“La Constitución no es un instrumento ajustable a conveniencia del poder”
Miguel Ángel Rivera, Opinión miércoles 4, Feb 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
“Nuestra Constitución, además de profundamente social, fue pionera en el mundo al reconocer que la libertad sin justicia no es libertad real; educación, tierra, trabajo digno, derechos no son concesiones, tampoco nacieron en el 2018, llevamos años construyéndolo.
“Por eso en la Constitución de 1917 no sólo es un texto jurídico, es un pacto social que puso límites al poder y obligaciones al Estado”.
Estos principios fueron sostenidos durante la sesión del Senado en que se rindió homenaje de la Carta Magna nacional, con motivo del 109 aniversario de su promulgación, por la senadora hidalguense Carolina Viggiano Austria, quien recordó que, desde 2018 con la llegada al poder de la llamada Cuarta Transformación se han reformado 106 artículos constitucionales, casi el 70 % de la Carta Magna, a través de 63 reformas impulsadas, principalmente por el Ejecutivo y su mayoría legislativa.
“La Constitución ha sido tratada no como un pacto social duradero, sino como un instrumento ajustable a la conveniencia del poder”, dijo la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, al advertir que, “cuando se debilita la división de poderes, cuando se eliminan los contrapesos, cuando se normaliza que una mayoría ignore los límites constitucionales no estamos ante reformas, estamos ante una erosión democrática.
“Honrar la Constitución no es invocarla en discursos, es defenderla cuando incomoda; es respetar la división de poderes; es proteger sus principios sociales”, afirmó la licenciada en Derecho, con maestría en la Universidad George Washington, quien en seguida advirtió:
“Sin Constitución no hay república; sin división de poderes, no hay democracia; y sin justicia social, no hay futuro para nuestros niños y jóvenes que tienen que depositar su talento y su creatividad a veces en actividades criminales”, destacó la también secretaria general del PRI.
Luego de que legisladores de Morena y sus satélites del PT y PVEM defendieron las reformas constitucionales promovidas por el régimen de la llamada Cuarta Transformación, la senadora por el PAN María Guadalupe Murguía Gutiérrez recordó que esos cambios han sido posibles gracias a la sobrerrepresentación ilegal que tienen el partido oficial y sus rémoras.
“En la pasada elección del 24, Morena y sus aliados obtuvieron el 54% de la votación; el resto de los ciudadanos, el 46% restante, votó por otras opciones políticas. Sin embargo, esta pluralidad, que se refleja en las urnas, no está reflejada en la conformación del Congreso. Hoy, el oficialismo tiene una sobrerrepresentación.
“Una sobrerrepresentación que sí se la otorgaron las autoridades electorales, pero, con esta representación ha podido hacer prácticamente cualquier reforma constitucional sin escuchar las opiniones, las propuestas, las iniciativas de quienes representan el 46% de los ciudadanos.
“Así se han impuesto en el Congreso reformas que tienen un carácter regresivo y se ha configurado un gobierno centralista, autoritario que tiene una enorme concentración de poder en el Ejecutivo», dijo la senadora del PAN, quien hizo un recuento de esas reformas aprobadas por el oficialismo.
“La reforma del Poder Judicial que ha significado el desmantelamiento y la subordinación de este poder.
“La militarización total en materia de seguridad pública.
“La imposibilidad de impugnar reformas constitucionales, aunque vulnere o violen estas reformas de derechos humanos.
“Las reformas que debilitan significativamente al Juicio de Amparo en perjuicio de las personas respecto de las autoridades.
“La eliminación de órganos autónomos, con lo cual el gobierno, y vale repetirse, elimina los contrapesos.
Y, “El conjunto de reformas en materia de telecomunicaciones que vulneran el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales”, dijo la legisladora en su recuento, luego sentenció:
“Por otro lado, la austeridad no puede convertirse en un pretexto para la regresión constitucional.
“El ahorro en el presupuesto no puede ser un argumento para desmantelar instituciones y para vulnerar derechos democráticos.
“Ningún, ningún proyecto político puede estar por encima de la Constitución”.
Por su parte, el representante del grupo parlamentario de MC, el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, expresó que, en su partido, “nos preocupa que en distintos momentos la Constitución ha sido utilizada como un instrumento para objetivos políticos de corto plazo, reformas que no han dado los resultados prometidos, y que han generado más incertidumbre que soluciones.
La Constitución, afirmó, “no debe servir a intereses partidistas, sino acuerdos comunes al servicio del país.
“En Movimiento Ciudadano creemos que construir reformas que respondan el verdadero sentir de los mexicanos con responsabilidad, diálogo y visión de futuro; porque defender la Constitución es defender a México hoy y siempre”.
El legislador de MC aprovechó la efeméride para insistir en un tema que se planteó un día antes en ese pleno del Senado, el hecho de que está detenida una reforma que beneficia a todos los trabajadores del país:
“También es importante señalar que todavía está pendiente la publicación oficial de la reforma en materia de salarios mínimos; una reforma que ya fue aprobada, y que es urgente para garantizar mejores condiciones de vida de millones de personas trabajadoras”.
Este comentario se refería a la solicitud formulada en la sesión del día anterior, el martes 3, para que la presidenta de la Cámara, la Laura Itzel Castillo Juárez informara donde quedó atorada la reforma, a lo que respondió en forma escueta que lo ignoraba, pero ofreció tener una respuesta al día siguiente (ayer).
No lo hizo personalmente Castillo Juárez, pero en su lugar, también de manera escueta, la presidenta en funciones, Verónica Noemí Camino Farjat, también de Morena, expuso:
“Informo a la Asamblea que se amplió el turno de la iniciativa de reforma al artículo 123 constitucional, en materia de reducción de la jornada laboral, presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos”.
Los cargos diplomáticos no deben servir como premio a políticos
Por otra parte, la dirigencia nacional del PRI, encabezada por el ex gobernador de Campeche Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, lanzó un comunicado en el que denuncia el uso político de la red consular.
“El Partido Revolucionario Institucional condena de manera enérgica el uso político, ideológico y faccioso de la Red Consular mexicana por parte del gobierno de Morena, así como la designación de personajes carentes de autoridad moral para representar al Estado mexicano en el extranjero”, sostiene de entrada el documento de los priistas, que más adelante señala:
“La Red Consular fue creada para proteger y asistir a las y los mexicanos fuera del país, no para convertirse en refugio político ni en plataforma para premiar lealtades partidistas, encubrir trayectorias cuestionables o exportar la degradación institucional que hoy vive México. Su utilización con fines políticos constituye una grave distorsión del Servicio Exterior Mexicano y una violación directa al principio de neutralidad del Estado”.
En particular, la protesta de la dirigencia nacional del partido tricolor advierte que “resulta indignante la designación de Rutilio Escandón (ex gobernador de Chiapas) como cónsul general de México en Miami”, por considerar que se trata de “un personaje impresentable, identificado plenamente con Morena y marcado por señalamientos públicos y documentados de corrupción, vínculos con redes de impunidad y presuntas relaciones con el crimen organizado. Escandón no representa a México ni a su gente; representa a una camarilla de narcopolíticos auspiciados y protegidos por Morena”.
El documento priista denuncia que “el nombramiento de Rutilio Escandón es parte de una serie de designaciones políticas irresponsables que confirman que Morena convirtió la Red Consular en un botín partidista” y menciona a Donají Alba (Raleigh), Carlos Iriarte (Boston) y Marco Antonio Mena (San Francisco), “perfiles sin carrera diplomática, sin experiencia en política exterior y sin autoridad moral”.
