Ofrece Trump parar tráfico de armas; a cambio pide fronteras abiertas para sus fuerzas armadas
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 5, May 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
No es ninguna novedad. El errático y autoritario comportamiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantiene a prácticamente el resto del mundo en un estado de incertidumbre, del cual no se escapa México.
Una de esas decisiones sorpresivas fue el anuncio de que su gobierno declara “terroristas” la venta de armas de empresas del vecino país a las organizaciones criminales asentadas en territorio nacional.
Trump y la fiscal general, Pam Bondi, instruyeron a todas las agencias estadunidenses con jurisdicción en la frontera con México de “aplicar mano dura” e intensificar los esfuerzos para frenar el flujo de armas hacia el sur de su territorio que alimentan la violencia de los cárteles mexicanos de las drogas, revelaron el pasado día 2 funcionarios federales en una rueda de prensa colectiva en Arizona.
Representantes del Departamento de Justicia, de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco Armas de Fuego (ATF) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre otras, advirtieron igualmente a los intermediarios que compran las armas en tiendas de Estados Unidos recibirán castigos penales más severos a raíz de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas foráneas.
La decisión del mandatario estadounidense sorprende porque afecta a las grandes empresas fabricantes de armas de su nación y limita las libertades que exige la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA en inglés). El actor Charlton Heston fue presidente de la NRA hasta 2003. Su actual presidente es Charles L. Cotton. Su principal objetivo es proteger la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, que reconoce el derecho de poseer y portar armas.
Un miembro distinguido es precisamente el presidente Donald Trump, por lo que sorprende más su decisión, pues el control de las exportaciones, aunque sean ilegales, disminuye las ventas de las grandes productoras de armamentos.
Por otra parte, la decisión del actual gobierno de los Estados Unidos respalda la campaña de México al demandar a las grandes empresas de armas, a las cuales demandó ante tribunales de la vecina potencia por su irresponsabilidad al vender armamento casi sin restricciones, gran parte del cual termina en poder de los grupos criminales de México.
Para aproximarse a la dimensión de este problema, se puede tomar en cuenta un estudio de la organización no gubernamental México Unido Contra la Corrupción, el cual reveló que, en 2022, de los 33,387 homicidios registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 67% fueron cometidos con un arma de fuego. Ese porcentaje fue de 68.6% en 2021; del 69.7% en 2020; del 70% en 2019; y del 70.1% en 2018.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) elaborada por el Inegi reportó que, en 2022, de los 14.6 millones delitos estimados donde
la víctima estuvo presente, los perpetradores portaban un arma de fuego en el 22.8% de los casos. En 2021, dicha cifra fue del 25.9%; en 2020, del 28.5%; en 2019, del
30.6%; y en 2018, del 32.2%.
El mismo documento indica que, de acuerdo con las proyecciones más recientes de la Encuesta de armas ligeras o Small Arms Survey (2018), globalmente existen un total de 857 millones de armas de fuego en manos de civiles: una tasa global de 11 por cada 100 habitantes. De éstas, 16.8 millones se encuentran en México (1.9%): una tasa de 12.9 por cada 100 habitantes.
Los países con las tres tasas más altas son Estados Unidos (120.5), Yemen (52.8) y Serbia (39.1). Países como Japón, Malawi o Indonesia tienen tasas cercanas al cero.
En América Latina y el Caribe, el total de armas de fuego en poder de civiles es de 62.1 millones. Es decir, 9.5 armas de fuego por cada 100 habitantes. En esta región,
los países con las tasas más altas son Uruguay (34.6), Guyana Francesa (19.4), Bahamas (18.6) y Venezuela (18.4). Vemos, entonces, como México (12.9) se encuentra por encima de la tasa promedio en Latinoamérica y el Caribe, pero aún lejos de la tasa más alta.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa (Sedena) informó que, de diciembre de 2018 a abril de 2023, las autoridades mexicanas decomisaron 39,782 armas de fuego, es decir, aproximadamente unas 13,000 anuales.
La misma organización incluye datos de un estudio de la Universidad de San Diego, en el cual se estima que, en los años 2010, 2011 y 2012, fue traficado anualmente un aproximado de 253,000 armas de fuego a México desde Estados Unidos.
Destaca que no existe información oficial y actualizada que nos permitan conocer la magnitud total del tráfico ilícito de armas en la frontera norte, pero los datos de rastreo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) muestran que ésta debe ser significativa: en 2021, último año del que existen registros públicos al respecto, ATF pudo confirmar que el 67.5% de las armas de fuego decomisadas por México y enviadas para su rastreo a Estados Unidos provenían de dicho país. Esta cifra también ha mantenido cierta constancia: en 2020, el 67.8% de las armas enviadas para rastreo tenían su origen en Estados Unidos.
Por lo anterior, el gobierno de México demandó a las principales productoras de armas y, ahora, esa denuncia recorre los largos trayectos judiciales.
México demandó a Smith & Wesson y a otros seis grandes fabricantes de armas estadounidenses en 2021 por daños y perjuicios por valor de US 10,000 millones, alegando que las empresas diseñan y comercializan sus armas específicamente para los cárteles de la droga.
México demandó a Smith & Wesson y a otros seis grandes fabricantes de armas estadounidenses en 2021 por daños y perjuicios por valor de US$ 10.000 millones, alegando que las empresas diseñan y comercializan sus armas específicamente para los cárteles de la droga que luego las utilizan en el “asesinato y mutilación de niños, jueces, periodistas, policías y ciudadanos de a pie en todo México”.
El Gobierno de México reiteró los argumentos en la demanda que interpuso en 2021 contra siete empresas fabricantes de armas de ese país. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, como parte de esos argumentos, remarcaron que “las empresas no gozan de inmunidad” por lo que calificó de “conducta negligente”, como resolvió en su favor una corte de apelaciones en 2024, fallo que los fabricantes impugnaron ante el máximo tribunal en abril de 2024.
Pero la Corte Suprema -tanto los conservadores como algunos de los jueces liberales- asediaron al abogado de México con preguntas que indicaban que estaban preocupados por las perspectivas de permitir que la demanda siguiera adelante.
Con la decisión de Trump de atajar el contrabando de armas, pero tal vez ahora con la decisión de Trump, el proceso se acelere. Sin embargo, no es seguro, pues es de tener en cuenta que el magnate que gobierna los Estados Unidos ha tenido una larga lucha contra jueces locales y federales, pero sin llegar al extremo de la llamada Cuarta Transformación de desaparecer por entero a un Poder Judicial que no aceptó someterse a sus designios.
Además, es necesario conocer las verdaderas intenciones del multimillonario gobernante, pues en sus recientes conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, asomó lo que parece ser parte del chantaje: pidió que el gobierno mexicano autorice el ingreso de sus fuerzas armadas para combatir a los cárteles mexicanos, una de las obsesiones no sólo de Trump, sino de muchos de sus seguidores y simpatizantes
La administración Trump designó en febrero al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), a los Cárteles Unidos, al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo, y La Nueva Familia Michoacana, así como al Tren de Aragua de Venezuela y la pandilla MS-13 de El Salvador como organizaciones terroristas extranjeras y amenazas “globales”. De acuerdo con sus leyes, esto autoriza que ingresen a territorios extranjeros sin solicitar la autorización de las autoridades
En inmediata respuesta esas pretensiones de Trump y los “halcones” (los partidarios de la acción violenta), Sheinbaum dijo que, en defensa de su soberanía, México no acepta la acción de fuerzas armadas extranjeras en su territorio y propuso que cada nación actúe contra los delincuentes dentro de sus propias fronteras.
