PRD demanda que funcionarios dejen de hacer campaña desde sus oficinas
Miguel Ángel Rivera martes 16, Ene 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El obsecuente Instituto Nacional Electoral (INE), que todavía no se atreve aplicar al presidente Andrés Manuel López Obrador las leyes que le impiden entrometerse en cuestiones electorales, tiene ahora la oportunidad de dejar sentado que ni el mandatario federal ni los gobernantes estatales pueden hacer campaña.
El mandato central es el artículo 134 constitucional, que dispone:
“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”.
Por si hiciera falta, también se debe tener en cuenta lo que establece el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE):
“1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.
“Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.
Estos antecedentes deben tenerse en cuenta porque la dirigencia del PRD presentó ante el INE una denuncia contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda por proselitismo ilícito a favor del virtual candidato presidencial de su partido, Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez.
La denuncia acusa al mandatario de realizar proselitismo ilícito, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, así como intentos de coacción a favor de MC, en particular por el promocional político en el que aparece entregando los tenis y playeras ‘fosfo fosfo’, al precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.
“Te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro”
El representante electoral del PRD, Ángel Ávila, señaló que la Constitución es clara en que “ningún funcionario público puede aparecer en spots televisivos debido a que, en su calidad de funcionario público, solamente pueden aparecer en este tipo de spots cuando se presenta el informe de labores de dicho funcionario”.
El perredista citó el ya referido artículo 134 constitucional en el sentido de que “no puede existir la promoción personalizada de ningún funcionario público”, por lo que la participación del gobernador de Nuevo León en un promocional del precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano viola ese mandato constitucional.
“También podemos pensar que hay un desvío de recursos por parte del gobierno de Nuevo León a las campañas de Movimiento Ciudadano. Además, Álvarez Máynez trata de beneficiarse de estos hechos delictivos al sacar este spot de manera ilegal con un funcionario público”, sostuvo Ávila.
Al parecer, el gobernador neoleonés todavía no asimila que fue él mismo quien decidió retirarse como candidato presidencial para cuidar su puesto en el Palacio de Gobierno de Monterrey y que, en su calidad de funcionario público, está impedido de hacer campaña en favor o en contra de cualquier candidato a cargos de representación popular.
Indirectamente, la denuncia contra García Sepúlveda y la posible sentencia del INE y, después, del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debería ser una advertencia para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no deja de hacer referencias al proceso electoral, en una actitud apenas encubierta de jefe de campaña de la coalición encabezada por Morena, el partido que fundó y del cual se mantiene como dirigente real aunque afirma que no interviene e n asuntos internos de ese instituto político.
Es de recordar que el INE, con respaldo del TEPJF, emitió ya una disposición para que el jefe del Ejecutivo deje de mencionar a la casi candidata presidencial del opositor frente Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Además, las autoridades electorales determinaron que se retirara una denominada posdata que aparecía en las conferencias mañaneras del inquilino de Palacio Nacional.
Dicho mensaje, que efectivamente fue retirado, expresaba:
“Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes”.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE sesionará mañana miércoles y, antes de recibir la protesta del PRD, ya tenía en el orden del día cuatro denuncias que implican a Movimiento Ciudadano, Samuel García y Jorge Álvarez Máynez.
Xóchitl Gálvez se propone mejorar la seguridad en todo el país
La precandidata a la Presidencia por la coalición Fuerza y Corazón de México, Xóchitl Gálvez, y el coordinador de las mesas temáticas de Seguridad, el también coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, encabezaron en la capital mexicana un diálogo con expertos, con la finalidad de mejorar su Plan de Gobierno para el periodo 2024-2030, que tiene como aspecto central definir una política más efectiva para mejorar la seguridad pública del país, más allá de la fracasada “abrazos y no balazos”.
En el conversatorio Por un México Seguro, moderado por Enrique de la Madrid, participaron expertos como Rubén Aguilar, María Elena Morera, Eduardo Guerrero y Fernando Gómez Mont, propusieron acciones concretas para combatir la inseguridad y el crimen organizado.
Xóchitl Gálvez destacó la preocupación de los mexicanos por la seguridad y se comprometió a abordar la delincuencia con inteligencia, tecnología y mano firme.
Moreira destacó la necesidad de coordinación y voluntad colectiva para lograr la paz, advirtiendo sobre el riesgo de que el narcotráfico domine si no se realiza un pacto por la seguridad. También señaló la falta de recursos para combatir el crimen.
El exgobernador de Coahuila recordó que el discurso de Morena cuando se vota el presupuesto es que cuando había dinero se lo robaban; pero ahora, subrayó, renunciamos a la posibilidad de combatir al crimen porque no se destinan recursos y eso es notorio en lo deteriorado que están las policías con la falta de equipo, como patrullas y uniformes.
María Elena Morera propuso acciones urgentes, pues indicó que México vive un colapso institucional, ya que los órganos de seguridad y justicia pueden hacer muy poco.
Rubén Aguilar resaltó la estrategia centralizada del gobierno federal, abogando por recuperar territorios entregados al crimen y un cambio radical en la estrategia de seguridad.
El ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, señaló que la paz pública debe ser construida con controles. Expuso que se requiere un Estado más preciso, honesto y responsable de sus tareas.
Eduardo Guerrero reconoció el esfuerzo de Rubén Moreira como gobernador de Coahuila, quien con una estrategia impecable logró atacar a grupos muy violentos, por lo que ahora Torreón y Saltillo son de las ciudades más seguras en un periodo de 10 años. Propuso un Tratado de Seguridad para América del Norte, a fin de aprovechar las ventajas de los vecinos para debilitar a las cúpulas criminales.