Aprobada la militarización de la Guardia Nacional, la 4T va por el INE y el TEPJF
Miguel Ángel Rivera jueves 13, Oct 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Luego de que la Cámara de Diputados se preparaba para aprobar sin cambios la minuta de la reforma constitucional que amplía cuatro años el periodo por el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control total de la Guardia Nacional, los senadores podrán presumir que, al igual que al presidente Andrés Manuel López Obrador, no se le cambia ni una coma a sus iniciativas.
Esto se confirmó, luego de que la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) presentó una moción suspensiva para frenar el debate y devolver el proyecto a comisiones, pero la mayoría parlamentaria desechó el recurso y decidió seguir adelante con el proceso legislativo.
En este caso, la mayoría oficialista, integrada por Morena, PVEM y PT, tiene el respaldo de partes de las fracciones parlamentarias del PRI y PRD, con lo cual suma el suficiente número de votos para imponer una reforma constitucional, para la cual se requiere lo que se llama mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los diputados presentes.
Los únicos grupos parlamentarios que se mantuvieron unidos en oponerse a lo que califican de militarización del país, fueron los del PAN y de MC, pero no tienen el suficiente número para contener a la abrumadora mayoría oficialista.
En consecuencia, sólo era cuestión de tiempo para que se aprobara la minuta enviada por los senadores, la cual, como casi todas las iniciativas que interesan al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, se tramitó con toda celeridad.
La minuta recibida del Senado, donde se aprobó apenas el pasado día 9, se revisó a toda prisa en comisiones de la Cámara de Diputados, las cuales trabajaron al mismo tiempo que se realizaba una sesión plenaria en la que el asunto más importante fue una reforma para que las entidades federativas puedan reglamentar sus símbolos distintivos, como el himno, escudo y bandera.
A las 14:26 horas, el presidente de la Cámara, el panista Santiago Creel Miranda, dio por terminada la sesión, pero pidió a los diputados permanecer en el Palacio Legislativo, pues casi de inmediato se iniciaría una segunda sesión, con una diferencia de apenas 40 minutos.
El receso fue mayor, pero de cualquier forma quedó constancia de la urgencia con la que los legisladores oficialistas deseaban sacar adelante esa reforma constitucional que tanto anhela el jefe del Ejecutivo Federal.
¿Cuál alianza prevalecerá: Va por México o el PRI-Mor?
Como sucedió en el Senado, cuando se discutió esa misma reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, también en la Cámara de Diputados estuvo muy pendiente del proceso legislativo el secretario de Gobernación y precandidato presidencial de Morena, Adán Augusto López, quien presumió el éxito de las negociaciones —otros le llaman presiones— para reformar la iniciativa que originalmente habían aprobado los diputados, pero que se tuvo que modificar para justificar el cambio del voto partes de las bancadas del PRI y del PRD.
En reunión con diputados de Morena, PT y PVEM, el titular de Gobernación convalidó la alianza de la llamada Cuarta Transformación con dirigentes y legisladores del PRI, lo que popularmente se bautizado como PRI-Mor.
Con el Partido Revolucionario Institucional hay un “acuerdo político, más allá de lo constitucional, que le permitirá al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador transitar de otra manera y consolidar la gobernabilidad que el país y él requieren en el último tramo de su sexenio”, dijo López Hernández.
El funcionario del Ejecutivo inclusive vaticinó que ese acuerdo se mantendrá para aprobar adelantó que el pacto con el tricolor permitirá aprobar la reforma electoral y eventualmente revivir la reforma eléctrica.
El titular de Gobernación sostuvo que es momento de dejar de “echarnos culpas o de voltear a ver si hubo o no desidia de los que antecedieron en los diversos cargos para abandonar una obligación constitucional que tenían”.
Al atajar posibles críticas por la alianza con el PRI, López Hernández advirtió: “Miren, yo sé que, al interior de un grupo de compañeros plural y diverso como este, a veces no nos gusta que abordemos políticamente algunos temas, ¿por qué? Porque si tenemos serias diferencias ideológicas, tenemos hasta estilos distintos de actuar, pero, así como alguien dijo que París bien vale una misa, el país bien vale un buen acuerdo”.
Por el contrario, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ha tratado de convencer que no hubo traición a su alianza con el PAN y el PRD y que se mantiene vigente la coalición Va por México.
Ayer, en otro comunicado, Moreno anticipó que si la reforma electoral que propone el gobierno vulnera la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJF), los legisladores priistas votarán en contra.
Después de dar a conocer el voto de la bancada del tricolor a favor de la ampliación del plazo de la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública, el dirigente nacional del tricolor expresó asimismo que la reforma electoral “tan discutida, tan anunciada, que se ha impulsado, y que se ha dado a conocer a los ciudadanos, es una reforma que el PRI jamás avalaría”.
El diputado federal y líder del tricolor precisó que ni la Cámara de Diputados ni en el partido se ha presentado iniciativa alguna de reforma electoral, “porque para nosotros no es tema ahorita”.
Expresó que “lo que estamos haciendo nosotros es analizar, escuchar lo que venga. Pero de una vez les digo: nada de que el PRI abre la puerta. El PRI discute todos los temas, siempre”.
En resumen, se mantiene vigente la pregunta: ¿Cuál alianza se mantiene, Va por México o PRI-Mor (con el agregado de algunos perredistas)?
Por eso no los quiere la 4T
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión de calificar de “propaganda calumniosa y actos de violencia política e institucional” las expresiones de funcionarios públicos (incluido el presidente López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum) y de legisladores oficialistas de calificar traidores a la patria a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica.
En sesión presencial —después de dos años y siete meses de sesionar por videoconferencia— los cuatro magistrados asistentes, de siete que integran la Sala Superior, avalaron la resolución de la Sala Especializada del TEPJF.
El argumento central, tanto de los magistrados de la Sala Especializada como de la Superior, es que las personas a las que se llamó traidoras a la patria no tienen una sentencia como responsables de ese delito.
La magistrada ponente, Janine Otálora, dijo que es grave imputar delitos a quien opina o vota distinto.
“Es grave pretender imputar la comisión de un delito sin un mínimo de veracidad a quienes no coinciden con los posicionamientos políticos intentando con ello, perseguir la diversidad de pensamiento y contraviniendo el ejercicio de la libertad política que requieren las y los legisladores para ejercer su función como representantes de la voluntad popular”.
Agregó que calificar de “traidores a la patria” a quienes votan en contra es inaceptable, porque el hecho de perseguir a la pluralidad política y presionar con la amenaza de la imputación de un delito significa atentar contra los principios esenciales de la democracia, añadió.
“El diálogo, la crítica, el intercambio de opiniones, eso es la vida política. Acusar calumniosamente de traición a la patria, a quienes piensan distinto, es tratar de acallar el diálogo, la crítica y al final, a la misma democracia”, añadió la magistrada.
A pesar de la declaración de que los calificativos de traidores en contra de los diputados que votaron en contra de la reforma energética, el caso no está cerrado totalmente, pues los magistrados de la Sala Superior lo regresaron a los integrantes de la Sala Especializada, por considerar que omitió analizar la violencia política e institucional, así como lo planteado respecto a medidas de reparación, no repetición y derecho de réplica.
Sea como sea, los magistrados electorales justifican los intentos de Morena y satélites por devolverlos a sus casas y sustituirlos por otros más “comprensivos” o, de plano, desaparecer a ese organismo que ha dejado constancia de su autonomía.