Implementación de la “ley chaleco” está en pausa por problemas técnicos
Quintana Roo jueves 4, Dic 2025- Normativa aprobada desde el 2024
- Autoridades reconocen que ante la falta de tecnología el programa podría posponerse hasta 2026
Implementación de la llamada “Ley Chaleco” en Quintana Roo quedó paralizada indefinidamente debido a problemas técnicos.
Por redacción DIARIOIMAGEN
Chetumal.- La implementación de la llamada “ley chaleco” en Quintana Roo quedó paralizada indefinidamente debido a problemas técnicos y falta de tecnología compatible, según confirmó la Secretaría de Gobierno estatal.
La normativa, aprobada en 2024, obliga a motociclistas a portar chalecos reflejantes con identificación vehicular para mejorar la seguridad y facilitar el control en carreteras y zonas urbanas. El sistema estaba diseñado para que los chalecos fueran reconocidos por arcos lectores y cámaras de seguridad, vinculando la información directamente con las placas de las motocicletas.
La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, informó que la licitación estatal para adquirir los chalecos fue declarada desierta, ya que las empresas participantes no lograron presentar la tecnología necesaria para cumplir con los estándares de reconocimiento digital.
Además, la puesta en marcha de la ley debe alinearse con una reciente reforma federal en materia de Tecnologías de la Información, lo que complica la integración del sistema. Sin esa compatibilidad, los chalecos no pueden ser leídos eficazmente por los dispositivos de seguridad pública, lo que deja la normativa sin posibilidad de aplicarse en el corto plazo.
Aunque inicialmente se esperaba que la “ley chaleco” entrara en vigor en 2025, ahora las autoridades reconocen que su implementación podría posponerse hasta 2026 o más allá, sin una fecha definida. El gobierno estatal aseguró que no se trata de un abandono del proyecto, sino de una pausa para garantizar que la tecnología cumpla con los requisitos de seguridad y legalidad.
Motociclistas y asociaciones civiles han expresado incertidumbre, pues consideran que la medida podría mejorar la seguridad vial, pero también temen que se convierta en un gasto adicional sin beneficios claros.
La suspensión de la Ley Chaleco mantiene vigente el esquema actual de regulación para motociclistas, que se basa en el uso obligatorio de casco y placas visibles. Sin embargo, el gobierno reconoce que los accidentes de motociclistas han aumentado en los últimos años, lo que refuerza la necesidad de medidas adicionales de prevención y control.
Se disparan fraudes en desarrollos inmobiliarios
Autoridades y especialistas advierten sobre el aumento de fraudes en desarrollos inmobiliarios irregulares en Quintana Roo y llaman a compradores a verificar la legalidad de los proyectos antes de invertir.
En los últimos meses se han detectado múltiples casos de ventas de lotes y viviendas en desarrollos sin permisos de construcción ni uso de suelo, particularmente en zonas de crecimiento acelerado como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Estos proyectos suelen promocionarse en redes sociales con precios atractivos y facilidades de pago, pero carecen de licencias municipales y registros ante el Registro Público de la Propiedad.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) han recibido denuncias de compradores que, tras pagar anticipos o mensualidades, descubren que los terrenos están en áreas de reserva ecológica o que los desarrollos nunca fueron autorizados.
Las autoridades recomiendan a los ciudadanos:
– Verificar permisos de construcción y uso de suelo ante el municipio correspondiente.
– Revisar que el proyecto esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
– Confirmar que la empresa desarrolladora esté debidamente constituida y cuente con antecedentes legales claros.
– Evitar pagos en efectivo sin contrato formal y exigir contratos avalados por notario público.
– Consultar la lista de desarrollos autorizados publicada por Sedetus y los ayuntamientos.
El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, señaló que el crecimiento desordenado y la alta demanda de vivienda han sido terreno fértil para empresas fantasma que ofrecen proyectos “de papel”. “La gente se deja llevar por precios bajos y promesas de plusvalía, pero sin revisar la legalidad. Es fundamental asesorarse con profesionales certificados”, advirtió.
Los fraudes inmobiliarios no solo afectan a compradores individuales, sino que generan conflictos legales, pérdida patrimonial y deterioro de la confianza en el mercado inmobiliario. Además, contribuyen al crecimiento irregular de las ciudades, con asentamientos sin servicios básicos ni infraestructura adecuada.
