El ex abogado de los padres de Ayotzinapa dejó de vivir en el error
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 16, Oct 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
La ya añeja sentencia de César Garizurieta de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, la hace vigente a cada momento la llamada Cuarta Transformación. El más reciente activista, supuestamente de oposición o por lo menos independiente, incorporado a la nómina oficial es el ex abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, Vidulfo Rosales Sierra.
Con esa inclinación a tratar de darle un cariz de epopeya a la defensa de los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa secuestrados y probablemente asesinados en Iguala hace casi 11 años, Vidulfo Rosales que desempeña como director del centro de derechos humanos Tlachinollan y abogado de los padres de los 43, anunció que su renuncia con la frente en alto y la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos (originarios), pero también a requerimientos personales.
En una carta dirigida a organizaciones sociales, Vidulfo Rosales informó que también dejó de colaborar en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en la cual participó por 24 años.
“Timbran en mi oído las palabras de Abel Barrera diciéndome que habría que ir a ver a los estudiantes de Ayotzinapa asesinados en la autopista del sol en Chilpancingo o aquella madrugada del 27 de septiembre indicándome que me tenía que trasladar a Iguala por la desaparición de los 43 estudiantes o la reciente llamada informándome que habían herido de muerte al defensor del agua Marco Antonio Suástegui Muñoz”, recordó el abogado que incomodó a funcionarios judiciales de los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña y Andrés Manuel López, así como de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, en particular al exigir cuentas a las fuerzas armadas, a las que siempre ha señalado como cómplices de las bandas criminales que secuestraron y desaparecieron a los jóvenes.
Aseguró que desde otras trincheras seguirá exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda.
En lo personal, el abogado guerrerense expuso problemas de salud y de falta de recursos, luego de meses de someterse a tratamientos médicos que lo llevaron a solicitar apoyo de la ciudadanía para solventar los gastos.
En estos temas tan vulgares es donde entra otro aspecto importante en relación a las causas de su renuncia: incorporarse a la nueva Suprema Corte de Justicia que entró en funciones el 1 de septiembre. Se asegura que Rosales estará al lado de otro abogado que se presume representante y defensor de los pueblos autóctonos, Hugo Aguilar Ortiz, el mismo que sorprendió al aparecer en sitio destacado en los “acordeones” que “recomendaban” votar por determinados juristas para ocupar cargos en el nuevo Poder Judicial y, por sumar la mayor cantidad de sufragios, el oaxaqueño es el presidente del máximo tribunal, proceso en el cual marginó a las incondicionales ministras de la llamada Cuarta Transformación Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes se reeligieron con la mira de sustituir en la presidencia a la repudiada por el régimen Norma Lucía Piña Hernández, a la cual no podrán despojar del honroso título de primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la que cayó por no someterse a los caprichos del actual régimen.
Sin descartar su eventual incorporación al tribunal constitucional,
Rosales reconoció que recibió la invitación para incorporarse en la nueva configuración del máximo tribunal, pero dijo que lo está valorando.
El abogado dijo que, desde otras trincheras, continuará en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos originarios.
“Mi compromiso con los pueblos indígenas, con las mujeres y hombres que luchan por mejores condiciones de vida sigue incólume. No puedo eludir mi deber de clase. Soy de una comunidad indígena enclavada en la agreste y encantadora Montaña de Guerrero, toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación, por ello tengo la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte”.
El hecho es que las exigencias de este mundo del que todavía no se erradican las exigencias materiales, el ahora ex defensor de los padres de los normalistas desaparecidos hace 11 años buscará un buen ingreso, claro dentro de las nóminas oficiales.
Con esto se cumple la mencionada sentencia de César Garizurieta, abogado también, conocido popularmente por su sobrenombre de “tlacuache”, quien a pesar de haber sido diputado federal y de ocupar otros cargos públicos, además de distinguirse como escritor, trascendió por esa máxima satírica en el sentido de que estar fuera del presupuesto es vivir en el error.
Por lo demás, no es sorpresa la separación de Vidulfo Rosales y los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Con anterioridad, al menos un grupo de los progenitores ya había planteado la posibilidad de buscar otro defensor legal.
Esta posibilidad se planteó luego de una reunión con funcionarios del gobierno, cuando los padres expresaron su descontento con la forma en que se ha llevado a cabo la representación legal de sus hijos.
Según declaraciones de una sección de los padres, ellos consideran que la estrategia legal de Rosales no ha dado los resultados esperados y que no ha logrado avanzar en el esclarecimiento de los hechos. En palabras de los padres, están buscando un cambio en la estrategia legal que les proporcione respuestas concretas sobre el paradero de sus hijos.
Este pedido generó cierta controversia entre la opinión pública, ya que Rosales ha sido una figura prominente en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo, los padres están decididos a buscar un enfoque legal que les brinde resultados tangibles en la búsqueda de justicia.
Pero si esa disidencia interna no trascendió, sobre el abogado Rosales pesa otra sospecha que podría dar al traste con su posibilidad de incorporarse a la nueva Suprema Corte.
El hackeo a expedientes de la Secretaría de la Defensa de México, así como de otras instituciones nacionales y del extranjero, conocida como “Guacamaya Leaks”, hace recaer sobre el abogado guerrerense la sospecha de tener vínculos con organizaciones delincuenciales.
Según esas revelaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identifica a Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, como integrante de una organización dedicada al cobro de cuota, extorsión y privación de la libertad en el estado de Guerrero.
De acuerdo con la base de correos intervenida por los hackers de Guacamaya, Rosales forma parte de la estructura del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), la cual, según el Ejército, es una organización dedicada a cometer distintos ilícitos.
Ese supuesto reporte de la Sedena, con fecha de enero de 2020, incluye los nombres de 6 personas identificadas como líderes de la CECOP, entre ellos Rosales Sierra, a quien se menciona también por su condición de abogado de la organización Tlachinollan.
Por lo demás, está por verse si ese cambio en la defensoría legal de los padres de los normalistas desaparecidos contribuye al avance de las investigaciones ofrecidas por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, pero que al igual que ocurrió con su antecesor, el presidente López, se ha visto empantanado y afectado por divisiones dentro de los equipos de investigadores.
Por lo pronto, los progenitores de los normalistas mantienen la versión, sostenida por el ahora ex abogado, de que en esos lamentables sucesos hubo intervención de personal del Ejército, sin que la Defensa permita revisar sus expedientes.
Como su antecesor y caudillo, Sheinbaum rechaza por completo la “versión histórica” difundida por el régimen del priista Enrique Peña Nieto, a raíz de la cual todavía conserva, injustificadamente, la condición de preso -en reclusión domiciliaria- el ex procurador general la República, Jesús Murillo Karam.
Con el objetivo de lograr avances, la presidenta Sheinbaum destituyó al titular de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra. Lo reemplazó Mauricio Pazarán.
