¡Respeto a los derechos humanos!
Hans Salazar, Opinión domingo 6, Jul 2025En la visión de Hans
- Reflexiones desde el pulso del poder
Desde hoy les doy la bienvenida a este espacio semanal donde compartiré análisis, lecturas críticas y momentos clave de “La Mañanera”, ese escenario que cada día marca la agenda pública del país.
Aquí no encontrará verdades absolutas, sino preguntas necesarias, miradas distintas y pistas que ayuden a entender mejor lo que está en juego. Algunas veces serán postales del día, otras reflexiones de fondo, siempre con un objetivo: que usted pueda formar su propio criterio con más elementos sobre la mesa.
Agradezco a los directivos de este medio por apostar por la libertad de expresión y abrir este espacio de diálogo y pensamiento.
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“¡Aquí no se espía a nadie!”
Con voz firme y tono categórico, la presidenta Claudia Sheinbaum concluyó la conferencia mañanera del viernes 4 de julio con una frase que resonó como cierre y advertencia: “Aquí no se espía a nadie”. No fue una ocurrencia ni una frase al aire. Fue una respuesta directa a una campaña mediática que intenta instalar, nuevamente, la idea de que desde el poder se pretende vigilar a los ciudadanos como en los peores años del autoritarismo.
La polémica, revivida en columnas, editoriales y programas de radio, gira en torno a las reformas recién aprobadas en materia de telecomunicaciones e inteligencia. Algunos han insinuado que estas leyes abrirían la puerta a la vigilancia estatal indiscriminada. Sin embargo, una revisión detallada del contenido legislativo desmiente esa afirmación. En ningún apartado de estas leyes aparece, de forma explícita ni implícita, una autorización para espiar a la población civil.
Lo que sí contemplan son disposiciones específicas para el combate a delitos de alta prioridad, como el narcotráfico, el crimen organizado o el lavado de dinero. Es decir, mecanismos de inteligencia bajo supervisión judicial y con fines claramente establecidos por el marco legal. Pretender que esto es “espionaje político” es no solo una distorsión, sino una estrategia conocida: sembrar miedo para erosionar la legitimidad del gobierno actual.
Y es que la palabra “espionaje” en México no es ligera ni neutra. Tiene un peso histórico, una carga de violencia, represión y traición a la democracia. El espionaje no es un rumor: fue una política de Estado durante décadas.
Desde principios del siglo XX, los gobiernos en turno utilizaron la vigilancia como un instrumento para conservar el poder. Del Departamento Confidencial a la Oficina de Información Política, y más tarde a la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS), el Estado mexicano creó una maquinaria institucional para vigilar, perseguir y destruir a quienes consideraba enemigos: opositores políticos, líderes sociales, activistas, campesinos, estudiantes… y periodistas.
Durante la guerra sucia de los años setenta y ochenta, esa maquinaria operó con brutalidad. Miles de personas fueron detenidas, torturadas, desaparecidas o asesinadas bajo la lógica de “preservar el orden”. Los movimientos sociales que exigían tierra, agua, educación o respeto a los derechos indígenas fueron sistemáticamente infiltrados y desarticulados. Los líderes comunitarios eran vigilados, los teléfonos intervenidos, los hogares allanados sin orden judicial.
Y por supuesto, la prensa no quedó al margen. Los periodistas con vocación crítica y democrática fueron blanco del aparato de espionaje. Algunos fueron amenazados, otros perseguidos y varios asesinados por el simple hecho de investigar y publicar. El caso más emblemático -y aún impune en lo más profundo- es el de Manuel Buendía, asesinado en 1984. Su muerte marcó un antes y un después: fue un crimen de Estado, un mensaje para silenciar a todos los que aún creían en el derecho a informar y ser informados.
Por eso resulta ofensivo y profundamente cínico, que ahora se pretenda equiparar a este gobierno con aquellos regímenes. La Cuarta Transformación no nació del poder, sino de la resistencia contra esas prácticas. El movimiento que hoy gobierna fue, por décadas, víctima del espionaje, de la represión, del hostigamiento mediático y judicial. No puede ni quiere repetir ese pasado.
Desde el inicio de su mandato, la presidenta Sheinbaum ha sido clara: el respeto a los derechos humanos, a las libertades civiles y a la democracia es innegociable. Y aunque persistan sectores que añoran el viejo régimen y sus privilegios, lo cierto es que hoy el país avanza hacia un modelo distinto, con transparencia, con leyes y con una ciudadanía cada vez más consciente y participativa.
El espionaje degrada a los gobiernos, pero también hiere a las sociedades: genera miedo, desconfianza, autocensura. Por eso es una práctica incompatible con la democracia. No puede normalizarse ni justificarse. Y no debe volver a usarse jamás como arma política.
La historia está ahí. No para repetirla, sino para recordarla. Para entender por qué hoy se levantan voces que dicen con firmeza: en este México, el del pueblo y para el pueblo, no se espía a nadie.
Leña verde, más humo que fuego: el caso Julio César Chávez Jr.
La detención de Julio César Chávez Jr., hijo del histórico campeón del boxeo mexicano, el pasado jueves 3 de julio por parte de la policía de inmigración de Estados Unidos, generó una oleada inmediata de especulaciones, teorías y titulares que, como suele ocurrir, se adelantaron a cualquier juicio serio. En lugar de información, lo que predominó fue una narrativa oportunista: alimentar el morbo, vincular al boxeador con el narcotráfico y, más aún, intentar arrastrar esa historia hacia el terreno político para golpear -de forma forzada- al gobierno de la Cuarta Transformación.
