Delfines en cautiverio deberán ser ser trasladados a corrales marinos
Quintana Roo miércoles 2, Jul 2025- Tras reforma a Ley General de Vida Silvestre
- La medida que ha polarizado al sector turístico y a los defensores del bienestar animal
La reciente reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre ha encendido un intenso debate en Quintana Roo. Aprobada por el Senado el pasado 30 de junio, la modificación prohíbe de forma definitiva los espectáculos públicos con mamíferos marinos y restringe su reproducción en cautiverio. Como consecuencia, los 17 delfinarios del estado tendrán un plazo de dos años para trasladar a sus ejemplares a corrales de mar, una medida que ha polarizado al sector turístico y a los defensores del bienestar animal.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR), la reforma pone en riesgo más de 2,800 empleos directos y 11,400 indirectos en Quintana Roo, entidad que concentra más del 50% de los delfinarios del país. Empresarios del sector advierten que la medida podría provocar el cierre de instalaciones, pérdida de inversiones millonarias y una disminución en la oferta turística.
Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), comparó la reforma con la prohibición de animales en circos hace una década, señalando que “el Partido Verde, por ignorancia y por responder a intereses políticos y económicos extranjeros, está condenando a cientos de animales que no podrán sobrevivir fuera de estos espacios”.
Ambientalistas: no es un cierre, es una transformación
En contraste, organizaciones ambientalistas como el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) celebraron la reforma como un avance hacia un modelo más ético de interacción con la fauna marina. Su presidenta, Araceli Domínguez, aclaró que “no se cerrarán los delfinarios. Lo que deberán hacer, sin excepción, es mudarse a corrales de mar en un plazo de dos años, para garantizar mejores condiciones a los animales”.
Domínguez subrayó que los delfines podrán seguir bajo cuidado humano con fines científicos, educativos o de conservación, pero sin prácticas de exhibición ni espectáculos turísticos. “La reforma no obliga a liberar a los ejemplares, sino a mejorar su calidad de vida”, puntualizó.
La transición hacia corrales de mar implica retos significativos. Se requerirá infraestructura especializada, estudios de impacto ambiental y protocolos de manejo que garanticen la seguridad tanto de los animales como del entorno marino. La Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo ha reconocido que el proceso será complejo y costoso, pero necesario para cumplir con la nueva legislación.
¿Turismo responsable o golpe económico?
La reforma ha reavivado el debate sobre el modelo turístico de Quintana Roo. Mientras algunos empresarios temen una caída en la afluencia de visitantes, otros ven una oportunidad para diversificar la oferta hacia experiencias más sostenibles y respetuosas con la vida silvestre.
“Es momento de repensar el turismo en el Caribe mexicano. No podemos seguir vendiendo sufrimiento animal como entretenimiento”, opinó la bióloga marina Laura Méndez, quien propone reconvertir los delfinarios en centros de investigación y educación ambiental.
De “Mincho” a la Ley: Cronología de una prohibición
La reciente aprobación de la reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, conocida popularmente como Ley Mincho, ha marcado un punto de inflexión en la relación entre el turismo y la vida silvestre en México. Quintana Roo, con 17 de los 34 delfinarios del país, se encuentra en el epicentro de una transformación legal, ambiental y económica que ha generado tanto aplausos como resistencia.
Todo comenzó con un video. En marzo de este año, un delfín llamado “Mincho” fue captado durante un espectáculo en el hotel Barceló de la Riviera Maya. El animal falló un salto y cayó fuera del estanque, golpeándose contra el pavimento. Las imágenes se viralizaron, provocando una ola de indignación ciudadana y reactivando el debate sobre el uso de mamíferos marinos en espectáculos turísticos.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el delfinario, mientras organizaciones como Animal Heroes y GEMA intensificaron su presión sobre el Senado para aprobar una iniciativa que llevaba estancada desde 2022.
