Las investigaciones contra el huachicol fiscal deben llegar hasta López Obrador
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 8, Sep 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Al comentar ayer en su mañanera el escandaloso caso de huachicol fiscal, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo se ganó nuevamente el reconocimiento general al prometer “cero impunidad”.
Luego de señalar que tardanza en las investigaciones se debió al cumplimiento de los protocolos, insistió en que el propósito de las autoridades consiste en detener a todos los que estén involucrados.
“Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, insistió la mandataria..
Claro, esa promesa significa importantes compromisos, de los que se supone está muy al tanto la mandataria federal.
Por ejemplo, ella misma reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México tienen listas más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas oficinas de todo el país.
En apariencia todo bien, pero esos anticipos llevan a suponer que entre los implicados en el delito están funcionarios de nivel medio o inferior, pero no se advierten sospechas acerca de personajes de mayor dimensión.
Un día antes de esa conferencia presidencial, los secretarios de Marina, Raymundo Pedro Morales, y de Seguridad, Omar García Harfuch, así como el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, procuraron alejar cualquier sospecha del anterior titular de la Marina, Manuel Ojeda, pues, por el contrario, destacaron que fue quien dio la alerta acerca de posibles actos de corrpción de elementos de la Armada de México.
Sin embargo, eso no es suficiente, pues falta un elemento muy importante acerca de las denuncias del ex titular de la Marina, conocer a quiénes puso sobre aviso.
Se sabe, porque así lo sostuvieron los mencionados funcionarios, que Ojeda cumplió su responsabilidad de dar aviso a la FGR, pero por su condicón de cabeza de una de las fuerzas armadas, tiene también la onbligación de dar cuenta su jefe, el denominado Comandante Supremo, nada menos que el Presidente de la República, que entonces lo era el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.
De conformidad con los relatos oficiales, la denuncia de Ojeda ocurrió en 2022, dos años antes de terminar el mandato del macuspano, tiempo más que suficiente para realizar una intensa investigación y consignar a quienes resulten responsables. Esto es más creíble si se tiene en cuenta que López Obrador siempre sostuvo que el Presidente es el mejor informado, sobre todo cuando se trata de asuntos de mayor importancia.
En particular, el caudillo de la llamada Cuarta Transformación dio por erradicado el huachicol y los repitió en varias ocasiones durante su mandato.
En 2019, dos meses después de haber tomado posesión anunció ese supuesto logro desde una de sus plazas consentidas, Badiraguato, Sinaloa. También en la Ciudad de México dijo que el robo de combustibles se había contenido en un 95% y que el país se estaba ahorrando 281 mil millones de pesos.
Tres años después reafirmó que se eliminó prácticamente esta actividad delictiva y, antes de entregar la Presidencia, en 2024, dijo que se iba contento.
Pero no sucedió como dijo el prócer de la llamada Cuarta Transformación. Ahora se descubre que sus acciones no fueron efectivas, en particular respecto a la denuncia hecha por su subalterno, el secretario de Marina.
Es cierto que, técnicamente, la averiguación quedaba a cargo de la FGR por tratarse de un delito del fuero federal y, supuestamente, esa institución es autónoma y, por consiguiente, su titular, Gertz Manero no tiene obligación de informar al titular del Ejecutivo. De hecho, por ley, las investigaciones deben mantenerse en secreto, pero eso no vale en todos los casos, como lo evidenciaron las denuncias de corrupción en torno al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pues siempre López Obrador aparecía como el más enterado y daba cuenta de ello en sus mañaneras.
Ahora bien, en caso de que el ex secretario de Marina no hubiese dado aviso a su Comandante Supremo, habría incurrido en incumplimiento de las leyes civiles y sobre todo con el reglamento militar y, en cualquiera de los dos casos, pudo ser objeto de una sanción.
Si el que no dio la orden de avanzar en las investigaciones fue el jefe del Ejecutivo Federal, también se le puede imputar responsabilidad. Se sabe que la Constitución establece que el presidente de la República no puede ser juzgado mientras esté en funciones salvo en el caso de “traición a la patria”. Sin embargo, concluido su mandato puede ser imputado inclusive por encubrimiento.
Ya sabemos que el gobierno encabezado por su discípula y sucesora no se atreverá a tocar al macuspano, pero vale dar una mirada a lo que establece el Código Penal Federal.
El artículo 400 de ese ordenamiento ordena:
“Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que:
“I.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.
“II.- Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito;
“III.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe…
Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas considera entre faltas administrativas graves de los servidores públicos el encubrimiento, del cual define como: “el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.
La misma norma considera obstrucción a la justicia de los funcionarios públicos que “no inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción.
Buenos propósitos, que se quedan en eso.
Por otra parte, aunque se supone que la iniciativa que ya tiene lista el gobierno que construye el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación para la reforma electoral no cambiará ningún aspecto importante, aunque lo pida el resto de la sociedad, el presidente de la comisión designada por el Ejecutivo Federal, Pablo Gómez Álvarez, anunció que partir del próximo día 17 comenzarán las audiencias públicas en las que ciudadanos, líderes partidarios, sindicales o políticos podrán presentar propuestas.
El registro las personas que deseen participar se iniciará hoy mismo mediante el micrositio www.reformaelectoral.gob.mx. Allí mismo se les indicará la hora exacta en la que deberán presentarse en la secretaría de gobernación para participar en alguna de las tres audiencias públicas que se realizarán cada semana, a partir del 17 de este mes hasta diciembre de este año.
Se prevé que al menos una en cada una de esas mesas se realizará en cada estado de la República, precisó Gómez Álvarez, quien aseguró que todas las voces serán escuchadas, las de oposición y las afines a Morena.
Otra vez, buenos propósitos, pero nadie los cree.
Por lo pronto, las dirigencias del PAN y del PRI anunciaron que no participarán en lo que presumen será un ejercicio sin consecuencias.
“Está muy claro, es una trampa, no hay apertura, no hay pluralidad, la Comisión la preside la presidenta Claudia Sheinbaum, no Pablo Gómez”, dijo el priista Rubén Moreira, quien sostuvo que el gobierno prefiere “deshacerse de la oposición y crear un partido único”.
A su vez, la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Luna, comentó que “no tiene sentido acudir al supuesto diálogo, porque sólo quieren instaurar formalmente la dictadura morenista”.
Como lo expresó antes en un mitin el expresidente del INE, José Woldenberg, agregó que la iniciativa oficial pretende “tirar la escalera de la democracia por la que llegaron los de Morena”.