Los cargos que se le imputan en Estados Unidos son graves: delincuencia organizada y tráfico de armas. Sin embargo, hasta el momento, la versión oficial en México es que su visa de residencia temporal venció en febrero de este año, lo que explicaría la acción migratoria en su contra. Tan es así que, en mayo pasado, Chávez Jr. aún ofrecía entrenamientos públicos y participaba en exhibiciones deportivas, sin ningún impedimento legal aparente.
Este contraste entre la narrativa mediática y los hechos documentados levanta preguntas legítimas. ¿Se trata realmente de una operación contra un actor clave del crimen organizado? ¿O estamos ante otro ejemplo de espectáculo judicial-mediático, donde la figura pública es usada como cortina de humo?
Durante la conferencia presidencial del mismo día, una pregunta directa se lanzá a la presidenta Claudia Sheinbaum:
-¿Conocía usted algún antecedente delictivo de Julio César Chávez Jr.?
-No, respondió tajante.
Acto seguido, relató que llamó al fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien le informó que, en efecto, existe una carpeta de investigación desde 2019 y una orden de aprehensión emitida desde 2023.
Esa revelación abre una nueva dimensión del caso: ¿por qué, si había una orden de aprehensión vigente en México desde hace más de un año, el caso no se presentó en las reuniones de seguridad? ¿Por qué no se activaron los mecanismos correspondientes? ¿Qué papel juega aquí la Fiscalía General de la República?
Si la información era conocida por la autoridad, pero no se transparentó ni se actuó, la pregunta no debería recaer sobre la Presidenta, sino sobre el fiscal. Y si no era conocida, entonces alguien ha ocultado información relevante. En cualquier caso, hay inconsistencias que deben ser aclaradas.
Fuera de este punto concreto, todo lo demás ha sido humo. Humo de leña verde: mucho alboroto mediático, pocos hechos comprobables. Un caso inflado que, lejos de contribuir a esclarecer la verdad o a mejorar la seguridad, busca sembrar sospechas y generar ruido político.
No es casual. En momentos clave, ciertos medios recurren a la vieja estrategia: vincular a figuras públicas con el narco, alentar la sospecha sin evidencia y, de paso, golpear al gobierno en turno. Así ocurrió con deportistas, músicos, actores y hasta empresarios en sexenios pasados. Hoy, lo intentan con Chávez Jr. y, a través de él, pretenden enlodar al ídolo popular: Julio César Chávez padre.
En respuesta a quienes buscaron vincularlo con presunto financiamiento de campañas o relaciones turbias, la Presidenta fue clara: “Son dos personas distintas y dos hechos completamente separados”.
Y razón no le falta. El padre, Julio César Chávez, ha sido un promotor constante del deporte como vía para evitar que jóvenes caigan en las adicciones. Su lucha personal contra las drogas es bien conocida. De hecho, fue él quien, en más de una ocasión, llevó a su hijo a centros de rehabilitación para salvarlo del abismo. Su testimonio ha servido para inspirar a otros jóvenes y su activismo, aunque discreto, ha sido valioso.
Por eso, intentar vincular al campeón con actividades criminales no sólo es deshonesto, sino malintencionado. Es parte de una narrativa fabricada con mala leche, que busca golpear mediáticamente a la Cuarta Transformación, aunque los hechos no lo respalden.
En resumen: pura leña verde. Mucho humo, poco fuego real. Y como bien remató la Presidenta: “Si hay otros datos, que los presenten”.
Justicia para los olvidados: Claudia Sheinbaum con los pueblos afromexicanos
de Veracruz
El sonido del caracol, los silbatos de barro y las flautas de caña llenaron el aire en Zaragoza, Veracruz, este domingo 6 de julio. El acto no fue sólo ceremonial: fue histórico. Por primera vez en 163 años, un jefe del Ejecutivo federal visitó este municipio de raíces profundas, habitado por pueblos indígenas y afromexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida con un ritual de bienvenida ancestral. Mujeres vestidas con blusas blancas hiladas a mano y faldones color naranja, con cintas rojas a la cintura como símbolo del corazón, guiaron la ceremonia. Entre plumas, flores e incienso, la Presidenta fue “limpiada” con copal y hierbas, como dictan las tradiciones de la región. Ella también portaba un atuendo tradicional, en señal de respeto.
Después de los buenos deseos de las autoridades comunitarias, Sheinbaum tomó la palabra. “¿Qué nos trae este día?”, preguntó, antes de hacer un recorrido por la historia que, por siglos, ha negado a los pueblos afromexicanos su lugar en la nación.
Recordó que hace más de tres mil años nació la cultura madre, la olmeca, y que en 1519 llegaron los conquistadores para imponer tres siglos de colonia. A pesar de la Independencia y las constituciones posteriores, dijo, los pueblos afromexicanos siguieron siendo invisibles.
“Hoy la Cuarta Transformación los reconoce. Y lo hace con hechos, no con palabras”, expresó.
Como parte de ese reconocimiento, se anunció que los apoyos serán entregados de forma directa a las comunidades afromexicanas e indígenas, y serán administrados por comités de mujeres elegidas en asambleas.
La Asamblea del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas beneficiará a más de 18 comunidades de la región.
Se estima que en México viven más de dos millones y medio de ciudadanos afromexicanos. Y, con este acto simbólico y concreto, se avanza hacia una deuda histórica: su reconocimiento pleno y su dignidad como parte viva y originaria de la nación.
