Se dispara contrabando de cigarros por mayor impuesto
Salud miércoles 28, Ene 2026- Aumento de entre 15 y 22 pesos
- La diferencia de precio entre una cajetilla legal y una de contrabando supera los 75 pesos: Anpec
La venta de cigarros “pirata” está en paraderos de transporte público, aceras, cruceros y otros espacios públicos, pues la diferencia de precio con una cajetilla legal supera los 75 pesos, lo que estimula su consumo.
El encarecimiento de los cigarros, que supera los 100 pesos por cajetilla en puntos de venta, luego del alza del Impuesto Especial Sobre Producción Y Servicios (IEPS), ha fortalecido al mercado de contrabando, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
“Actualmente, 3 de cada 10 cigarros que se venden en el país son ilegales. Sin lugar a dudas, esta política fiscal ha terminado por llenar las alforjas de los cárteles del cigarro de contrabando que operan con amplios márgenes y, en gran medida, con total impunidad”, dijo el presidente del organismo, Cuauhtémoc Rivera, según el comunicado.
Denunció que las organizaciones criminales venden cigarros a plena vista de todos en estaciones del Metro, paraderos de transporte público, aceras, cruceros y otros espacios públicos, pues la diferencia de precio entre una cajetilla legal y una de contrabando supera los 75 pesos, lo que estimula su consumo y distribución.
Agregó que esos cigarros se venden incluso sueltos, a menores de edad y sin ningún control de calidad en su producción, lo que supone un riesgo para la salud pública.
Sobre las medidas para combatir el contrabando, la Anpec señaló que uno de los problemas para los pequeños comercios es que las sanciones no se limitan al importador, fabricante o a quien se los vendió. La responsabilidad también alcanza a quien vende, como el pequeño comerciante, almacena o simplemente tiene en su poder cigarros ilegales sin poder acreditar su legal procedencia.
“En el entorno actual, vender cigarros sin código de seguridad no es una falta menor, representa un riesgo real para la operación del negocio, el patrimonio familiar y la seguridad jurídica del comerciante”, destacó Rivera.
Entre las sanciones penales se encuentran la prisión de 3 meses a 5 años cuando se trate de contrabando sin agravantes relevantes o de 3 a 9 años cuando se configure contrabando calificado, como el uso de códigos falsos o alterados, documentación fraudulenta o cuando el monto de los impuestos omitidos sea elevado.
En cuanto a multas económicas equivalentes del 130 al 150 por ciento de las contribuciones omitidas, incluyendo el IEPS. También aseguramiento y decomiso definitivo de los cigarros o tabacos labrados, así como de los medios utilizados para su transporte o almacenamiento.
Y pueden ser sancionados comerciantes, distribuidores o cualquier persona que tenga en su poder cigarros ilegales si no puede acreditar su legal estancia y cumplimiento fiscal.
Por ello, la asociación pidió a sus afiliados y a los pequeños comerciantes a que compren solo a distribuidores formales, que revisen cada cajetilla y que conserven la documentación que acredite la legalidad de los productos.
Además, la Anpec exigió que la ley se aplique donde ya se sabe que se comete el delito: “Las acciones deben enfocarse en quienes venden abiertamente en las calles y conocidos centros de acopio y distribución de contrabando”. Pidió que la autoridad no busque “la piedrita en el arroz” en los pequeños comercios formales, “cuya vocación no es ni ha sido el contrabando”.
Mercado ilícito de cigarros genera pérdidas por casi 27,000 mdp anuales
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que 3 de cada 10 cajetillas de cigarros consumidos en México son de procedencia ilegal, lo que ha generado pérdidas en la recaudación por 26 mil 700 millones de pesos anuales.
“El mercado ilícito ya concentra el 28 por ciento del consumo en México, superando incluso a actores formales del sector tabacalero”, revela el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del IPN.
Esta cifra se ha triplicado desde 2017, mientras que los niveles de tabaquismo en México se han mantenido prácticamente constantes durante casi una década, a pesar del incremento sostenido de los impuestos sobre los productos legales, explicó el estudio que da continuidad a los análisis realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública en 2017 y 2023.
La investigación recolectó y analizó 9 mil 125 cajetillas en 11 ciudades a lo largo del país, concluyendo que durante 2025 se consumen más de 11 mil millones de cigarros que no cumplen con la normativa vigente ni el pago de impuestos.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre los peligros asociados al consumo de cigarrillos ilegales. Estos productos pueden ser falsificados, adulterados o fabricados con ingredientes desconocidos, lo que eleva la probabilidad de contener sustancias químicas tóxicas distintas a la planta de tabaco.
Uno de los principales riesgos es el bajo costo de estos cigarros, que facilita el acceso de niños y adolescentes y fomenta el inicio temprano en el consumo de tabaco en grupos vulnerables.
Decomisan 20 toneladas de cigarros ilegales provenientes de Japón
Un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Aduana del AICM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, permitió a principios del año el aseguramiento de 19,779.5 kilos de tabaco ilegal.
La incautación se realizó durante la revisión de seis cargamentos procedentes de Narita, Japón, entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026.
El valor comercial de los 954,380 paquetes de cigarrillos incautados supera los 70.7 millones de pesos. Esta acción evitó una evasión fiscal estimada de 16,224,460 pesos, cifra que corresponde al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) calculado en 17.03 pesos por cajetilla.
La organización mezclaba la carga ilícita con envíos legítimos en vuelos comerciales, apoyándose en empresas importadoras que gestionaban el despacho aduanero en México. El destino final era la distribución clandestina en el mercado interno, con graves repercusiones, tanto para la recaudación de impuestos como para la propiedad intelectual de marcas registradas y riesgos sanitarios.
