El aumento de desaparecidos afecta a los más pobres
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 9, Sep 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
El gobierno federal presume que han disminuido los homicidios dolosos, pero organizaciones civiles advierten que eso no es cierto, que sólo es resultado de cambios cosméticos en los registros acerca de la violencia, pues al mismo tiempo ha aumentado la cifra de desaparecidos.
Por ejemplo, un estudio de la Universidad Iberoamericana (que se presenta en redes sociales sólo como IBERO) revela que el año anterior (2024) se presentó la cifra más alta de personas desaparecidas, con un total de más de 31 mil.
Las “desapariciones afectan más a personas de escasos recursos, afirmó Andrea Horcasitas Martínez, encargada del Programa de Derechos Humanos de la IBERO
También es de destacar que los hombres desaparecen de los 15 a los 35 años, mientras que las mujeres de los 15 a los 19, señala Fernanda Lobo, investigadora del programa.
Por otra parte, han surgido protestas porque se considera la necesidad de aumentar el presupuesto para hacer frente a ese fenómeno negativo de la desaparición de personas.
Para 2025, se propone un presupuesto para la Comisión de Búsqueda de Personas de 1 mil 102 millones de pesos, lo que representa una ligera reducción en términos reales con respecto al año anterior.
La gravedad de este fenómeno fue puesta en evidencia en la sesión de ayer del Senado de la República, donde los legisladores de oposición exigieron al gobierno de la llamada Cuarta Transformación más recursos para afrontar ese problema.
La exigencia surgió porque en esa sesión del Senado se tomó protesta nombramiento de a los consejeros honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuya duración en el cargo será por tres años, sin posibilidad de reelección y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.
Al plantear lo grave de este fenómeno, la senadora zacatecana por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota, sostuvo que “la crisis de los desaparecidos nos está asfixiando, es un asunto sumamente doloroso, no solamente por la cantidad de personas que desaparecen, que créanme, no es un asunto de numeraria.
“No basta hablar de 133 mil personas desaparecidas en nuestro país. La crisis se recrudece cuando hablamos de lo que está sucediendo con los familiares de los desaparecidos.
“La semana pasada, por darles un ejemplo, en Zacatecas, mi tierra, encontraron a la madre de una persona desaparecida, asesinada, torturada, tirada a las orillas de un barbecho. No es la primera vez que asesinan a una madre o a un padre buscador en Zacatecas o en algunos otros lugares del país y es que esto no puede suceder”, agregó la legisladora del tricolor, quien recordó:
“Hace algunos meses aprobamos en este congreso algunas reformas a la ley de búsqueda. Yo les hacía una reflexión de un asunto que omitimos reformar y que, si no entramos en conciencia de esta reforma que es pertinente y necesaria, no acabamos bien a bien de ayudar.
“¿En qué consiste?
Miren, lo que hicimos, básicamente, en la reforma anterior fue subir a la ley lo que ya se encontraba publicado en decreto respecto al protocolo homologado de búsqueda y al protocolo homologado de investigación.
“Se los dije en aquel momento, ¿por qué tenemos dos protocolos?”, preguntó la legisladora para, enseguida, responder ella misma:
“Porque las fiscalías se acogen al protocolo de investigación y las comisiones de búsqueda se acogen al protocolo de búsqueda”, agregó para, en seguida advertir que “mientras no le demos facultad legal a las fiscalías para que realicen la búsqueda, quien anda buscando con una pala en la mano y el corazón en la otra son las familias, son los colectivos.
“Estamos arriesgando su vida, nos desprendemos de una obligación institucional para dársela a los familiares de las víctimas. Piensen ustedes qué harían si desapareciera su hijo, su hija, su padre y su madre, harían lo que hacen estos papás, salir a la calle a tratar de encontrarlos”, indicó la legisladora.
En seguida insistió en que es obligación de las autoridades dar a los buscadores instrumentos y presupuestos para que puedan lograr este cometido, de preferencia encontrar con vida a los desaparecidos. “Sería lo ideal”, recalcó Anaya Mota.
La senadora zacateca señaló que no sólo se debe escuchar a los ciudadanos que deciden participar de manera institucional, sino también a los que gritan en las calles, a los que protestan y a los que se manifiestan, porque son los familiares quienes más tienen que aportar.
Anaya Mota reconoció como positivo que existan organismos como el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pero indicó que lo malo es que en el paquete económico 2026 no haya incluido el gobierno de la llamada Cuarta Transformación aumentos presupuestales para rescatar a las víctimas.
La siguiente oradora fue la senadora por MC, Alejandra Barrales Magdaleno, quien pidió a todos los integrantes de la Cámara ponerse en el lugar de los familiares de las 130 mil personas víctimas de desaparición en nuestro país.
“Lo hemos escuchado en tantas ocasiones que me parece que uno de los valores más importantes que está perdiendo nuestra sociedad mexicana, sin duda, tiene que ver con esta pérdida de la capacidad de asombro.
“Por ello, justamente para nosotros, desde Movimiento Ciudadano, es muy importante acompañar este esfuerzo, la conformación de este Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, porque creemos firmemente que es una gran oportunidad para darle otro cauce, otro sentido a esta tarea que ha estado pendiente”.
En seguida se preguntó “¿qué puede ser más importante para un padre, para una madre, para un familiar que encontrar en dónde está, si no con vida, en dónde están los restos de su familiar.
Por eso, dijo, “nos parece importante no solamente respaldar este proceso, sino que en Movimiento Ciudadano también hacemos un llamado para que ahora que se está conformando este ejercicio presupuestal se pueda asignar también el presupuesto que se requiere para esta tarea tan importante porque no podrá haber mayor éxito si esta comisión no viene acompañada de recursos, los que se requieren para poder darle soporte a esta importante tarea”.
Además, señaló que se requiere un mayor presupuesto para esta tarea tan importante “porque no podrá haber mayor éxito si esta comisión no viene acompañada de recursos, los que se requieren para poder darle soporte a esta importante tarea”.
Al margen de las protestas por la necesidad de mejorar el presupuesto y los procedimientos para evitar una mayor cantidad de personas desaparecidas, el Pleno del Senado avaló por unanimidad de 103 votos el nombramiento de 13 consejeros honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Lo anterior como parte de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y como lo señala el artículo 59 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada que establece que el Consejo Ciudadano es un órgano de consulta del Sistema Nacional, en materia de búsqueda de personas.
El artículo 60 del mismo ordenamiento señala que el Consejo Ciudadano estará integrado por cinco familiares; cuatro especialistas de reconocido prestigio en la materia y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.
El acuerdo precisa que los nuevos consejeros cumplieron con los requisitos de la convocatoria y reunieron las condiciones de elegibilidad, por lo que fueron elegidos:
De parte de los familiares fueron nombrados Adela Alvarado Valdés, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Francisco Javier Espinosa Granados, Diana Gutiérrez Cerqueda y José Andrés Méndez Ñeco.
De los especialistas quedaron: Alejandra Maritza Cartagena López, Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita Arce y Ricardo Nava Rueda.
Como representantes de organizaciones de la sociedad civil: Emanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Tamez Murguía, Francisco Lugo Silva y Gerardo Jessel Islas Villagómez.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez, dijo que, durante cuatro meses, este órgano legislativo y la Comisión de Derechos Humanos trabajaron a fin de dar resultados, de darle luz a las familias que son víctimas de este flagelo, y para hacer cumplir la ley en materia de desaparición, pero, sobre todo, para evitar que más jóvenes desaparezcan.
