Vapeadores en México: Entre la polémica y sus grandes peligros
* Especiales lunes 30, Jun 2025- Los jóvenes son los más asiduos a cigarrillos electrónicos

La Secretaría de Salud ha señalado que los vapeadores contienen sustancias tóxicas y compuestos carcinógenos.
Ciudad de México, México – El uso de vapeadores, también conocidos como cigarrillos electrónicos, ha sido un tema de intenso debate en México en los últimos años. Estos dispositivos, que calientan un líquido para generar vapor inhalable, han ganado popularidad como una alternativa al tabaco tradicional. Sin embargo, su regulación y los posibles riesgos para la salud han generado controversia.
En agosto de este año, el Congreso de México aprobó una prohibición tajante sobre el uso y comercialización de vapeadores en todo el país. Esta medida se suma a un decreto presidencial de 2022 que ya había prohibido la importación de estos dispositivos. La nueva legislación establece sanciones severas para quienes incumplan la normativa, incluyendo multas y posibles penas de cárcel.
Las autoridades mexicanas han justificado estas medidas citando preocupaciones de salud pública. La Secretaría de Salud ha señalado que los vapeadores contienen sustancias tóxicas y compuestos carcinógenos que pueden ser incluso más dañinos que los cigarrillos tradicionales. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre los riesgos de estos dispositivos, especialmente para los jóvenes.
La prohibición ha generado preocupación entre los usuarios y los comerciantes de vapeadores. Muchos temen que estas restricciones fomenten la creación de un mercado negro, donde los productos no regulados y potencialmente más peligrosos puedan proliferar1. Los defensores de los vapeadores argumentan que estos dispositivos son una herramienta efectiva para dejar de fumar y que la prohibición podría tener consecuencias negativas no deseadas.
Expertos en salud pública y adicciones han expresado opiniones divididas sobre la prohibición. Algunos apoyan las medidas estrictas, argumentando que los riesgos para la salud superan cualquier beneficio potencial. Otros sugieren que una regulación más equilibrada, que incluya controles de calidad y restricciones de venta a menores, podría ser una mejor solución.
El debate sobre los vapeadores en México está lejos de resolverse. Mientras las autoridades buscan proteger la salud pública, los usuarios y comerciantes abogan por una regulación más equilibrada. Será crucial observar cómo evoluciona esta situación y qué impacto tendrá en la salud y el bienestar de la población.
En nuestra siguiente entrega hablaremos de las estadísticas sobre el uso de vapeadores en México, que es acaparada por los jóvenes.
REGULACIONES Y SANCIONES
En México, la comercialización de vapeadores está sujeta a estrictas regulaciones y sanciones. A continuación, se detallan las principales disposiciones y las consecuencias legales para quienes incumplen estas normativas:
Prohibición de Comercialización: Desde el 31 de mayo de 2022, un decreto presidencial prohíbe la circulación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores. Esta medida busca proteger la salud pública, especialmente la de los jóvenes.
Importación y Venta: La importación de estos dispositivos también está prohibida, lo que significa que no pueden ser legalmente introducidos al país para su venta.
Multas: Las personas o empresas que sean sorprendidas comercializando vapeadores pueden enfrentar multas significativas. Las sanciones económicas varían dependiendo de la gravedad de la infracción y la cantidad de dispositivos involucrados.
Confiscación de Productos: Además de las multas, las autoridades tienen la facultad de confiscar los productos ilegales. Esto incluye tanto los dispositivos como los líquidos utilizados en ellos.
Cierre de Establecimientos: En casos graves, los establecimientos que se dediquen a la venta de vapeadores pueden ser clausurados temporal o permanentemente.
La prohibición ha sido objeto de controversia y ha llevado a varios amparos por parte de empresas y organizaciones que argumentan que la medida afecta la libertad de comercio.