Venganza, móvil del asesinato del líder sindical Mario Machuca

Quintana Roo lunes 22, Sep 2025

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

 

 

 

 

• La FGE dio a conocer la detención de Luis Fernando “N”, alias “El Inge”

En México, los liderazgos sindicales han sido históricamente espacios de poder, influencia y, en ocasiones, de conflicto. Lo que debería ser una plataforma para la defensa de los derechos laborales, a veces se convierte en terreno fértil para disputas personales, intereses económicos y pugnas por el control. El reciente caso del homicidio de Mario “N”, líder sindical en Benito Juárez, no solo estremece por su violencia, sino por lo que revela sobre las tensiones internas que pueden escalar hasta el crimen.

La detención del presunto autor intelectual, Luis Fernando “N”, alias “El Inge”, expone una trama de resentimientos, disputas por prebendas y ambiciones truncadas. Más allá del hecho policial, este caso obliga a mirar con atención el estado de los sindicatos, su transparencia, y los mecanismos de resolución de conflictos que, cuando fallan, pueden derivar en tragedias.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Raciel López Salazar, dio a conocer que fue ubicado y detenido el presunto autor intelectual del homicidio del líder sindical Mario “N”; este sujeto es identificado como Luis Fernando “N”, alias “El Inge”; el móvil del crimen habría sido la inconformidad del señalado, quien no recibía comisiones económicas por parte del sindicato y que la víctima daba preferencia de empleo, financieras y diversas prebendas a otras personas, pero no a él.

Asimismo, otros motivos por los que probablemente ordenó privar de la vida a la víctima, son que este lo habría despojado de un terreno en la zona de Costa Mujeres, además de que pretendía continuar al frente de la central obrera, con lo cual el ahora detenido no estaba de acuerdo.

Cabe mencionar que Mario “N” perdió la vida, luego de recibir siete impactos de arma de fuego calibre 45, el 4 de agosto del presente año, cuando dos sujetos, a bordo de una motocicleta se acercaron a él, en el momento en el que estaba en su camioneta, en un estacionamiento ubicado en la Supermanzana 42, de este municipio.

Derivado de la investigación que la FGE sigue por dicho homicidio, fue posible ubicar y detener a Luis Fernando “N”, cerca de la avenida López Portillo del municipio de Benito Juárez.

Según las primeras indagatorias, el ahora detenido era cercano a la víctima desde hacía varios años, ya que fue su asistente y chofer, lo que le permitió conocer sus movimientos personales y laborales, por lo que está relacionado como el autor intelectual del homicidio, con la participación de un grupo delincuencial.

Asimismo, se tiene conocimiento de que contrató a los sicarios Ángel Yahir “N” y Arnulfo “N”, a quienes proporcionó dinero para hospedarse en Benito Juárez, el 1 de agosto, es decir tres días antes del homicidio. Estos sujetos ya están vinculados a proceso, el primero como autor material, al ser quien presuntamente accionó el arma de fuego contra la víctima, en tanto que el segundo por conducir la motocicleta en la que se trasladaban para cometer el homicidio; un tercer masculino, Oscar Guillermo “N”, otro imputado, también estaría relacionado en estos hechos.

Mediante trabajos de investigación, la Fiscalía ubicó en el estado de Colima, la camioneta Cherokee, misma que fue presuntamente utilizada por los sicarios y el autor intelectual del homicidio, para vigilar los movimientos del hoy occiso; el vehículo fue trasladado a este municipio y asegurado.

Luis Fernando “N” fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió; en el término constitucional previsto definirán su situación jurídica.

Este crimen no puede reducirse a una disputa personal. Es reflejo de estructuras que, cuando se corrompen, ponen en riesgo vidas y derechos. La detención de los presuntos responsables es un paso importante, pero no suficiente. Urge revisar los mecanismos de vigilancia institucional, fortalecer la transparencia sindical y garantizar que el liderazgo no se convierta en una sentencia. Que el caso de Mario “N” no quede solo en cifras judiciales, sino en memoria colectiva que impulse cambios reales.

 

5 víctimas de explotación sexual fueron rescatadas 

Cinco mujeres víctimas de explotación sexual fueron rescatadas durante un operativo conjunto realizado por la FGE y la Guardia Nacional en un bar ubicado en la intersección de las calles 61 y 78 de Felipe Carrillo Puerto. La intervención se llevó a cabo tras una orden de cateo emitida por un juez de control, derivada de investigaciones sobre presuntos delitos de trata de personas en la zona.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las mujeres llegaron al bar con la intención de trabajar como meseras-ficheras. Sin embargo, una vez contratadas, eran obligadas a ofrecer servicios sexuales a los clientes. Estos pagaban entre 800 y 1,000 pesos por media hora, de los cuales el establecimiento retenía el 50%, beneficiándose directamente de la explotación de las trabajadoras.

Durante el cateo, los agentes aseguraron diversos indicios relevantes para la investigación, entre ellos Documentos administrativos, dinero en efectivo, una grabadora de video y paquetes de preservativos.

Todos estos elementos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Tras la inspección, las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en el inmueble, que quedó bajo resguardo oficial. Las cinco mujeres fueron contenidas por elementos de seguridad y recibirán atención integral conforme a los protocolos establecidos para víctimas de trata de personas.

 

Van más de 400 cámaras de solapa para policías

 

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y mejorar la transparencia en el actuar policial, el gobierno de Quintana Roo anunció la adquisición de más de 400 cámaras de solapa que serán distribuidas en la entidad. Esta medida forma parte de una estrategia integral para modernizar el equipamiento de las corporaciones policiacas y garantizar el respeto a los derechos humanos durante operativos y detenciones.

La implementación obligatoria de cámaras de solapa para elementos de Tránsito y Policía Turística en Quintana Roo avanza como parte de una estrategia estatal de vigilancia y transparencia. La Secretaría de Seguridad del estado anunció la adquisición de 450 dispositivos, los cuales serán distribuidos en cinco municipios: Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Bacalar.

Julio César Gómez Torres, titular de la dependencia, explicó que este primer paquete de cámaras forma parte de un proyecto que se concretará este año, y que busca extender el uso de estos dispositivos a corporaciones de menor tamaño. “Parte de esas cámaras se van a dirigir también a las policías turísticas y de tránsito de los municipios pequeños”, señaló.

El uso de cámaras corporales responde a un acuerdo del Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, presidido por la gobernadora del estado, que establece su implementación obligatoria en los 11 municipios.