La capital del país y otras ciudades, desquiciadas nuevamente por “máistros”
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 19, May 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Lo bueno del conflicto planteado por los permanentemente inconformes profesores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es que la diferencia entre sus demandas y lo que está dispuesto a conceder el gobierno federal encabezado por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo es mínimo, apenas 91 puntos.
En efecto, los maestros (algunos los llaman despectivamente “máistros”) solicitan un aumento de salarios del 100 por ciento, mientras que la primera mandataria anunció emocionada que su gobierno había reunido fondos para asegurar a los trabajadores de la educación un “jugoso” aumento del 9 por ciento.
De acuerdo con las cifras que se manejan en el oficialismo, la oferta del gobierno federal resulta generosa, pues más que duplica el deterioro del poder adquisitivo de los salarios durante el último año, pues de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) la inflación general anual durante 2024 se ubicó en 4.21 por ciento. En el mismo mes de 2023, la inflación mensual fue de 0.71 % y la anual, de 4.66 por ciento. La misma institución destaca que su Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos que adquiere una o un consumidor urbano promedio.
Es decir, con el aumento concedido por el gobierno federal, los trabajadores de la educación pueden compensar el costo del aumento general de precios e inclusive tener un margen de beneficio que los permitirá comprar “un poco más” con sus salarios.
Al anunciar el aumento a los profesores, en su mañanera del reciente jueves 15, “Día del Maestro”, la presidenta Sheinbaum, acompañada por la dirigencia del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) precisó que el incremento del 9 por ciento es retroactivo al 1 de enero y, a partir de septiembre, se aplicará un uno por ciento más como reconocimiento.
“De verdad que ojalá pudiéramos dar más. Significa un presupuesto anual adicional de 36 mil millones de pesos”, destacó la jefa del Ejecutivo al sostener que su gobierno realiza un gran esfuerzo para satisfacer las demandas de los maestros, especialmente la revisión de las condiciones de jubilación.
“Estamos totalmente de acuerdo en la injusticia que se cometió con la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, esta forma de pensión que se convirtió en retiro y que le quitó muchos derechos a todos los trabajadores del Estado”, comentó Sheinbaum, quien agregó: “Quisiéramos hacer mucho más, pero a veces el presupuesto no alcanza”.
Esto significa que la mandataria no perdió la oportunidad -como es costumbre en la llamada Cuarta Transformación- de culpar de todos los males nacionales a los anteriores gobiernos, aunque en esta ocasión admitió la incapacidad del actual régimen para cumplir sus promesas de que en unos cuantos meses corregiría todas las desviaciones heredadas.
La verdad es que, fuera de cualquier sarcasmo, se mantiene una enorme distancia entre lo que exigen los profesores y lo que les puede cumplir el actual gobierno.
Tan sólo en el aspecto salarial, son 91 puntos porcentuales los que separan a las dos partes y lo peor es que no se vislumbra ninguna posibilidad de acercar las dos posiciones, pues la hacienda nacional no tiene suficientes recursos y lo peor es que los pronósticos indican que la situación de la economía nacional, lejos de mejorar, parece ir de caída.
También es de reconocer que, históricamente, el profesorado nacional ha sido sacrificado con salarios muy por debajo de la importancia que tiene su tarea, nada menos que la formación de las generaciones que deberán dirigir el futuro del país.
Hasta allí, aparecen más que justificadas las demandas de los trabajadores de la educación. Ellos deberían estar entre los trabajadores privilegiados de nuestra nación.
Los problemas surgen cuando se examinan sus otras demandas. Por ejemplo, el rechazo a las tareas de capacitación profesional y su negativa a admitir la evaluación de su trabajo.
Tampoco resulta aceptable volver al sistema por el cual la plaza de profesor se convierte en parte del patrimonio de esos trabajadores, sistema por el cual pueden vender, negociar o heredar su cargo.
Lo peor de las protestas de los profesores es que sus actos afectan principalmente a quienes deberían de ser su principal objetivo: Los niños y los jóvenes a los que se supone deben de ofrecer una buena educación.
Con frecuencia, pues las protestas de los trabajadores de la educación se repiten anualmente, son más los días en que los supuestos profesores se la pasan en las calles de las principales ciudades del país que en las aulas, lo cual se refleja en los exámenes como la prueba PISA en donde los estudiantes mexicanos reciben peores calificaciones.
A pesar de que esa caída debería ser un motivo para que los profesores se esmeraran en su propia capacitación para transmitir mejores conocimientos, lo que exigen es que esa clase de evaluaciones ya no sean tomadas en cuenta.
Mientras tanto, los residentes en la capital del país, así como los que pasan por esta metrópoli para trabajar o realizar otras muchas actividades, tienen que soportar que esos supuestos trabajadores de la educación -muchos obligados por sus líderes y otros, de plano, contratados- estrangulen grandes zonas de la ciudad, sin importar que otros muchos, ajenos a este conflicto, resulten afectados.
Lo peor es que el ejemplo se contagia
Otro gremio, éste sí privilegiado por los anteriores y actual gobierno, amenaza con un paro de labores.
Se trata de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que emplazó a Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera nacional de la que se supone que somos socios todos los mexicanos.
En asamblea general extraordinaria ese gremio aprobó por unanimidad emplazar a huelga a Petróleos Mexicanos con motivo de la revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
Su demanda incluye la revisión del Tabulador de Salarios, cumplimiento del contrato colectivo y la autorización para la firma del convenio respectivo que beneficiará a trabajadores petroleros activos y jubilados, que tendrá vigencia a partir del 1 de agosto de 2025.
De acuerdo con su planteamiento, el STPRM empleó el derecho de huelga para la defensa de los intereses comunes de sus agremiados y ¡del proletariado en general!
Los trabajadores y trabajadoras de la Sección 34 del STPRM otorgaron facultades amplias a su secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Ricardo Aldana Prieto, quien a su vez se comprometió a impulsar el desarrollo de la industria petrolera nacional y por el mejoramiento permanente de las condiciones laborales de los trabajadores que a ella sirven.
El sindicato petrolero aclaró que, en ninguna circunstancia, su intención es estallar una huelga ya que es consciente del papel estratégico de nuestra industria para el país. No deseamos la huelga, ni ninguna otra acción que atente contra nuestra empresa, que es el sustento de la nación, solo sensibilidad y empatía de los funcionarios de Pemex”.
¿Se les olvida que la empresa a la que dicen servir está técnicamente en quiebra?
Por lo demás, al contrario de los profesores, los petroleros siempre han sido privilegiados y con derecho a conservar su empleo como parte de su patrimonio. Es una práctica común que los trabajadores de planta alquilen su plaza para que otra persona trabaje en su sitio, a cambio de una parte mínima de sus salarios.
Esto no es nuevo, en los años 70 del siglo pasado, la extrañada periodista Sara Moirón publicó en Excelsior unos documentados reportajes acerca de las irregularidades dentro de Pemex, a los cuales el entonces director general de la empresa, el profesor universitario emérito Antonio Dovalí Jaime, respondió que, efectivamente, la corrupción interna afectaba en más del 25 por ciento la productividad de esa institución.
La situación no parece haber cambiado mucho. Si no, que lo diga el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que no ha podido rescatar, a pesar de cuantiosas inversiones anuales, a esa empresa nacional que, en vez de utilidades, arroja pérdidas.
Sólo para mencionar una lacra: Allí está el huachicol que Andrés Manuel López Obrador dijo haber acabado.
