Sólo si es de interés para la 4T, la “autónoma” FGR demuestra eficiencia
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 8, May 2025CLASE POLITICA. Miguel Ángel Rivera
Tal vez no sea así, pero lo parece. La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, parece trabajar por consigna, esperar a que se desate la presión de la sociedad o a recibir indicaciones del Ejecutivo federal.
Esto parecía lógico cuando esa institución se denominaba Procuraduría General de la República y dependía del jefe del Ejecutivo federal, pero como parte del proceso de democratización del país, dentro del cual se concedió la autonomía a varias instituciones, se consideró indispensable que el Ministerio Público actuara con total independencia para evitar que el arranque del proceso de impartición de justicia fuese distorsionado por razones políticas o por el peso del poder económico.
Al Ministerio Público (la FGR) le corresponde realizar las investigaciones para determinar si hay delito que perseguir, señalar a los presuntos responsables para presentarlos ante un juez y aportar las pruebas para sostener sus conclusiones. Después le tocará al juez determinar si las pruebas fueron concluyentes o no fueron suficientes para declarar culpables al o los acusados.
El arranque de las investigaciones generalmente responde a denuncias, ya sea de particulares o de funcionarios que descubren irregularidades en su área de influencia, pero también hay actos presumibles de constituir un delito que deben ser perseguidos de oficio.
Aquí es donde empiezan a asomar las presunciones de que la FGR no está atenta para atajar acciones sospechosas de constituir delitos y sólo reacciona cuando se lo ordena o “sugiere” el Ejecutivo.
En fechas relativamente recientes son varios los sucesos en donde la actuación de la Fiscalía ha generado más dudas que certezas.
Uno de ellos, el de mayor antigüedad, es el ocurrido en Culiacán, Sinaloa, en julio del año pasado, en un encuentro aparentemente amistoso de funcionarios, incluido el gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya, con líderes de la delincuencia, reunión de la que derivaron varios delitos graves, como el secuestro y el homicidio.
El secuestrado fue el capo del narcotráfico Ismael “El Mayo” Zambada, quien durante por lo menos cuatro decenios operó sin que ninguna autoridad lo persiguiera, quien fue entregado a autoridades de los Estados Unidos por su ahijado Joaquín Guzmán López, luego de ser llevado con engaños desde el sitio al que fue convocado para reunirse con sus “amigos”, el referido gobernador y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado ese mismo día.
Ante el escándalo internacional, entró en funciones la FGR, que sin conocer bien a bien cómo Zambada fue entregado al gobierno del vecino país, invalidó un montaje del gobierno sinaloense que pretendió justificar que Cuén fue asesinado en un fallido intento de robarle su camioneta.
Hasta allí quedaron las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no conocen oficialmente los detalles de lo ocurrido en el exclusivo centro de reuniones donde se desarrollaron los acontecimientos. De hecho, ayer mismo la Presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que todavía están en espera de que las autoridades de los Estados Unidos informen detalladamente de lo sucedido, pues de conformidad con lo que hasta ahora se conoce, Zambada -quien al parecer está a punto de denunciar a funcionarios para evitar ser condenado a muerte- técnicamente fue secuestrado, pues no había orden de ninguna autoridad judicial para aprehenderlo y trasladarlo a los Estados Unidos. Además, en caso de participación de algún agente del vecino país, se trataría de una violación a la soberanía nacional.
¿Alguien sabe o conoce de algún avance de la “autónoma” Fiscalía General de la República en este caso?
Tampoco ha logrado aceptación general el informe de la FGR, presentado en “horario estelar”, la conferencia mañanera en Palacio Nacional, por Gertz Manero, acerca del terrible hallazgo en el Rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, Jalisco, de ropa, zapatos y otros enseres que hicieron suponer que en ese sitio fueron ejecutadas decenas de personas y sus cuerpos desaparecidos mediante diversos procedimientos, incluida la incineración.
Bajo el supuesto de errores u omisiones de las autoridades de Jalisco, intervino la FGR, que luego de someras revisiones -pues el sitio ya había sido “escombrado”- concluyó que no se trataba de un campo de exterminio, con lo cual el caso fue prácticamente “cerrado”, mientas las organizaciones de padres y madres buscadoras protestan porque todavía quedan muchas dudas.
Sin incurrir en la temeridad de intentar juzgar, ni mucho menos defender al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusado de desviar importantes cantidades de dinero del presupuesto estatal para fines personales, se ha convertido en el ejemplo más notable de que la FGR hace los mayores esfuerzos cuando se requiere su ayuda para concretar deseos de la llamada Cuarta Transformación de sancionar a sus enemigos.
En marzo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y cuatro funcionarios de su administración de daño patrimonial al Estado mexicano y a Michoacán, por más de 3 mil 412 millones de pesos, al beneficiar a una empresa denominada “inmobiliaria DIP”.
Al presentar la denuncia ante una jueza de control del Reclusorio Oriente contra los cuatro ex funcionarios detenidos, dio detalles de las acusaciones que les realiza por la presunta comisión de diversos delitos.
Ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción presentó la acusación penal en contra de Carlos Maldonado Mendoza, Mario Delgado Murillo, Antonio Bernal y Elizabeth Villegas Pineda por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que el ex gobernador Aureoles causó, junto con los 4 implicados, un daño patrimonial al Estado mexicano y a Michoacán, por más de 3 mil 412 millones de pesos”.
La denuncia sostiene que, de 2015 a 2021, que la mencionada inmobiliaria DIP en un principio rentaba inmuebles para establecer cuarteles de la Secretaría de Seguridad pública en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro y, después, se le pagaba por mantenimiento y servicios y al final, el ex gobernador autorizó la compra de los terrenos a un sobreprecio.
Además, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció un desvió de 5 mil 186 millones de pesos en la administración de Aureoles Conejo, como parte de la construcción de cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de Zitácuaro, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, entre otras.
En principio, circularon rumores en el sentido de que Aureoles había sido detenido, aunque posteriormente se aclaró que no había sido así.
Los que sí fueron aprehendidos fueron sus excolaboradores Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; José Antonio Bernal, primer secretario de Seguridad Pública; Guillermo Loaiza Gómez, ex secretario de Finanzas; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la Secretaría de Seguridad de Michoacán; y Mario Delgado Murillo, ex delegado de finanzas.
Maldonado Mendoza fue capturado en Miami, Florida, Estados Unidos, por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Su aprehensión se dio a petición de la FGR.
Contra esos rumores, Aureoles no sólo evitó la captura, sino que su defensa le consiguió un amparo federal contra la orden de aprehensión.
En una exhibición de eficiencia, la FGR impugnó casi de inmediato el amparo. El recurso fue presentado por Manuel Adrián Valdemar Patiño Ostoa, agente del Ministerio Público Federal, en contra de la suspensión provisional concedida por José Alberto Rodríguez Rivera, secretario en funciones de juez federal, del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
La batalla legal continúa, pero queda en evidencia que la FGR sabe actuar cuando se trata de asuntos que interesan a la llamada Cuarta Transformación.
