Contra la afirmación oficial de un país en calma, la realidad dice lo contrario
Miguel Ángel Rivera viernes 20, Sep 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Por más que en su proceso de despedida, el presidente Andrés Manuel López Obrador trata de convencer de que el país está en calma, la realidad parece empeñada en contradecirlo.
En afán de despedirse con un supuesto éxito de su política de “abrazos, no balazos”, el inquilino de Palacio Nacional le ha restado importancia a la guerra que aparentemente sostienen dos importantes bandas del narcotráfico en Sinaloa, lo cual ha dejado alrededor de 40 muertos en los últimos días.
A cambio, el político de Macuspana responsabilizó de la grave situación en ese estado del noroeste a los medios de comunicación y a las agencias de seguridad de los Estados Unidos, en particular a la DEA (Drug Enforcement Administration), pero en el esfuerzo de poner a salvo a su administración y a la de su incondicional gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dirigió la mirada del público hacia el estado de Guanajuato al denunciar que ha habido más homicidios en el mismo periodo.
¿Cuál es la diferencia? ¿Los asesinatos en uno y otro estado tienen un valor distinto? Las fallas en la política de seguridad en Guanajuato ¿no requieren la atención del gobierno federal?
Por lo pronto, se puede apuntar una posible respuesta, pero tampoco abona en favor del mandatario saliente: en Guanajuato el gobierno está en poder de la oposición. El gobernador que está a punto de concluir su mandato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, milita en el PAN, así como su elegida sucesora Libia Dennise García Muñoz Ledo, lo que significa que el oficialismo fue derrotado en esa entidad en las elecciones del pasado 2 de junio. En cambio, en Sinaloa, el gobernador Rocha Moya presume ser incondicional de la llamada Cuarta Transformación.
Es tanta y tan intensa la vinculación de Rocha Moya con el oficialismo que le ha valido ser acusado de ser enlace con el narcotráfico, que actuó descaradamente en los comicios de 2021 y del presente año, al coaccionar o de plano secuestrar a los coordinadores y representantes de casilla de los partidos de oposición, para asegurar la victoria de Morena.
En abono de esas acusaciones se debe incluir la denuncia del capo Ismael “El Mayo” Zambada de que fue secuestrado al ser citado con engaños a una supuesta reunión con el gobernador Rocha Moya y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Melesio Cuén, quien fue asesinado ese mismo día, aunque todavía no se aclaran las circunstancias.
Según el jefe del Cártel de Sinaloa (al menos de una de sus facciones) fue citado a ese encuentro para supuestamente mediar en un conflicto entre el mandatario y el ex rector que, de acuerdo con tal versión, fue ultimado en el mismo sitio y no en un supuesto asalto que intentó simular la Fiscalía General de Sinaloa, mediante un video que ya fue desechado por la Fiscalía General de la República, la cual tampoco ha avanzado más en las pesquisas.
De hecho, todo el gobierno de López Obrador ha sido exhibido por este caso, pues ni siquiera ha podido esclarecer lo ocurrido en el rancho Huertos del Pedregal, donde presuntamente fue secuestrado “El Mayo” Zambada, ni tampoco de dónde salió ni qué ruta siguió la aeronave –cuyas características tampoco han sido reveladas– para llegar al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.
Notable que un reconocido jefe del narcotráfico sirva de mediador en un conflicto de carácter político, pero más sobresaliente que el gobierno federal desconozca lo ocurrido en territorio nacional y que dependa de la información que tengan a bien proporcionarle las autoridades de Estados Unidos. Esto, aunque también, al parecer esparcidas por fuentes oficiales, han empezado a circular versiones en el sentido de que fueron oficiales mexicanos los que prepararon la embocada contra el “El Mayo” y el “Chapito” Joaquín Guzmán López, y los entregaron en los Estados Unidos, con lo cual se trata de limpiar la afrenta de la violación de la soberanía de que agentes extranjeros actúen impunemente sin que las autoridades nacionales ni se enteren.
