente legal lo que está haciendo el primer mandatario.
El caso es que, en tanto la Corte resuelve sobre los asuntos controvertibles, se siguen acumulando actos presidenciales reputados de violatorios de la Constitución de la República, conforme a lo que han expuesto distintos juristas, analistas políticos y por supuesto voceros de los partidos de oposición.
En algunos casos con todas las formalidades legales por parte de opositores al gobierno que solicitan que la SCJN intervenga y resuelva que el presidente se ha dedicado a cometer distintas violaciones a la constitución con sus decisiones y actuaciones institucionales. Lo electoral podría ser una más de las cosas por hacer del jefe del ejecutivo, en apariencia “saltándose las trancas” de los ordenamientos legales en vigor.
Y en ese aspecto en particular podría decirse que por lo pronto Andrés Manuel se ha dado el lujo de un gran torero ofreciendo buena cátedra al caminar aparentemente “fuera y dentro” de los límites de la vía legal recurriendo a un diestro y osado “capoteo” constitucional.