Crimen controla venta de básicos en al menos 9 estados
* Destacadas, Seguridad jueves 28, Ago 2025- Impunidad de grupos delictivos
- Fijan precios de artículos de la canasta básica refresco, la cerveza, material de construcción y hasta de útiles escolares

Grupos delictivos obligan a comerciantes a elevar precios de productos básicos en al menos 9 estados del país para así obtener ganancias ilícitas.
Mediante la extosión, el crimen organizado controla precios en alimentos de la canasta básica, materiales de construcción, agua embotellada, tortillas, refrescos, cervezas y hasta útiles escolares en al menos nueve estados del país, aseguran locatarios y transportistas.
El modus operandi de las bandas delictivas es controlar los precios y elevarlos en cierta cantidad para obtener ganancias. También distribuyen a los establecimientos mercancía robada, que debe ser comprada de manera obligatoria para su venta al público.
En Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco, grupos delictivos desarrollaron una red de comercios ilegales para la distribución de sus productos.
Campesinos de Tierra Caliente, en Michoacán, señalan que Los Viagras y Los Blancos de Troya, aliados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son quienes concentran todas las mercancías, por ejemplo, refresco, cerveza, abarrotes y carne.
“El crimen organizado acapara todo, entonces si una persona cuenta con una tienda debe comprar en las bodegas que ellos tienen, en caso contrario, firma su sentencia de muerte (…) Eso tiene mucho tiempo que ocurre. Por ejemplo, si el kilo de arroz vale 20 pesos, los establecimientos lo venden a 25 pesos; la carne vale entre 200 pesos el kilo y la dan entre 230 y 240 pesos (…) Todo es más caro como en Apatzingán y Aguililla, porque los cárteles tienen presencia”, detallaron pobladores a “El Universal”.
Precisan que en Apatzingán no puede pasar mercancía para Tepalcatepec, “tienen que bajarla por la zona de Los Reyes”, además de que el gobierno federal mantiene conocimiento de esta situación.
Los productores recuerdan que en algún momento los grupos delictivos dejaron pasar camiones con arroz, frijol, harina y artículos de limpieza en la zona del Aguaje y Aguililla.
“Las personas que quieren comprar deben dirigirse a Pinzándaro, municipio de Huetamo, donde están las bodegas, o acudir a Apatzingán, en el que tienen hegemonía y les pagan cuotas altas (…) Por ejemplo, el dueño de una tienda debe pagar el cobro de piso y comprar los productos en lugares autorizados por ellos”, refieren los campesinos.
Distribuyen mercancía robada
Destacan que también los delincuentes van a los negocios dejando mercancía, por ejemplo, cigarros e incluso botes de pintura que roban a tráileres y el dueño tiene que pagarla y venderla porque es una orden.
Los locatarios dicen que las células delincuenciales les cobran cuota a los conductores de tráileres, y si por alguna razón se niegan al pago, entonces les roban el vehículo con la mercancía y la colocan en las tiendas.
“En el caso del material de construcción, también está regulado por la delincuencia (…) Aquí no llega nada si no es con la venia de ellos, digamos que el material viene de otra entidad, entonces cada tráiler debe pagar una cuota y el que vende el producto también. Incluso la gasolina es más cara que en Uruapan porque pagan cuota”, argumentan.
Habitantes de Apatzingán y Buenavista comentan que Los Viagras controlan el precio de la carne, pollo, verduras, refrescos, agua embotellada y tortillas. Lo mismo ocurre en la comercialización de papelería, materiales para construcción y las automotrices; se han apoderado asimismo, de las empresas de servicios de telefonía e internet locales, para fijar los costos y la población está obligada a contratarlos.
Casi 6 mil víctimas registradas en el primer semestre de 2025
Con base en datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión alcanza cifras récord, con 5 mil 887 víctimas registradas en el primer semestre de 2025. Esta cifra representa un incremento de 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiendo a 2025 en el año con el nivel más alto desde que hay registro.
Con el objetivo continuo de ofrecer una perspectiva precisa y detallada de la coyuntura empresarial en México, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó, en conferencia de prensa, los resultados del Monitor de Seguridad donde se analizó el periodo de enero a junio de 2025, centrándose en los delitos que más afectan al sector productivo.
Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de Coparmex, afirmó: “Hoy levantamos la voz ante una realidad que ya no puede seguir siendo ignorada: la inseguridad que enfrentamos es alarmante. Tenemos claro que ningún proyecto de inversión o desarrollo puede prosperar sin condiciones mínimas de seguridad y certeza jurídica. La confianza para invertir, emprender y crecer solo es posible en entornos donde la legalidad se respeta y la impunidad se combate con decisión”.
Jorge Peñuñuri Pantoja, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, presentó el indicador de asesinatos y señaló que durante los primeros seis meses del año, se registraron 13 mil 90 víctimas, lo que representa una baja del 15.8% respecto al mismo periodo de 2024. Además alertó sobre la fuerte concentración de violencia en algunas regiones. Colima, Sinaloa y Morelos encabezan la lista con tasas de entre 55 y 80 víctimas por cada 100 mil habitantes. Además, destacó que 10 de los 20 municipios más violentos se encuentran en sólo cuatro entidades: Guanajuato, Michoacán, Morelos y Guerrero.
En cuanto a la extorsión, enfatizó su gravedad creciente. Con 5 mil 887 víctimas en el primer semestre, un aumento del 6.9%, el país alcanzó su nivel más alto desde que existen registros, superando incluso el pico de 2022. A nivel estatal, Guanajuato, Morelos y Estado de México presentan las tasas más elevadas. A nivel municipal, Cuautla, Salamanca y San Miguel de Allende encabezan los indicadores.
Peñúñuri advirtió que este delito limita la operación formal, impone costos ilegítimos y destruye confianza, por lo que se requiere una respuesta firme, integral y sin tolerancia.











