Legisladores oficialistas empeñados en demostrar que su trabajo no es necesario
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 23, Jun 2025CLASE POLITICA
Los trabajadores de los bancos que ayudan a los clientes a aprender a utilizar los nuevos cajeros “inteligentes” no tienen otro remedio, a pesar de que, a corto plazo, esos aparatos los van a dejar desempleados.
Tal vez no estén conscientes de ello (en realidad muchos de ellos no tienen conciencia de nada), pero los diputados y senadores, que ayer iniciaron con toda urgencia sesiones para aprobar las reformas que les exige el Ejecutivo, lo que hacen es crear las condiciones para justificar su futura extinción.
Desde hace tiempo se han escuchado voces en el sentido de que las cámaras del Congreso de la Unión resultan demasiado costosas al país, como lo comprueba el hecho de que se conocen diversas propuestas para eliminar por lo menos una de ellas.
Por ejemplo, el 30 de diciembre de 2024, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo propuso una reforma electoral para eliminar a los diputados y senadores plurinominales.
En esa fecha, la jefa del Ejecutivo anunció que para el siguiente periodo ordinario de sesiones enviaría una serie de reformas al Congreso, entre las que podría encontrarse la propuesta que pretende eliminar diputados y senadores plurinominales. Eso no ocurrió, pues la propuesta encontró resistencias dentro del mismo sector oficial, en donde han frenado diversas iniciativas de la mandataria.
Una de las voces de desacuerdo fue la del siempre alborotador presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien calificó la propuesta como una ‘barbaridad’.
Fernández Noroña recordó que la reforma política-electoral de 1977 abrió las puertas del Congreso a las fuerzas políticas minoritarias al integrar el sistema de representación proporcional. “Los que hablan de eliminar a los ‘pluris’ están diciendo barbaridades, ni se enteran porque no conocen la historia electoral del país, no conocen la historia por la democratización del país, no conocen lo que ha costado ese tipo de cosas, solo hablan desde el prejuicio y la despolitización”, dijo el senador.
Por lo demás, es de tomar en cuenta que el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, ya tenía el mismo proyecto de reducir el número de plurinominales y no sólo eso, sino también desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual sería sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que, también, asumiría las funciones de los 32 organismos públicos locales (OPLEs), con lo cual evitará duplicidad de funciones en cada estado del país, de modo que podrá efectuar elecciones federales y estatales.
La ahora presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y entonces secretaria de Gobernación, al anunciarse la propuesta de López Obrador, sostuvo que la iniciativa presidencial fortalece la democracia porque si bien reduce el número de legisladores a cambio impulsa las consultas populares y, sobre todo, podría significar ahorros en cinco años de hasta 32 mil millones de pesos.
Esto último va muy en consecuencia con los postulados pregonados por la llamada Cuarta Transformación, el de la austeridad.
También lo de las consultas populares, pues teóricamente los legisladores, en especial los diputados, representan la voluntad del pueblo, por lo cual el oficialismo se luciría al eliminar intermediarios y “escuchar directamente” la voz del pueblo.
Si ese eventual cambio daría más fuerza a la voz popular, resultaría también justificado que desapareciera no sólo una parte de los legisladores federales, sino todos, pues los ciudadanos expresarían sus deseos directamente por medio de “consultas populares”.
Muchas de las dictaduras que han surgido en diversas partes del mundo al llegar al poder lo primero que hacen es disolver los respectivos congresos.
En el caso del México actual, en donde la llamada Cuarta Transformación ha logrado concentrar las facultades de los tres poderes de la unión en uno solo por la vía pacífica y mediante la reforma de las leyes fundamentales, puede llegar el momento en que el Ejecutivo decida que ya no requiere intermediarios para reformar las leyes “dictadas por el pueblo sabio”.
Esto se justifica, además, porque los senadores y diputados oficialistas aprueban las iniciativas del Ejecutivo “sin cambiarles ni una coma”, mientras que la oposición es inexistente e impotente debido a la sobrerrepresentación injustificada que les concedieron las también “domesticadas” autoridades electorales, muy por encima de la participación que tuvieron en las elecciones.
