Despedido, el auditor que reveló costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco
Miguel Ángel Rivera miércoles 10, Abr 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Descalificado en su trabajo y perseguido por revelar que el costo de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y sustituirlo por el llamado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue muy superior a lo que admite el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el auditor especial de Desempeño, parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, fue destituido por segunda ocasión ayer martes.
Caso Raphael cometió el “grave delito” de revelar que el costo de la decisión del líder y guía de la llamada Cuarta Transformación de cancelar las obras de la moderna terminal aérea que se construía en la zona del ex Lago de Texcoco y sustituirlo por la base militar de San Lucía tuvo un costo 232 por ciento mayor a lo previsto por el actual Gobierno, al ascender a más de 331 mil 996 millones de pesos.
Estos datos estaban contenidos en la revisión de la cuenta pública de 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en febrero de 2021.
Estas cifras, por supuesto, causaron indignación en Palacio Nacional, cuyo inquilino exigió de inmediato una rectificación e inclusive acusó a la ASF —organismo dependiente de la Cámara de Diputados, donde el partido oficial, Morena, tiene mayoría— de actuar con motivaciones políticas.
Por las presiones o, tal vez porque hubo un error de cálculo, el titular de la Auditoría, David Colmenares Páramo, anunció una revisión y luego admitió que, efectivamente, hubo una equivocación que se atribuyó al área de la que Caso Raphael es titular.
Colmenares Páramo libró el conflicto político, pero Caso Raphael quedó marcado.
De hecho, a pesar de que firmó un documento en el que reconocía la existencia de inconsistencias en la cuantificación realizada, Caso fue separado de su cargo el primero de marzo de 2021, unos cuantos días después de que se dieron a conocer las cifras que enfurecieron al político tabasqueño. Como relevo fue nombrado Tizoc Villalobos Ruiz.
Además, Caso Raphael fue citado a comparecer el 9 de marzo de 2021 ante la Comisión de Vigilancia, que lo suspendió. El funcionario respondió que “no hubo error” ni ánimo de dañar al gobierno ni la investidura del mandatario, y que la diferencia de montos surgió de “dos ópticas distintas”.
En noviembre de 2022, el funcionario suspendido reapareció en el foro denominado Segundo Ciclo de Encuentros de Cooperación Interinstitucional entre pares, donde los organismos de fiscalización superior de Corea y México, hablaron de los retos para sus labores durante la pandemia por Covid-19. La ASF no precisó en qué momento fue reinstalado en sus funciones el auditor Caso Raphael.
La reinstalación no fue del agrado en las filas de la llamada Cuarta Transformación, pues todavía en febrero de 2023, surgieron comentarios desde la bancada de Morena en contra de la reinstalación del auditor. Miembros de ese grupo parlamentario calificaron de “incomprensible” que el funcionario haya sido reinstalado.
En otro encuentro con legisladores para el análisis de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, Caso Raphael, informó que tenía abiertos en su contra cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa por reportar en 2021 que la cancelación del aeropuerto en Texcoco costaría 332 mil millones de pesos. Caso Raphael descalificó los procesos que buscan sancionarlo y dijo que se trata de querellas basadas “definitivamente en hechos subjetivos y carentes totalmente de argumento legal sustentable”.
Con todo, llegamos a la segunda separación del cargo, conocida ayer.
El cese, atribuido al titular de la ASF, Colmenares Páramo, fue dado a conocer por el afectado, quien denunció prácticas nocivas al interior del organismo fiscalizador, incluyendo la “autocensura” y la remoción de auditorías, así como “abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión”.
“Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece”, deploró Caso, quien aseveró que el equipo de Colmenares no permite a los auditores “incorporar los temas de relevancia nacional”, y someten los informes de auditorías a una revisión “que no es técnica” para “espulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo”.
En la carta para anunciar su cese, Caso Raphael acusó censura, falta de imparcialidad, autonomía y el uso político de la Auditoría bajo la gestión de David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Además, denunció la intromisión en los enfoques, alcances y resultados de las auditorías que son sujetas a una revisión que no es técnica, y que sirve al propósito de espulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo”.
Caso Raphael, quien había trabajado también en un sistema de evaluación del desempeño en Hacienda y en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), afirmó que la Auditoría abandonó los principios de autonomía e imparcialidad debido a que “existe la aspiración claramente ponderada en estos días de ‘hacer política’, lo que es incompatible con la responsabilidad de dirigir la Auditoría Superior de la Federación”, puesto a cargo de David Colmenares.
“Las motivaciones y aspiraciones políticas actuales son la causa raíz de la disminución o debilitamiento de funciones que deberían ejercerse sin condicionantes”, dijo el ex auditor.
En su documento, dirigido a los integrantes de la Auditoría y a la ciudadanía, afirmó que “en la ASF se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización, lo que se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión”.
La institución, dijo, es un órgano del Estado Mexicano, “no de gobierno” y debe realizarse “con el mismo rigor técnico y profesionalismo sin importar quién o quiénes detenten la función de gobierno”.
Caso Raphael anunció que interpondrá “los recursos jurídicos necesarios ante una decisión arbitraria e ilegal, porque la remoción se hace sin demostrar que haya incurrido en alguna de las causales establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en sus artículos 93 y 94”.
Caso Raphael es licenciado en Economía por el ITAM y Maestro por la Escuela del Servicio Exterior de Georgetown University, Washington D.C. Profesor Titular de Historia del Análisis Económico en el ITAM desde 1990. En 1976 recibió el Premio Nacional de Economía y su trabajo fue publicado por Editorial Limusa con el título Política Monetaria, Inflación y Crecimiento Económico: El Caso de México. En 2005 publicó el libro Migración y Repatriaciones y en 2010, Trotsky, Viaje hacia el Laberinto. Por más de 45 años se ha desempeñado en la administración pública nacional e internacional. Inició su desarrollo profesional en el Banco de México. Ha ocupado puestos directivos en el Banamex, Pemex, el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), la Conasupo, y las Secretarías de Energía, Gobernación y Hacienda y el INEE.
Unidad en repudio del allanamiento de la embajada de México en Ecuador
Aunque algunos de los oradores aprovecharon para hacer propaganda en favor de una de las dos candidatas presidenciales,Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, las dos cámaras del Congreso de México aprobaron declaraciones en las que condenan la violación de la embajada mexicana en Quito, por cuenta de la policía de Ecuador con el pretexto de cumplir una orden de aprehensión contra el exvicepresidente de ese país, Jorge Glas, acusado de corrupción.
No obstante, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria aprovechó para destacar que uno de los factores que incluyeron en el surgimiento de la crisis con Ecuador se debe a que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha respetado la Doctrina Estrada, que es fundamental en la política exterior de México.
“Por supuesto, es inaceptable que el diálogo vaya por la ruta de la intromisión ilegal, inadmisible a nuestra Embajada en Quito. Por eso hacemos votos, respaldamos el comunicado del Senado de la República, e insistimos también al gobierno de la República en México la congruencia en la política exterior”, afirmó el legislador.