La violencia proyecta sombras sobre las elecciones del domingo venidero
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 27, May 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
“Morena se quiere robar la elección, quieren ganar a la mala, pero no lo vamos a permitir”, aseguró ante medios de comunicación de Veracruz el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al denunciar la corrupción, el pacto de impunidad y los nexos del partido en el gobierno con el crimen organizado.
En conferencia de prensa en la capital de Veracruz, acompañado por la dirigencia estatal del tricolor, encabezada por Adolfo Ramírez Arana y Lorena Piñón Rivera, el líder nacional acusó que Morena capturó el Poder Ejecutivo, compró una mayoría bajo chantaje en el Legislativo y ahora quiere adueñarse también del Poder Judicial para que ya nadie pueda levantar la voz, y calificó la supuesta elección para el Poder Judicial como una farsa.
El dirigente del Revolucionario Institucional lanzó acusaciones de todo tipo, pues mezcló varios temas que, de alguna manera, están vinculados por las votaciones que se realizarán el domingo venidero, en las cuales como otros muchos sucesos está presente el lamentable tema de la presencia del crimen organizado.
Por eso conviene ir por etapas en la revisión de la extendida denuncia del dirigente nacional del PRI y antes gobernador de Campeche.
Para empezar, conviene hacer referencia a las elecciones de Veracruz, desde donde Moreno Cárdenas lanzó sus denuncias.
En ese estado se renovarán los ayuntamientos de los 212 municipios de la entidad, proceso que, por desgracia, han sido afectado de antemano por la violencia. Ya se sabe que las elecciones municipales son las que mayor interés despiertan entre los ciudadanos, pues se trata de las autoridades más cercanas, pero en el caso de Veracruz, tal vez por la riqueza de la mayor parte de su territorio, esta situación ha alcanzado mayores niveles.
De acuerdo con datos de la organización Data Cívica, durante el periodo 2018-2024 se registraron en ese estado 198 eventos de violencia político-criminal, 87 por ciento de los cuales fueron cometidos en el ámbito municipal. En contraste, se registraron 14 eventos en el ámbito estatal (7%) y 12 casos en el ámbito federal (6%).
Las principales agresiones en Veracruz incluyen asesinatos, con 119 casos; 30 ataques armados, 22 secuestros, y tres desapariciones.
Aunque las autoridades federales y estatales han querido restar importancia, lo real es que la violencia política es fomentada por graves divisiones, entre partidos y dentro de los mismos. Para empezar, a pesar de la elevada votación obtenida por la actual gobernadora, Rocío Nahle, su postulación como candidata del partido oficial, Morena, provocó divisiones que no han sido superadas, pues ella no es nativa de Veracruz, por lo cual se tuvo que modificar la Constitución del estado para que pudiera materializar su deseo, siempre con el respaldo del caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.
Por si eso no fuese suficiente, las divisiones dentro del oficialismo se ahondaron por la incorporación a Morena de dos políticos que anteriormente se habían significado como feroces opositores: Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo del mismo nombre, cuyo segundo apellido es Márquez.
Este último es senador, posición que conquistó como candidato del PAN, pero ya elegido cambió de bando, como parte de una oscura negociación que le permitió al oficialismo tener mayoría calificada en el Senado y poder modificar la Constitución, en particular para consolidar la reforma al Poder Judicial y así cumplir el capricho del caudillo tabasqueño de tener el control absoluto de los tres poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Lo que no está claro es si la defección de los Yunes incluye traspasar a Morena todo el control que tienen en materia electoral. Desde que se inició como militante del PRI, Yunes Linares es considerado un influyente político, cuyo capital trasladó al PAN cuando abandonó el tricolor, pero no está claro si ahora todos esos recursos han sido trasladados al oficialismo, pues Yunes Márquez ha sido repudiado por amplios sectores de la llamada Cuarta Transformación.
Si los resultados electorales en Veracruz no parecen bien definidos, en cambio en el otro estado en donde habrá elecciones, Durango, prácticamente todas las encuestas vaticinan un fuerte revés para el PRI a pesar de que el actual gobernador, Esteban Villegas Villarreal, salió de sus filas.
Dentro de las propias filas del tricolor surgen dudas acerca del comportamiento del mandatario estatal, pues se le aprecia muy cercano a Morena, al grado que se vaticina que al término de su mandato recibirá como recompensa alguna embajada, como algunos otros ex mandatarios priistas acusados de “rendir la plaza”.
El pasado día 22, la dirigente formal de Morena, Luisa María Alcalde Luján, declaró que los candidatos de su partido llevan ventaja en los principales municipios duranguenses. La ex secretaria de Gobernación aseguró que la candidata de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, obtiene 44 por ciento; mientras que Flora Leal Méndez, en Lerdo, registra 47.5 por ciento de intención de voto; y José Ramón Enríquez, en la capital duranguense, cuenta con 39.6 por ciento de las preferencias electorales.
“En los tres municipios más importantes, Morena va a la delantera. Las encuestas internas y públicas nos dan importantes ventajas en la mayoría de los ayuntamientos duranguenses”, reiteró la dirigente formal de Morena.
Surgen sospechas en torno al doble homicidio de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México
Las sospechas de traiciones no se limitan a las filas del antes invencible PRI. También alcanzan al oficialismo.
Esto, porque ayer se reveló que la Secretaría de Seguridad (SSC) del gobierno capitalino investiga a policías por presuntas irregularidades tras asesinato de los dos funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, su secretaria particular Ximena Guzmán, y su asesor José Muñoz.
La SSC-CDMX publicó una tarjeta informativa en respuesta a versiones que circularon en redes sociales sobre la presunta detención de dos policías por manipular indebidamente evidencia en el lugar del atentado que cobró la vida de Ximena Guzmán y de José Muñoz.
Aclaró que todos los indicios recabados fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia capitalina, con la debida cadena de custodia y que ya se encuentran integrados en la carpeta de investigación correspondiente. Al mismo tiempo, confirmó que la Dirección General de Asuntos Internos abrió un expediente para revisar posibles violaciones a la normatividad policial por parte de los elementos que intervinieron tras el crimen, con el fin de deslindar responsabilidades administrativas y sancionar, en su caso, cualquier actuación fuera del marco legal.
La dependencia también informó que, paralelamente, se lleva a cabo un ajuste en el cuadro de mandos de la policía capitalina, reestructuración que forma parte del reforzamiento estratégico en las labores de seguridad ciudadana, como parte de la política de Seguridad y Construcción de Paz impulsada por la jefa de Gobierno.
Esto hace sospechar que la policía capitalina también ha sido infiltrada por la delincuencia organizada.
Estas sospechas se refuerzan con los rumores surgidos inmediatamente después del doble homicidio, en el sentido de que la acción de las autoridades se vio entorpecida porque “casualmente” falló una de las cámaras de seguridad cercana al sitio del alevoso crimen. De acuerdo con estas versiones, el aparente vacío se compensó con videos obtenidos de sistemas de seguridad privados de edificios cercanos al lugar del ataque.
En tanto, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, acudió al Senado a una reunión privada, al cabo de la cual destacó importantes logros en materia de seguridad durante los primeros siete meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aseguró que se han realizado más de 21 mil detenciones en este periodo, y subrayó la importancia de mantener mesas de trabajo con todos los grupos parlamentarios. En relación al reciente homicidio de funcionarios del gobierno de la CDMX, el secretario enfatizó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad y descartó que haya indicios de ser perpetrado por quienes atentaron contra él.
