Los refugiados en México
Luis Muñoz lunes 25, Jul 2011Segunda vuelta
Luis Muñoz
Hace un año, en el marco del trigésimo aniversario de la creación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (22 de julio de 1980), la Secretaría de Gobernación ratificaba el compromiso del gobierno federal con la protección y la asistencia de los refugiados en México.
Sin embargo, a 31 años de su creación, en materia migratoria el pleno reconocimiento pleno a los derechos de los refugiados, en México sigue pendiente.
Funcionarios del gobierno aseguran que durante la actual administración se ha logrado consolidar un esquema institucional para determinar la condición de refugiado, conforme a normas reconocidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con pleno respeto a los derechos humanos, salvaguardando los principios de confidencialidad, no devolución y no discriminación.
Según decreto del 22 de julio de 1980, la Comar se creó con el objetivo de atender las necesidades de los refugiados centroamericanos que llegaban al sureste del territorio nacional y en este sentido la Comar tiene como misión otorgar protección y asistencia a refugiados de distintas nacionalidades, reconocidos de manera individual, que huyen de persecución en su país de origen y cuya vida, libertad o seguridad se encuentra en riesgo debido a violaciones graves a sus derechos humanos.
La Secretaría de Gobernación ha señalado que es a través de la concertación con otras dependencias como se incorporaron reformas a los marcos normativos para mejorar los trámites de acceso a servicios como la naturalización y en materia de asistencia e impulso a la integración de los refugiados, se construyó una red institucional para proporcionar acceso a programas, apoyos y servicios dirigidos a este segmento, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
Hace un año la Comar planteaba que uno de los avances que se podían hacer al respecto era revisar la Ley General de Población, dado que esta se limitaba exclusivamente a la temática migratoria y no contempla en su amplitud el caso de los refugiados.
La legislación actual señala que un refugiado es aquel que comprueba ante las autoridades migratorias mexicanas que en su país de origen existen amenazas a su libertad o a su vida por motivos étnicos, religiosos, políticos o de género.
Si bien la Comar se encarga de reconocer a los solicitantes de asilo conforme a procedimientos supervisados por organismos internacionales, existen ocasiones en que tal reconocimiento oficial puede ser un trámite dilatado y que en muchos casos se le niega al solicitante.
SOLICITANTES DE ASILO
De acuerdo con la Comar, de 2002 a 2010 el gobierno mexicano recibió 3 mil 606 solicitudes de asilo y aceptó la petición de 596 con sus familiares, lo que representó que 711 extranjeros fueran reconocidos con esa calidad migratoria.
En tanto, mil 257 peticiones fueron rechazadas y el resto desechadas por desistimiento o abandono del proceso por parte de los solicitantes.
Por su parte, la organización de auxilio a refugiados Sin Fronteras, refiere que hasta 2008 residían en México mil 55 refugiados, asentados principalmente en la zona metropolitana del Distrito Federal, Chiapas y Oaxaca.
Con la llegada a México a principios de junio de 2010 del último grupo de 511 haitianos con visa humanitaria, esta comunidad se convirtió en la más numerosa del país, por encima de los colombianos, centroamericanos y de otras nacionalidades asiáticas y africanas.
No obstante, a partir de la decisión de la Secretaría de Gobernación de que sólo 120 de estos ciudadanos haitianos pueden aspirar a la condición de refugiados, Sin Fronteras prevé que quienes carezcan de ese estatus enfrentarán dificultades para acceder a servicios básicos.
“Cuando se da visa humanitaria se permite estar en el país nada más. Las condiciones son de pobreza y enfrentan una discriminación bastante fuerte. Entonces, darles una visa humanitaria, en realidad no resuelve mucho”, comentó Sin Fronteras.
INSUFICIENTE, LEY DE REFUGIADOS
¿De aprobarse la propuesta de Ley de Refugio y Protección Complementaria, se tendría una figura jurídica en la que el refugiado contaría con este reconocimiento como tal, desde el momento en que sucede la amenaza contra su vida?
La organización Sin Fronteras deplora que la nueva Ley para Refugiados y Protección Complementaria no contemple alternativas a la detención de personas solicitantes de asilo, y no se establezcan de manera clara los procedimientos de reconocimiento, cesación y revocación para obtener o perder este beneficio, aunque por otro lado aceptó que la norma representa un avance para garantizar los derechos de este sector.
El presidente Felipe Calderón promulgó la ley que incluye aspectos novedosos como el que los perseguidos en su país de origen por cuestiones de género -como la preferencia sexual- puedan pedir asilo en México, además de que quienes no puedan recibir este beneficio, ya que no serán entregados a un país donde peligre su vida o libertad.
La norma establece que no será sancionado quien sea perseguido en su país de origen e ingrese a territorio mexicano de forma irregular, así como los principios del interés superior del niño, la unidad familiar, el derecho al trabajo, acceso a la salud y a la educación.
Sin Fronteras emitió un comunicado en el que reconoce que la ley “es un paso importante para garantizar que este colectivo sea tratado como sujeto de derecho y no objeto de la compasión del estado”.
Comar señala que existe un incremento de 80% en las solicitudes de refugio, lo que refleja que la situación de violencia en el país no afecta la imagen de México como una nación de refugio seguro.
El mes pasado el organismo informaba que en lo que va de este año “llevamos 105 refugiados reconocidos y en total el año pasado registramos a 124 refugiados, lo que habla de un aumento de casi el 80%. Hemos visto un aumento de solicitudes que tienen que ver con que en México existen instituciones y la propia Ley de Refugiados, establece un marco jurídico para proteger a las personas”.
El gobierno de México, a través de la Comar, conjuntamente con ACNUR, reconoció en 1982 bajo la figura de prima facie (declarar el status de refugiado) aproximadamente a 46 mil refugiados de origen guatemalteco. A partir de este momento, México asumió el compromiso internacional de ofrecer protección y asistencia a las poblaciones refugiadas, de acuerdo a los Estatutos de los refugiados derivados de la Convención de 1951.
El gobierno de nuestro país, para apoyar la iniciativa de una nueva política en materia de refugio, firmó en presencia de los presidentes de México y de Guatemala, en enero de 1997, el Convenio Internacional de Cooperación para el Financiamiento, entre la Comunidad Europea y México, con el objeto de contribuir a la implementación de la nueva política en materia de refugio, mediante el desarrollo del Proyecto de Apoyo a la Integración Definitiva.