Si en verdad interesan los pobres, no se debe recortar el presupuesto para justicia
Miguel Ángel Rivera martes 29, Ago 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La Cámara de Diputados tiene hasta noviembre venidero para aprobar el presupuesto federal, el cual comprende las partidas para las dependencias del Ejecutivo, así como también para los otros dos poderes de la Federación y de los organismos autónomos, pero desde ahora se prevé que habrá fuertes desacuerdos en lo relativo a los recursos que se pondrán a disposición del Poder Judicial.
Suponer que habrá conflicto no requiere de una bola de cristal ni de consultar a un adivino. Basta con tener en cuenta los antecedentes y, en especial, el resentimiento expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra los integrantes de la Judicatura Federal.
Para empezar, desde el arranque del actual sexenio, López Obrador se disgustó con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia porque se negaron a reducir sus propios salarios e ingresos en consonancia con la “austeridad” pregonada por el líder y guía de la llamada Cuarta Transformación, que impulsó una reforma, de inmediato aprobada sin tardanza por Morena y sus rémoras en el Congreso de la Unión, por la cual nadie debe ganar más que el presidente de la República.
Luego vinieron disgustos presidenciales por sentencias de jueces, magistrados y ministros que bloquearon otros cambios promovidos por el primer mandatario, situación que se agravó cuando no pudo imponer presidente del máximo tribunal del país, pues los ministros eligieron a una mujer, Norma Lucía Piña Hernández, que se ha distinguido por su defensa y ejercicio de la autonomía del Poder Judicial.
López Obrador no ha perdido oportunidad de denostar a los integrantes del Poder Judicial y uno de sus más recientes embates contra Piña Hernández por la contratación de un ex colaborador del ahora encarcelado en los Estados Unidos ex secretario de Seguridad (en el sexenio de Felipe Calderón) Genaro García Luna, con el agravante de que supuestamente gana más que el presidente de la República.
En paralelo, la Consejería Jurídica de la Presidencia anunció que presentaría una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra del ex presidente de la Suprema Corte, el ministro Luis María Aguilar Morales, supuestamente por ser omiso al sentenciar a una empresa privada –Elektra, del empresario Ricardo Salinas– acusada de evadir impuestos por miles de millones de pesos. Cabe agregar que Aguilar Morales se ha ganado el repudio del inquilino de Palacio Nacional por haber concedido detener el reparto de los nuevos libros de texto, en respuesta a demandas de los gobiernos de Coahuila y Chihuahua, porque no se cumplieron los procedimientos que marcan la Constitución y las leyes reglamentarias en materia de educación pública.
La presidente de la Corte advierte que un recorte
a su presupuesto afectaría a los más vulnerables
En este ambiente de animadversión desde Palacio Nacional, la Suprema Corte dio a conocer ayer su propuesta de presupuesto para el año venidero, que comprende un aumento real del cuatro por ciento, respecto del presupuesto aprobado para 2023, que fue de 77 mil 544 millones 491 mil 126 pesos, es decir, hoy busca el equivalente al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que sería 84 mil 792.4 millones de pesos.
De acuerdo con la solicitud de la Suprema Corte, del total solicitado, que es de 6 mil 091.1 millones, se destinarían 74 mil 793.3 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y 3 mil 890 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Como decíamos arriba, no se necesita ser vidente para apreciar que en esta fase, los incondicionales legisladores de la llamada Cuarta Transformación tienen la oportunidad de “quedar bien” con su líder y guía, mediante el recurso de recortar el presupuesto solicitado por una Suprema Corte a la que casi consideran “enemiga”, pues los ministros también les han enmendado la plana por sus abusos al intentar cumplir las instrucciones que reciben desde Palacio Nacional.
Para no ser exhaustivos, basta mencionar que los integrantes del tribunal constitucional contuvieron el llamado “plan B” de la reforma electoral que tanto deseaba el político de Macuspana para tener el total control de los siguientes comicios federales en donde se elegirá a su sucesor. Los ministros ni siquiera entraron al fondo del asunto, pues les bastó apreciar las irregularidades en las cuales incurrieron los legisladores oficialistas.
La previsible venganza de los diputados de la llamada Cuarta Transformación –que tienen la mayoría para imponer las adecuaciones que quieran al presupuesto– fue apreciada también por la presidenta de la Suprema Corte, pues al presentar su propuesta, advirtió que tratar de asfixiar al Poder Judicial a través de un recorte presupuestal colocará a los más vulnerables en una condición de desventaja para acceder a sus derechos.
“Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”, dijo la ministra presidenta, quien añadió:
“Desde el Poder Judicial federal asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación —como cualquier función pública— está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal”.
Acompañada por los integrantes de los plenos de la Corte, del CJF y del TEPJF, la ministra aseguró que el proyecto de presupuesto fue aprobado por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados y se rigió por criterios de racionalidad y transparencia, además de que considera ahorros y economías derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad.
Piña Hernández destacó que las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular.
“Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Sólo así, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”, declaró.
Agregó que para el próximo año el PJF también requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más. “Lo anterior se explica, parcialmente, por la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. Este modelo deriva de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano en la suscripción del T-MEC”.
Adicionalmente, el CJF habrá de garantizar la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado este año por el Poder Legislativo.
Responsabilidad compartida en la lucha contra la inseguridad
En un esfuerzo por fomentar la colaboración entre las autoridades y la sociedad en general, con el objetivo de mejorar las condiciones y la percepción de la seguridad en todo México, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Gabriel Bernal Gómez, destacó ‘la importancia de la responsabilidad compartida en la lucha contra la inseguridad’.
Durante el evento ‘Hablemos bien de la seguridad’, celebrado en Tijuana, Baja California, como parte de la asamblea nacional de la AMESP, que se celebró durante 4 días, se reafirmó el compromiso constante de esta asociación de seguridad privada mexicana para impulsar la generación de empleos de calidad y promover una cultura integral de seguridad en todo el territorio nacional.
La AMESP, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, es la asociación más grande y relevante en el sector de la seguridad privada en México. Actualmente, cuenta con 246 socios distribuidos en 27 estados del país. Bajo el liderazgo de Gabriel Bernal Gómez, su nuevo secretario general, Luis Miguel Dena Escalera, y la dirección ejecutiva de Verónica Torres Landa, la AMESP está comprometida en promover la excelencia, proporcionar capacitación y profesionalizar tanto a las empresas asociadas como a su personal.