Entonces, resulta innecesario cumplir con ceremonias intrascendentes y pagar (aunque el presupuesto no sea suyo) por unos votos que también resultan innecesarios, pues las leyes entrarán en vigor con el sólo deseo del Ejecutivo y no habrá nadie que se oponga, pues esos mismos legisladores se encargaron de regalar al gobierno un Poder Judicial sumiso e incapacitado para invalidar cualquier reforma constitucional.
Esta visión la refuerzan los mismos legisladores, con la convocatoria a un periodo extraordinario, como el iniciado ayer, en el que de antemano se sabe que todas las propuestas del Ejecutivo serán aprobadas sin cambios y sin necesidad de cumplir todos los procedimientos marcados por las leyes reglamentarias del trabajo legislativos. Para empezar, nadie conoce los dictámenes que debieron ser aprobados previamente en comisiones.
Para que el espectáculo sea más completo, a la sesión de instalación del Congreso, que duró menos de media hora, se presentaron sólo 266 de 500 diputados y 89 senadores.
Para las sesiones por separado de las cámaras de Senadores y Diputados, que se convocaron para realizarse ayer mismo, ya no fue necesario que los legisladores se “sacrificaran” estando presentes en las largas y tediosas sesiones en las que sólo tendrían que escuchar vanos debates, pues el resultado ya se sabe. El término “semipresencial”, como se aplica en estas asambleas, significa que los senadores y diputados pueden continuar sus vacaciones, siempre que tengan a la mano su laptop o, al menos, su teléfono inteligente, para que puedan votar cuando reciban el aviso de su cámara. ¿Quién va a saber si votaron o no? El recuento será conducido por sus compañeros del oficialismo, ya sean de Morena y sus rémoras del PT y PVEM, así que no hay manera de evidenciar que no se cumple con el quorum.
En la misma línea de pensamiento ¿quién se va a dar cuenta si siguen en funciones los legisladores?
Mientras, sus hermosos, aunque no funcionales edificios se pueden convertir en museos o centros culturales, como la que fuera residencia presidencial de Los Pinos.
Mientras tanto, el oficialismo tuvo oportunidad de presumir que legislan a nombre del pueblo.
Al respecto, la diputada Merilyn Gómez Pozos, de Morena, manifestó:
“No nos mueve el trámite legislativo, nos mueve el bienestar del pueblo y cada ajuste que hacemos al marco legal tiene una dirección clara: que el Estado sirva mejor, que rinda cuentas con más rigor y que actúe con mayor justicia y eficiencia. Porque no se trata simplemente de mover atribuciones entre dos instituciones.
“El Inegi asume una nueva responsabilidad estructural y estratégica, proveer con rigor técnico y visión de Estado la evidencia que permite al gobierno valorar su política social, medir el desempeño institucional y optimizar la asignación e impacto de la gestión pública. No impone un rumbo, pero sí entrega el mapa. El conocimiento que hace que cada acción pública tenga sentido y propósito y justicia”.
La nueva responsabilidad impuesta al Inegi consiste en asumir las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el organismo encargado de medir el avance o retroceso en la lucha contra la pobreza.
Lo que Morena presentó como una mejoría pronto fue exhibido por la oposición.
“No les gusta el Coneval, porque se les cae su narrativa de gobierno cuando nos hablan de salud, ya que en 2016 el porcentaje de población con carencias por acceso a servicios de salud era del 15.6 % y hoy es del 23.5 %.
“El Coneval también muestra que la pobreza extrema por ingresos, sí, aquellas con mayores necesidades, aquellas con quienes el Estado mexicano tiene una gran deuda, ha aumentado –del 8.7 %– del 8.7 millones de personas en 2018 a 9 punto millones en 2022. Y, sí, todos estos datos fueron sacados del Coneval”.
