Prisión preventiva oficiosa y aranceles, las preocupaciones para el gobierno mexicano 

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

En lo que puede ser uno de los últimos actos para dar testimonio de su autonomía, durante el fin de semana trascendió que la Suprema Corte de Justicia decidirá hoy si rechaza la solicitud de la Presidencia de la República de posponer nuevamente la revisión del mecanismo de prisión preventiva oficiosa (PPO), condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerarla violatoria de las libertades fundamentales.

La decisión de los ministros del supremo tribunal se conocerá hoy o a más tardar mañana, martes 15, pues precisamente ese día termina el periodo ordinario de sesiones de la Corte, que entrará en receso hasta el primer día hábil de agosto.

En medios del gobierno de la llamada Cuarta Transformación se confía en que debido a lo corto de los plazos, los ministros salientes no tendrán más remedio que esperar a la llegada de agosto, cuando tendrán menos de 30 días para decidir acerca de ese tema que los organismos defensores de los derechos humanos consideran prioritario, pues como señalé en la columna anterior, son miles de personas las que están en diversas prisiones del país sin sentencia y, por supuesto, sin que se haya demostrado su responsabilidad en algún crimen considerado “grave”, como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y otros.

Por cierto, es de mencionar que fuentes judiciales han señalado que en este breve periodo de vigencia que le resta al máximo tribunal del país, los casos pendientes suman alrededor de mil.

De otra parte, vale insistir en que desde 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la prisión preventiva oficiosa, que a diferencia de la prisión preventiva justificada, se aplica de forma automática, sin evaluar riesgos procesales ni necesidad real de cautela, lo que vulnera garantías básicas del debido proceso.

Al respecto, es de recordar, asimismo, que el reciente 13 de junio las organizaciones integrantes del Colectivo #LaJusticiaQueQueremos, solicitaron también a los ministros de la Suprema Corte resolver a la brevedad la expulsión de la prisión preventiva oficiosa del orden constitucional y legal mexicano.

Los integrantes de esa organización civil advierten que la prisión preventiva oficiosa genera múltiples violaciones al Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos.

El mencionado colectivo #LaJusticiaQueQueremos recuerda diversas demandas en las que la mencionada CIDH ha dado la razón a ciudadanos mexicanos que protestaron contra ese régimen que encarcela en violación del principio de la presunción de inocencia, es decir, que toda persona es inocente hasta que la autoridad no emita sentencia en contrario.

El organismo civil sostiene que resulta completamente injustificado el argumento del actual Gobierno de que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa pone en riesgo la seguridad del país al dejar libres a “presuntos criminales”.

También califican de injustificado el llamamiento del Poder Ejecutivo hacia la SJCN a no resolver respecto a eliminar esta figura de la normatividad mexicana. La prisión preventiva oficiosa o automática, tal como está establecida en el artículo 19 constitucional, funge como una pena anticipada, lo que es totalmente incompatible con un sistema democrático.

“Por ello, desde el Colectivo #LaJusticiaQueQueremos, hacemos un atento llamado al gobierno federal, encabezado por la Presidencia; a la Fiscalía General de la República y a todas las fiscalías estatales, a promover el uso de la prisión preventiva justificada sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa o automática, para ser coherentes con los valores democráticos y con un sistema de justicia penal basado en los Derechos Humanos”, dice la referida organización.

En efecto, el gobierno de la segunda etapa de la llamada Cuarta Transformación ha expresado preocupación por la posible liberación de personas acusadas de delitos graves, argumentando que esto podría afectar la seguridad nacional.

La Cuarta Transformación, sin argumentos ni recursos para hacer frente a las agresiones de Trump

Enfrentar al bravucón del barrio que, además de su fuerza propia suma armas para agredir, resulta muy difícil si no se tiene una preparación especial o elementos que permitan repeler la agresión y eventualmente poder castigar a ese pendenciero.

Es claro que hablamos de la nueva “sanción” anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consistente en un impuesto de 30 por ciento sobre los productos exportados por México, como castigo por considerar que no ha hecho lo suficiente para evitar que América del Norte se convierta en un «campo de juego para el narcotráfico».

Es de mencionar que aranceles semejantes se aplicarán a los países de la Unión Europea y esto resulta importante debido a que durante el fin de semana el llamado Viejo Continente decidió no responder con impuestos de represalia. Esto es importante porque las naciones de Europa tienen economías más poderosas para hacer frente a las presiones de los Estados Unidos, mientras que nuestro país resulta más débil, pues muchas de las empresas exportadoras tienen participación de capitales de la misma Unión Americana, que no parecen dispuestos a contravenir al gobierno de su país de origen, donde tienen más bienes que en México.

Como los europeos, la presidenta con (A) Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado que buscará negociar con el magnate que gobierna los Estados Unidos, pero no parece tener más recursos que los de aumentar el número de capos de la delincuencia organizada deportados para ser juzgados en el vecino país.

Lo malo es que todo indica que ya no basta con simples delincuentes, sino que los Estados Unidos pretenden llegar a funcionarios públicos vinculados con la delincuencia y no cualquier empleado gubernamental, sino de políticos de alto nivel, algo que no admite la llamada Cuarta Transformación que exista dentro de sus filas, pues va en contra de su muy pregonado lema de que “no roba, no miente ni traiciona”.

Una prueba de lo anterior es que en días recientes la presidenta Sheinbaum ha estado acompañada por dos gobernadores, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, a los que sus enemigos señalan como beneficiarios de las actividades de la delincuencia. En particular, el primero todavía no aclara que sucedió el 25 de julio de 2024 en su estado donde fue secuestrado el capo Ismael “El Mayo” Zambada, al parecer engañado por el también presunto delincuente Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” actualmente preso en los Estados Unidos. En esa misma fecha fue asesinado, en el mismo operativo, el diputado electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén, acción que trató de ocultar el gobierno que encabeza Rocha Moya, sin que hasta ahora se explique esa actuación, por lo que el gobierno mexicano sigue a la espera de que “de buena voluntad”, las autoridades de Estados Unidos le informen lo que ocurrió en territorio nacional.

En fin, pocas posibilidades de avanzar en negociaciones tiene la mandataria mexicana.

Por el contrario, el accionar del gobierno mexicano es descalificado desde dentro del país.

Por ejemplo, el presidente Nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, hizo público un comunicado en el cual denuncia que la imposición de tarifas arancelarias a México, más que un capricho, es resultado del “hartazgo ante un gobierno que no actúa, que permite el avance del crimen y que ha perdido toda credibilidad”.

En su comunicado, el ahora senador por Campeche destacó que nunca en la historia, México había vivido esta crisis de reputación mundial y expuso que los gobiernos del PRI siempre pusieron en lo más alto el nombre de nuestro país.

Agregó que la carta del mandatario estadounidense, en la que anuncia la imposición de aranceles del 30% a productos mexicanos, confirma lo que en México cada vez es más evidente: Morena ha sido incapaz de frenar a los cárteles, porque muchos de sus integrantes están vinculados al crimen organizado.

El senador y dirigente nacional del PRI advirtió que la relación con Estados Unidos debe ser firme, respetuosa y estratégica, pero también clara, ya que el problema no es México. “El problema es Morena y su gobierno que protege a narco políticos”, aseguró.