Siete cárteles se disputan mercado del tabaco ilícito en el país
* Destacadas, Seguridad miércoles 26, Nov 2025- Expansión acelerada
- Ganancias por vapeadores y cigarros ilegales representan una “caja chica” de hasta 20 mil mdp al año
El mercado ilícito de vapeadores y tabaco en México se ha convertido en una de las fuentes de financiamiento más dinámicas del crimen organizado, según un informe elaborado por organizaciones civiles.
Actualmente, siete cárteles se disputan el mercado ilícito de vapeadores y tabaco en México, que se ha convertido en una de las fuentes de financiamiento más dinámicas del crimen organizado, alertó un informe elaborado por organizaciones civiles.
En el documento “Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado” especialistas aseguraron que las economías de esta actividad ilegal experimentan actualmente una “expansión acelerada”.
El informe documenta que el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Nueva Familia Michoacana, Cartel del Golfo, Cartel del Noreste, Cárteles Unidos y La Unión Tepito han convertido el tabaco y los vapeadores ilícitos en una “caja chica” estratégica, que les financia armas, municiones, vehículos y equipos de telecomunicación que son usados para cometer secuestro y extorsión en al menos 16 estados de alto riesgo.
El informe, elaborado por las organizaciones Defensorxs, México Evalúa, el Colegio de México, Causa Común y el periodista Óscar Balderas, evidencia que la ausencia de regulación efectiva y la prohibición de vapeadores han creado un vacío que diversas organizaciones criminales ocuparon de inmediato.
Los especialistas subrayan que la falta de trazabilidad y la prohibición vigente generaron un mercado dominado por carteles que importan dispositivos de forma clandestina, principalmente desde Asia, los reempaquetan, comercializan por vía digital y los distribuyen mediante redes que incluyen a menores en escuelas y mercados callejeros.
Defensorxs identificó efectos colaterales particularmente graves: extorsión policial favorecida por la ambigüedad legal; reclutamiento de menores como vendedores; lavado de dinero mediante empresas fachada; y venta digital difícil de rastrear.
En este negocio, facciones del Cártel de Sinaloa vinculadas a los Chapitos han establecido un control significativo, mientras La Unión Tepito ha fortalecido vínculos con proveedores asiáticos para dominar la oferta en la capital del país, según el informe.
El Cártel del Noreste también encontró en los vapeadores una vía de financiamiento, al igual que el Cartel del Golfo, que según el reporte ha reemplazado el tráfico de fentanilo por el de vapeadores y tabaco para mantener activas sus rutas hacia Texas.
Tabaco ilícito: contrabando y diversificación
El tabaco ilegal representa ya dos de cada diez cigarros consumidos en México y mueve entre 15,000 y 20,000 millones de pesos (816 y 1.088 millones de dólares) al año.
Este mercado opera con redes completas de fabricación pirata, bodegas clandestinas, robo de carga, distribución y venta minorista, según el informe.
El documento puntualiza que el CJNG produce tabaco en fábricas clandestinas en Estado de México, Morelos y Jalisco, mientras explora cultivos transgénicos para asegurar su abastecimiento.
Mientras que la Nueva Familia Michoacana utiliza el tabaco ilícito para reforzar control social en Tierra Caliente (Michoacán, Guerrero y Estado de México) y Cárteles Unidos, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste lo emplean para financiar operaciones.
La mezcla de mercancía legal e ilegal en el transporte ha contaminado cadenas completas sin que las empresas lo detecten, explicaron los especialistas.
Los especialistas coincidieron en que México necesita regulación clara, trazabilidad estricta, supervisión en aduanas y una estrategia frontal contra redes criminales para impedir que estos mercados continúen fortaleciendo al crimen organizado.
Mapa criminal y fiscalías
El documento señala que policías y fiscalías carecen de herramientas técnicas y capacidades institucionales para realizar un conteo exhaustivo y homogéneo de estos tres delitos: cuántos robos hay contra camiones de carga con tabaco o cajetillas, cuántos vapeadores entran ilegalmente a México desde Estados Unidos o Asia, cuántos microempresarios son víctimas de extorsión para pagar una cuota por cada cajetilla apócrifa vendida o para tener el permiso del crimen organizado de vender cigarrillos de imitación con marcas que pertenecen a los cárteles.
“Hay una pelea política por espacios de poder que suele desincentivar la transparencia en el registro de estos delitos, afectando la calidad y cantidad real de los datos oficiales. En México, las organizaciones criminales más poderosas recurren con frecuencia a la violencia y las amenazas para que estos delitos se mantengan ocultos”, comentó.
Recordó que frente a los casi 70 homicidios dolosos al día y un promedio de 30 víctimas conocidas de extorsión cada día, las autoridades tienen argumentos para no atender lo que desde lejos parece un mercado negro aparentemente inofensivo, como la venta de cajetillas apócrifas, vapeadores piratas y reventa de tabaco robado.
Mercado negro dejará más ganancias
La actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco mexicano para 2026 reducirá la recaudación pública en hasta 30.000 millones de pesos (unos 1.628 millones de dólares) al año y aumentar del consumo de cigarros del mercado negro, advirtió el Colegio de México (Colmex).
El consumo de este tabaco ilícito ha aumentado con los años. Tras la subida de impuestos en 2011, el consumo de cigarrillos ilegales pasó del 2 % del mercado en 2010 a casi 17 % en 2013.
La diferencia entre los precios de una cajetilla legal y una ilegal llegan a los 60 pesos (4,34 dólares), mientras que las penas y confiscaciones rondan desde 10 a 20 pesos (de 0,54 a 1,09 dólares) por cajetilla incautada.
Los especialistas de Colmex señalaron que el aumento del IEPS, que elevaría el impuesto del 160 al 200%, provocará que, en lugar de reducir el consumo, favorecería el mercado negro y aumentara el riesgo de la salud pública, al proliferar productos sin control sanitario. Por otro lado, denuncian que la administración no acompaña la medida fiscal con políticas centradas en la lucha contra el contrabando.
