Todo listo para aprobar una nueva reforma electoral ¿más a modo?
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 16, Dic 2025CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Aunque por medio de incondicionales, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación tiene ya el control de los procesos electorales, no lo considera suficiente y por eso se prepara para una nueva y acelerada reforma constitucional que le asegure ese dominio y, de ser posible, reducir todavía más a la raquítica oposición.
Los únicos problemas que tiene para avanzar en ese proceso, están dentro de sus filas y las de sus asociados, pues también resultarían afectados con los cambios proyectados para asegurarse que durante largos años -¿tal vez 70 o más de los acumulados por el PRI?- no habrá quien les dispute la conducción del país. Que lo hagan bien o mal, ese ya es otro asunto.
Como otros muchos de sus proyectos, la anunciada reforma electoral se justifica con el pretexto de la austeridad, pues dos de los puntos principales del proyecto oficial es recortar el financiamiento público que se concede a todos los partidos políticos y disminuir el número de senadores y diputados federales, probablemente también de los legisladores estatales, pues ya se sabe que los cambios en la federación son inmediatamente replicados en las entidades federativas.
Con esas y otras acciones, como la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), el erario federal dispondría de algunos miles de millones de pesos extras que expuestos así resultan impresionantes, pero que comparados con el enorme volumen del presupuesto federal -alrededor de nueve billones(millones de millones), incluidos dos billones de deuda- resultan apenas unas gotas que pronto serán absorbidas por los oficialmente llamados programas sociales, pero que son en realidad gastos clientelares para asegurar los votos en futuros comicios, como los cada vez más cercanos de junio de 2027.
El documento de reforma electoral propuesto por el Ejecutivo tiene como lineamientos principales establecer una legislación única y la consecuente creación de un nuevo organismo nacional que ya hasta tiene título: Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual organizaría todos los comicios en la totalidad de las entidades federativas, con lo cual se justificaría la desaparición de los OPLES, con el consecuente ahorro en salarios e instalaciones.
Este es uno de los puntos en donde surge la inconformidad desde dentro de la llamada Cuarta Transformación.
En los últimos días circularon versiones de una supuesta o real propuesta de los consejeros del INE, en particular de su presidenta, Guadalupe Taddei, que hasta ahora ha sido disciplinada ante las sugerencias o demandas procedentes de Palacio Nacional.
Taddei negó la maternidad de esos documentos, pero confirmó que existe la demanda de que perduren los OPLES, solicitud que fue entregada, ahora sí con carácter oficial, a la Comisión Presidencial que preside Pablo Gómez, formado en el socialismo admirador del sistema soviético donde no había elecciones libres, pero que se benefició de la reforma electoral de 1977 que creó los diputados de partido y ha repetido en tres ocasiones en la Cámara de Diputados, además de haber saltado al Senado y la Asamblea de Representantes del entonces DF, antecedente del actual Congreso de la Ciudad de México.
Gómez Álvarez encabezó desde su comisión una supuesta consulta para escuchar las propuestas de los distintos actores de la sociedad mexicana, pero desde antes de abrir puertas, el recurso fue descalificado desde diversos rumbos, en particular por los partidos de oposición y por algunos círculos académicos y profesionales. Los antecedentes resultan un lastre, pues en otras reformas que también fueron precedidas por foros abiertos al resto de la sociedad arrojan resultados negativos, pues a pesar de las inconformidades, las iniciativas del Ejecutivo fueron aprobadas sin modificarles “ni una coma”.
De manera destacada, en estos supuestos procesos para recoger la opinión de los ciudadanos, aparece la consulta para la renovación del Poder Judicial, la cual no admitió ninguna corrección externa, para dejar intacta la propuesta remitida al Congreso por Palacio Nacional, desde el sexenio anterior. Esos cambios se mantuvieron íntegros a pesar de que la realidad evidenció errores y fallas, como la complejidad del proceso diseñado para sustituir a los jueces, magistrados y ministros por otros profesionales del Derecho.
La consecuencia fue que se aprobaron nuevos juzgadores que no cumplían con los requisitos establecidos en las respectivas convocatorias. Esto por no mencionar las fallas en el momento mismo de las votaciones, pues se tuvieron que elaborar instructivos entre los cuales apenas se disfrazaron los listados de los candidatos que ya habían sido “palomeados” desde los altos niveles de la llamada Cuarta Transformación. Esto se conoció como los “acordeones” que sirvieron para validar a los nuevos integrantes del también renovado Poder Judicial, en una desairada votación en la que participaron, cuando más, uno de cada diez ciudadanos registrados en la lista nominal de electores.
Por esos antecedentes, la presentación de las propuestas del INE, presidido por Guadalupe Taddei, a pesar del ruido que despertó, es considerado parte de una coartada para concederle validez a la reforma que ya tiene listo el gobierno actual.
Por lo demás, los especialistas admiten que la proyectada reforma tiene algunos aspectos positivos, como el implementar una segunda vuelta electoral para elegir Presidente, gobernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de México. En el aspecto teórico aparenta ser un avance, pero se considera que resultará inútil en un medio en donde el gobierno, léase Morena y sus satélites del PT y PVEM, tienen el control de todo el sistema y los medios para imponer a sus candidatos sin el riesgo de llegar a una segunda vuelta. Es de precisar que en las naciones donde se aplica ese sistema -el caso más reciente Chile- es porque en la primera ronda ninguno de los candidatos alcanza la mitad más uno de los votos. Si esto ocurriera, ya no habría segunda instancia.
Otro aspecto que podría resultar importante en una competencia real y con terreno parejo, es la normalización del voto por vía electrónica, que se propone ampliar en forma gradual para que se generalice a partir de 2033. Este ya no tan novedoso sistema, pues se empezó a aplicar desde que el INE era IFE, presidido por Leonardo Valdés, quien llegó al cargo desde 2008, tampoco tiene aceptación general, pues se advierte que para tener validez se requiere de una autoridad electoral totalmente autónoma y no sometida a la voluntad el gobierno en turno.
Otro tema controvertido consiste en la posibilidad de que el ejercicio del voto se convierta en obligatorio, así como la participación ciudadana para integrar las mesas directivas de casilla.
Además, hay otras sugerencias que francamente resultan ridículas, como es la de eliminar las franquicias telegráficas como parte del financiamiento a partidos. ¿Habrá alguien que todavía manda mensajes por telégrafo?
Taddei Zavala enfatizó que Talleres Gráficos de México, participante en la producción de credenciales para votar, no tendrá acceso al Padrón Electoral ni a información ciudadana, desmintiendo cualquier injerencia gubernamental.
A todo esto, se suma el tema de la inviolabilidad de la credencial de elector, instrumento que se ha convertido en el principal medio de identificación de los ciudadanos, pues a pesar de las muchas promesas oficiales, no se encuentra la forma (¿falta de recursos?) de hacer realidad el muy prometido documento único de identidad.
Más allá de rumores y de desmentidos acerca de las supuestas propuestas de los consejeros del INE, la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, entregó el reciente lunes 15 un documento oficial al presidente de la Comisión Presidencial, el mencionado Pablo Gómez Álvarez.
Sin entrar en detalles, la consejera presidenta del INE puntualizó que la mejor manera de participar para contar con un mejor sistema electoral es aportando ideas y propuestas.
Formemos parte de esta historia, no nos quedamos al margen”, destacó Taddei con la evidente intención de dar validez a la consulta y reiterar que se tomarán en cuenta las opiniones de los ciudadanos.
Vale repetir la expresión ya validada en el medio político nacional: “¿usted le cree?”.
