Senadores y diputados exigen al INE cancelar candidaturas, lo que ellos mismos prohibieron

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

“Lo que mal empieza, mal acaba”, dice un viejo dicho popular que ahora padecen los senadores y diputados oficialistas, al no cumplir con la obligación que se impusieron ellos mismos de revisar con detenimiento los expedientes de quienes aspiran a ocupar un sitio en el “nuevo” Poder Judicial.

Como se sabe, el riesgo no es sólo para los legisladores, sino para toda la sociedad, pues como esos mismos legisladores oficialistas descubrieron, existe el riesgo real de que en este proceso se cuelen abogados, cuya verdadera función es la de proteger los intereses y a los integrantes de las bandas de delincuentes.

Esto, como lo hemos apuntado, activó la alarma en las dos cámaras del Congreso de la Unión, pues entre los aspirantes registrados encontraron expedientes que los ubican como integrantes o, al menos, defensores de miembros de bandas de delincuentes.

Como los legisladores dejaron pasar los tiempos en los que ellos mismos podían descalificar a los sospechosos de vinculados con la delincuencia, optaron por pedir al Instituto Nacional Electoral (INE) que se encargue de eliminar los nombres sospechosos de las boletas.

Esa exigencia se enfrentó a dos impedimentos: uno, práctico, que las boletas con los nombres de todos los aspirantes, incluidos los considerados inaceptables, ya están en proceso y no es posible desechar -ni reemplazar- millones de documentos que ya están en proceso para ser repartidos en toda la República para ser utilizados en los centros de votación que reemplazarán a las tradicionales casillas, pues el Instituto no recibió los recursos necesarios para instalar todas las mesas de votación que se emplean en una votación federal.

El segundo obstáculo es jurídico. Aquí se aplica el principio según el cual las autoridades – en este caso el INE- no pueden hacer nada más de lo que ordenan las leyes, es decir, no existe un ordenamiento que autorice a los consejeros electorales a depurar las listas de candidatos.

Los senadores y diputados oficialistas, en particular sus presidentes, los “morenos” Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna no han quedado satisfechos con esa explicación, por lo cual exigieron a los consejeros electorales hacer la depuración.

Una primera demanda en ese sentido fue rechazada por el Consejo General del INE, pero los directivos de las cámaras del Congreso de la Unión insistieron en exigir esa tarea.

Por unanimidad, el reciente miércoles, el Consejo General del INE rechazó nuevamente cancelar el registro de 26 candidatos al Poder Judicial cuestionados por el Congreso por presunta “mala reputación” o promedio académico.

Los consejeros electorales determinaron que será hasta después de las votaciones del 1 de junio cuando puedan revisar si alguno de los 881 ganadores de la elección no cumple con los requisitos fijados en la convocatoria, sus victorias serán anuladas.

Por si fuera poco, los consejeros determinaron que, por ley, el Senado está impedido para pronunciarse sobre la elegibilidad o idoneidad de las candidaturas.

«Realizar juicios de valor a favor o en contra de alguna candidatura en este momento de las campañas, a 24 días de la elección, podría incidir de manera perjudicial en las preferencias. Ese no es el papel del Instituto”, señalaron los consejeros electorales.

Además, la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, indicó que «la etapa de resultados sea la idónea para realizar este análisis, pues permite enfocarnos en las y los ganadores de la elección con la entrega de constancias en mayoría y declaración de validez, como ha sido siempre».

Durante la revisión de la exigencia de diputados y senadores, los consejeros del INE descalificaron el trabajo de los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pues fueron éstos los que revisaron la idoneidad de los aspirantes. Las censuras se extendieron a uno de los enemigos favoritos de la llamada Cuarta Transformación, el Poder Judicial que está a punto de desaparecer, pero es de recordar que sus representantes marcaron distancia oportunamente, al negarse a revisar las listas de aspirantes a reemplazarlos por considerar que no debían validar con sus votos una reforma aprobada por el oficialismo que consideran inconstitucional.

Por si no fuera suficiente, también los consejeros electorales les restregaron a los legisladores del oficialismo que el propio Congreso le quitó al INE la facultad de cancelar el registro de candidatos, como lo pudieron hacer en procesos anteriores, por lo que ahora, la única fase en la que pueden revisar la elegibilidad es antes de entregar las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección.

En particular, el consejero electoral Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del PJF, indicó que la revisión de los expedientes de los candidatos juzgadores sería procedente en el caso de quien obtuvo el triunfo. Como agregado advirtió que en caso de que se encontraran motivos para la cancelación, se deberá respetar la garantía de audiencia de la persona involucrada. Es decir, vale el principio de que nadie es culpable mientras no se le compruebe.

Con tales advertencias, vale revivir la denuncia de que senadores y diputados oficialista aprobaron una reforma que les impuso su caudillo, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador en venganza porque los juzgadores federales no se sometieron a sus designios. Como denunció la oposición, esos legisladores ni siquiera leyeron lo que aprobaron.

Con una economía estancada, aumentan los precios al consumidor 

La inflación en México repuntó en abril, luego de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.33 por ciento respecto al mes anterior, lo que la ubicó en 3.93 por ciento a tasa anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.20 por ciento y la anual, de 4.65 por ciento.

Esta cifra es validada por toda ama de casa que, cada día, tiene constancia del aumento de precio de los productos de primera necesidad y de los que no lo son tanto.

Pero, en caso de limitarnos a las cifras oficiales, ese indicador significa que la inflación está por encima de la meta oficial del Banco de México (Banxico), que lo había fijado en un nivel de 3 por ciento, el cual ha sido rebasado en casi un punto porcentual.

La inflación, dicen los especialistas, es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados, por un periodo de tiempo prolongado. En este sentido, el Inegi señala que el INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman parte de una canasta de bienes y servicios que consumen regularmente los hogares mexicanos.

Pero, como mencionamos, las madres y los padres de familia están conscientes de que el aumento del costo de la vida es superior a los que admiten los índices oficiales, pues lo que se enfrenta cotidianamente es lo que los especialistas denominan el índice de precios subyacente, que deja fuera a bienes y servicios debido a sus precios más volátiles, como son los productos agropecuarios cuyo costo varía por día y que en promedio se midió en un aumento de 0.49 por ciento a tasa mensual.

Al interior de este índice, admiten los especialistas, los precios de las mercancías subieron 0.69 por ciento y los de servicios, 0.30 por ciento.

En tanto, a tasa mensual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.21 por ciento, como parte del cual, los precios de los productos agropecuarios crecieron 1.60 por ciento, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 1.59 por ciento.

Lo anterior, se debe en gran medida a los ajustes en las tarifas eléctricas por temporada cálida en 18 ciudades del país, pero los consumidores de otras regiones pueden dar constancia de que, cada bimestre, pagan más.

Cabe mencionar que los productos que se incluyen en el INPC y que costaron más en el cuarto mes del año fueron:

• Jitomate subió 22.08 por ciento.
• Aguacate 10.90 por ciento.
• Cremas para la piel 5.33 por ciento.
• Productos para el cabello 2.24 por ciento.
• Carne de res 2.10 por ciento.
• Son datos generales y se presentan como promedios, pero el consumidor seguramente paga más día a día.