Escasez de agua potable, un obstáculo en el plan nacional de vivienda
* Destacadas, * Especiales martes 21, Oct 2025- Infonavit tropieza con la falta de infraestructura básica
- Estas limitaciones en servicios podrían retrasar la entrega de proyectos: Canadevi
El programa nacional de vivienda enfrenta obstáculos en Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México y Estado de México, por la falta de infraestructura en agua potable y energía eléctrica.
La escasez de agua potable es uno de los obstáculos que enfrenta el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para cumplir con la meta de construir 1.2 millones de casas durante el actual sexenio, bajo el programa de Vivienda para el Bienestar, que planea entregar 3,000 unidades en lo que resta de 2025.
“En muchas partes estamos padeciendo una falta de disponibilidad de agua. México tiene un estrés hídrico y eso hace que no tengamos volúmenes suficientes para las casas que queremos construir”, explicó Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), durante su participación en el “Think Tank Inmobiliario”.
Hasta septiembre pasado, el instituto lleva contratadas 200,000 viviendas, con miles ya en proceso de construcción, pero el despliegue masivo se espera hasta el 2026. A pesar de los esfuerzos, las limitaciones en servicios básicos podrían retrasar la entrega de los proyectos.
Ramírez Capó remarcó que el programa ha avanzado en 20 estados —entre ellos Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Hidalgo, Michoacán y Colima— gracias a su suelo accesible, densidad adecuada y disponibilidad de recursos.
En contraste, en entidades como Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México y Estado de México, el panorama es más complicado por la falta de agua y energía eléctrica.
Las barreras se repiten
Para el Infonavit, los desafíos no difieren de los que enfrentan las empresas privadas. Sergio Leal Aguirre, director general de la viviendera Vinte, destacó que la lentitud en los trámites y la falta de servicios son obstáculos en común.
“Los retos son exactamente los mismos que surgen al construir una vivienda que no es del programa del Bienestar. Un fraccionamiento normal tarda 12 meses en constituirse, y en eso estamos, porque se necesitan licencias de construcción, agua, luz y drenaje”, afirmó Leal Aguirre.
Vinte ha presentado cinco proyectos para desarrollar bajo el esquema del Infonavit, ubicados en Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Querétaro e Hidalgo, que en conjunto sumarían 11,000 viviendas, aunque todavía están en espera de autorización.
Una nueva ley de agua
La industria de la vivienda mantiene altas expectativas en torno a las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, enviadas al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Con estas modificaciones se busca fortalecer la regulación hídrica y evitar la transferencia de concesiones entre particulares, además de hacer más eficientes los procesos administrativos.
“Como desarrolladores, solo somos transmisores del agua para los usuarios. Lo que estaríamos esperando es que los trámites se eficienticen, pasar de un año y medio en tiempo de trámite de licencias, a un mes”, añadió Leal Aguirre.
Se privilegiará el interés general
Sobre las reformas, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a comisiones la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que plantea la expedición de una nueva Ley General de Aguas y la reforma integral de la Ley de Aguas Nacionales.
El documento fue turnado para dictamen a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y para opinión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El objetivo central de la iniciativa es fortalecer la rectoría del Estado sobre el dominio y la administración de las aguas nacionales.
Según el texto, se busca garantizar una distribución más justa del agua, asegurando tanto a las generaciones actuales como a las futuras el acceso a este derecho fundamental.
La propuesta pretende dotar de certeza jurídica a la actuación de las autoridades y brindar seguridad a las personas usuarias, privilegiando el interés general.
En lo relativo a la Ley General de Aguas, el proyecto establece las acciones que deben asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua destinada al consumo personal y doméstico.
Además, sienta las bases para un uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, reconociendo su interdependencia con otros derechos fundamentales.
El documento también plantea reglas claras para la distribución de competencias entre autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
En cuanto a la Ley de Aguas Nacionales, las reformas propuestas buscan que el agua deje de ser considerada y administrada como una mercancía.
El texto establece que el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua, eliminando el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares.
