Clara Brugada presentó la Estrategia contra Delito de Despojo en la CDMX
Cd. de México martes 29, Jul 2025- Alistan iniciativas de reforma ante el Congreso
- Esfuerzo coordinado para proteger el patrimonio y la seguridad de las familias capitalinas

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno, presentó la Estrategia contra el Delito de Despojo en un esfuerzo coordinado para proteger el patrimonio y la seguridad de las familias capitalinas.
La Jefa de Gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la Estrategia contra el Delito de Despojo en un esfuerzo coordinado para proteger el patrimonio y la seguridad de las familias capitalinas, que responde a la creciente preocupación por el despojo de inmuebles y que a menudo afecta a personas en situación de vulnerabilidad.
En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno enfatizó que *»cuidar los hogares es cuidar la paz en esta ciudad, es cuidar la seguridad de las familias y defender el patrimonio de las personas es defender el bienestar de quienes habitan la Ciudad de México»*, subrayando la prioridad de este tema para su administración.
Refirió que este tema es muy sensible en la ciudad y “es uno de los temas, desde mi punto de vista, pues más importantes porque pues es un delito que lastima mucho a las familias, a las comunidades”.
Acotó que “este modus operandi de despojo lo hacen desde la sombra, aprovechándose de vacíos legales y también de la desinformación de las víctimas, así que hoy anunciamos formalmente la instalación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos”, coordinado por el Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, el cual ha estado operando desde hace aproximadamente cuatro meses, incluye la participación de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.
El despojo, dijo, es un fenómeno multifactorial que combina vacíos legales, corrupción y, en ocasiones, redes criminales, se manifiesta de diversas formas, desde la violencia directa hasta la simulación de actos legales mediante fraudes notariales o escrituras apócrifas.
Refirió que como parte de esta estrategia, se creará una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo adscrita a la Secretaría de Gobierno, con el objetivo principal atender de manera eficiente cada asunto que se presente, proporcionar los insumos necesarios para la atención de casos y fortalecer la respuesta institucional ante este delito.
Puntualizó que un pilar fundamental de esta estrategia son las reformas propuestas al Congreso de la Ciudad de México que buscan fortalecer las penas y ampliar la definición del delito de despojo, entre los que destacan:
- Incremento de penas: Las penas por despojo en su tipo base se incrementarán de 6 a 11 años de prisión. Para casos con agravantes como violencia, actos simulados, afectación a grupos vulnerables, etc., las penas pasarán de 12 a 22 años de prisión, sin derecho a fianza.
- Nuevas conductas agravadas: Se incluye la ocupación del inmueble a través de daños como forzar cerraduras, romper ventanas o simulación de actos.
- Protección a víctimas vulnerables: Se amplía la protección a menores de edad, embarazadas, pueblos indígenas y personas de la tercera edad como víctimas agravadas.
- Despojo por Simulación de Actos Legales: Se castigará el despojo realizado a través de la simulación de actos jurídicos, como compras ficticias o escrituras fraudulentas, incluso si involucran notarios de otras entidades federativas.
- Agravantes por participación de servidores públicos y notarios: Se aumentarán las penas cuando participen servidores públicos, notarios, ayudantes, corredores o personas que simulen tener un cargo público, así como en casos de suplantación de identidad de la víctima.
- Despojo de bienes públicos: Se considera agravante el despojo de inmuebles de la Ciudad de México o áreas protegidas como zonas de conservación ecológica o con valor histórico y patrimonial.
Además, indicó que se plantean modificaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y a la Ley Registral para la Ciudad de México, que permitirán a las autoridades administrativas solicitar inscripciones precautorias sobre bienes públicos en riesgo y emitir alertas electrónicas ante inscripciones sospechosas o contradictorias. Se requerirá a las y los notarios de otras entidades federativas que presenten escrituras en la Ciudad de México una constancia de la autoridad estatal que regule su función notarial, para evitar fraudes.
La Jefa de Gobierno mencionó que se lanzará una campaña permanente de prevención para educar a la población sobre cómo reconocer prácticas fraudulentas, qué hacer ante trámites sospechosos y cómo exigir sus derechos. Se informará a la ciudadanía sobre cómo actuar si se detecta que alguien ajeno solicita informes de su propiedad, si hay amenazas para desocupar la vivienda, o si hay notificaciones irregulares o falsos juicios sobre su propiedad.
Para garantizar que la ciudadanía sepa dónde y cómo buscar ayuda, el Secretario de Gobierno, César Cravito Romero, describió tres tipos principales de despojo: actos simulados e ilícitos donde se usa documentación falsa para apropiarse ilegalmente de una propiedad; actos violentos utilizando amenazas, fuerza o armas y usufructo ilegítimo con el aprovechamiento de la posesión por indefinición de la propiedad.
El Secretario mencionó que se han habilitado múltiples canales de atención como el Zócalo Ciudadano, donde se ha instalado una mesa de despojo que ya ha atendido a casi 150 personas en tres semanas; los programas «Casa por Casa» y Asambleas de Territorios de Paz; redes sociales; denuncias ante el Ministerio Público; llamadas a Locatel (55-5658-1111) y 911; oficialías de partes de las diversas Secretarías; medios de comunicación; así como la línea telefónica especializada 55 5345 8120.
César Cravioto indicó que el protocolo de actuación incluye la recepción de información, contacto con la persona afectada, análisis del caso con las áreas del gabinete para determinar la acción legal (penal, civil o administrativa) y, finalmente, la recuperación y restitución del inmueble al propietario legítimo.











