Viviendas deshabitadas facilitan la presencia del crimen organizado
* Destacadas, Nacional martes 27, Ene 2026- Sin servicios básicos
- Muchas casas son vandalizadas, desmanteladas, invadidas o bloqueadas por la comunidad
El abandono de vivienda se traduce en más que pérdidas económicas, pues es un problema que fractura el bienestar social y condena a miles de menores a crecer en contextos de violencia estructural.
El abandono de vivienda en México ha dejado más de 6.1 millones de casas deshabitadas a nivel nacional. Esto, lejos de ser solo una cifra que evidencia la realidad en la que viven miles de familias, también muestra un desacierto en una política de vivienda enfocada en los números y no en las personas, que impacta negativamente la calidad de vida de miles de niñas y niños.
La ausencia de servicios básicos y comunidad en unidades habitacionales deterioradas o abandonadas crea un vacío que la delincuencia organizada ocupa. Ese fenómeno es una de las secuelas, así como la normalización de que las infancias estén expuestas al narcotráfico, a rutas inseguras y a la violencia.
Para Eduardo Rivera, Gerente de Desarrollo Comunitario de Fundación Hogares, las consecuencias son profundas y estructurales. “El abandono de vivienda se traduce en rezago escolar, falta de registro oficial y exposición directa a la delincuencia. En lugar de construir espacios seguros para las infancias, les resta oportunidades”.
En las últimas décadas, se han construido millones de viviendas sociales a lo largo del territorio y se planean aún más para este sexenio, sin atender esas áreas de oportunidad bien documentadas por los diagnósticos levantados por Fundación Hogares y otras instituciones.
Muchas de esas casas no siempre cuentan con servicios adecuados y las unidades, con espacios públicos para desarrollar vida en comunidad. Las familias terminan abandonándolas cuando el costo del transporte hacia sus centros de trabajo o del crédito rebasan sus ingresos, o cuando la inseguridad se vuelve insoportable, dejando espacios vacíos que son oportunidad para la delincuencia.
La exposición cotidiana al riesgo derivado de los grupos criminales marca el desarrollo de las infancias que permanecen en estos lugares. Las y los menores transitan por calles controladas por el crimen organizado, presencian actividades delictivas y quedan vulnerables ante el reclutamiento forzado o a la falta de oportunidades, como asistir a la escuela. La Red por los Derechos de la Infancia en México reporta que entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgo de reclutamiento por grupos criminales.
El abandono de vivienda se traduce en más que pérdidas económicas. Se trata de un problema que fractura el bienestar social y condena a miles de menores a crecer en contextos de violencia estructural, como el caso de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde actualmente se estiman alrededor de 77,000 unidades deshabitadas y en alta vulnerabilidad. Según los diagnósticos levantados por Fundación Hogares se han observado:
– Niñas y niños sin actas de nacimiento, lo que les impide acceder a servicios básicos de salud y educación.
– Menores que no reciben formación porque las escuelas quedan demasiado lejos, el camino es peligroso o no los aceptan sin documentos.
– Madres y padres dedicados a actividades delictivas o encarcelados, lo que deja a las infancias desprotegidas.
– Exposición diaria a la delincuencia como parte natural de su crecimiento.
El origen del problema
La profesora Marina Contreras Salgado, experta en urbanismo, ha señalado que en 2010 las instituciones reconocieron la existencia de alrededor de 5 millones de viviendas deshabitadas, cifra que para el censo de 2020 superó los 6 millones.
Según el INEGI, se considera deshabitada una vivienda totalmente construida, disponible para ser ocupada, pero que no tiene residentes habituales y no es usada como vivienda de uso vacacional o para actividades económicas. Esto es distinto al concepto de vivienda abandonada, que implica además una pérdida de crédito o de propiedad por parte de su dueño.
Para Contreras Salgado, “cada vivienda deshabitada representa a una familia desposeída de su patrimonio”, un patrimonio que no solo se ha quedado vacío, sino que con el paso del tiempo se ha deteriorado.
La desocupación de estas viviendas no es un fenómeno pasivo: muchas casas son vandalizadas, desmanteladas, invadidas o bloqueadas por la comunidad.
Esto no solo genera deterioro físico, sino también tensiones sociales, ya que los vecinos que viven alrededor deben convivir con estos espacios “vacíos” que pueden volverse focos de inseguridad o de exclusión urbana.
En ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, la invasión de viviendas deshabitadas ha sido protagonizada por población migrante o perteneciente a sectores informales que no tienen acceso a vivienda por medios tradicionales. En otras zonas, como Zumpango o Huehuetoca (Estado de México), han aparecido intermediarios que especulan con esas viviendas para después “colocar” personas necesitadas.
Además, la investigadora identifica una práctica grave llamada “acumulación por desposesión”: muchas de estas casas quedaron en cartera vencida, y sus propietarios perdieron tanto el crédito como el inmueble. Esto es un empobrecimiento doble: pierden vivienda y patrimonio, lo cual tiene un impacto socioeconómico profundo.
Uno de los diagnósticos más críticos hechos por Contreras Salgado es que la política habitacional en México ha privilegiado el financiamiento y la construcción masiva, en lugar del derecho humano a la vivienda. En otras palabras, más que garantizar hogares dignos, el sistema ha tratado la vivienda como un producto financiero.
Desde 2008 ha habido un auge en la construcción de vivienda nueva —muchas de ellas financiadas por el Infonavit—, pero también un aumento en las viviendas en cartera vencida. Esto ha derivado en desalojos, desahucios y pérdida de viviendas por parte de las familias, lo cual refuerza la desconexión entre la construcción de casas y el acceso real a ellas.
Contreras Salgado apunta que el crédito no debe ser el pilar central de la política de vivienda. En cambio, es urgente impulsar mecanismos alternativos para que la gente acceda a una vivienda digna sin depender exclusivamente de esquemas financieros. Para ella, la vivienda debe verse como un derecho, no como una mercancía.
El impacto urbano
El alto número de viviendas deshabitadas ha contribuido a la degradación urbana. Las casas vacías “degradan” el entorno, provocan desequilibrios en el tejido social y pueden convertirse en espacios simbólicos de abandono y desigualdad.
Además, hay una relación entre el fenómeno de la vivienda vacía y la expulsión de población: en muchos municipios, en lugar de atraer residentes, se está expulsando a gente. Este desplazamiento puede estar ligado a dinámicas migratorias, económicas o territoriales, lo cual hace necesario un estudio más profundo sobre cómo está afectando la vivienda deshabitada a la estructura de las ciudades mexicanas.