Esa versión parece no tener el respaldo del político de Macuspana, pues en reciente conferencia mañanera sostuvo que el operativo para detener a Ismael “El Mayo” Zambada fue ilegal, y que “las agencias, de manera especial la DEA es la principal fuente de información para las campañas en mi contra”.
Pidió recordar que el periodista estadounidense Tim Golden lo calumnió dos veces con supuesta información de la DEA. Sostuvo que el prestigiado periodista “es un reverendo calumniador, si lo veo le diría que es muy lamentable que un periodista premiado, galardonado, sea en los hechos un reverendo calumniador, le diría que lea a Kapuściński, uno de los mejores periodistas de nuestro tiempo, del mundo”.
En esa ocasión, López Obrador aprovechó para hacer una defensa más de su política de abrazos no balazos.
“Se burlaban de mí los conservadores en todos lados cuando hablé de abrazos, no balazos. ¿Cómo se va a enfrentar la violencia con la violencia? No quieren atender las causas, combatir la pobreza, fortalecer los valores morales, culturales, espirituales, y todo lo quieren resolver con medidas coercitivas, policías, soldados, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas, y eso, pues ayuda, pero no basta”, dijo.
Añadió que lo importante es mejorar las condiciones de vida, de trabajo de los pueblos y mantener los valores.
Siete de cada diez mexicanos nos sentimos inseguros
Más allá de tales reclamos, lo cierto es que la mayor parte de los mexicanos no acepta la reiterada afirmación del inquilino de Palacio Nacional de que el país está en calma.
Esta negativa percepción viene de una fuente oficial, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual mediante una encuesta descubrió que el 73 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros en el país. Si no aparece el presidente del Senado, con sus cuentas especiales para tratar de conceder a Morena y rémoras la mayoría calificada que no logró en las urnas, esto significa que siete de cada diez no se convencen de la afirmación presidencial de que el país está en paz.
Lejos de ello, conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, realizada entre marzo y abril de este año, la percepción de inseguridad en México, lejos de disminuir va en aumento.
El Instituto refiere que en 2023, el 27.5 % de los hogares en México tuvo, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito.
De acuerdo con el estudio del Inegi, hubo 21.9 millones de víctimas de 18 años y más. La tasa de prevalencia delictiva fue de 23 mil 323 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra superior respecto a 2022.
Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión.
Ocurrieron 31.3 millones de delitos: 92.9 % no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se denomina cifra oculta o cifra negra.
Al comparar con 2022, durante 2023 las tasas más altas de inseguridad con víctimas de algún delito se registraron en el Estado de México, con 32 mil 971 casos; Aguascalientes, con 32 mil 798 y Ciudad de México, con 32 mil 497. Las tasas más bajas se presentaron en Oaxaca, con 13 mil 274; Chiapas, con 14 mil 139, y Michoacán, con 14 mil 993.
Los estados con mayor prevalencia delictiva en hombres fueron Ciudad de México (34 mil 563) y Aguascalientes (33 mil 711), y en mujeres, Estado de México (33 mil 24) y Aguascalientes (32 mil 42). En contraste, la menor prevalencia delictiva en hombres se registró en Oaxaca (12 mil 941) y en Michoacán (14 mil 405); en mujeres, en Chiapas (12 mil 74) y Oaxaca (13 mil 549).
Contra las afirmaciones oficiales de que han disminuido los delitos, la encuesta del Inegi indica que “al comparar con 2022, en 2023, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes bajó (sólo) en 3 entidades federativas, (por el contrario) 11 presentaron un alza y 18 no tuvieron cambios. En 2023, las entidades con las tasas más altas fueron Ciudad de México, con 52 723; estado de México, con 51 881, y Aguascalientes, con 45 262.
El delito más frecuente fue fraude. Siguieron robo o asalto en calle o transporte público y extorsión.
A pesar de los resultados negativos, la llamada Cuarta Transformación está decidida a continuar con una errada política de seguridad, a cargo de las fuerzas armadas.
