La 4T actualiza a Juárez para justificar su errática “justicia”
Miguel Ángel Rivera, Opinión jueves 19, Feb 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
El gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha demostrado que en materia de impartición de justicia su lema central es el aforismo atribuido a Benito Juárez –aunque no existen testimonios de que lo haya aplicado– “a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas”.
No es un caso aislado. Es un principio de aplicación general. Aquí van unos ejemplos:
La presidenta municipal suplente de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, sustituyó a su marido, Carlos Manzo, jefe de un movimiento opositor que reclamaba al actual régimen su falta de acción en contra de la delincuencia, fue asesinado y todo indica que el motivo central fue que resultaba incómodo para el gobierno y se perfilaba como un popular candidato al gobierno de su estado, el cual se disputará el año venidero y que, de postularse, derrotaría al candidato del partido oficial, cualquiera que fuese el señalado por el gran dedo elector de Morena.
Quiroz no sólo heredó el cargo, sino también se convirtió en potencial candidata al gobierno estatal con el respaldo del movimiento encabezado por su asesinado esposo y el agregado de la solidaridad que en la sociedad michoacana ha generado el alevoso atentado.
Esto antecedentes son necesarios porque, como parte de su deseo de justicia, la alcaldesa suplente anunció que presentará una denuncia ante la “autónoma” Fiscalía General de Michoacán en contra de tres políticos de Morena, el ex gobernador y ahora senador Leonel Godoy Rangel, el también senador Raúl Morón Orozco, quien nuevamente busca ser el candidato del partido oficial (el sexenio anterior, el Tribunal Electoral lo sancionó con la cancelación del registro por violaciones a la ley) y al ex presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, por presunta responsabilidad en el crimen.
El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que Grecia Quiroz presentó una denuncia en la Fiscalía, el pasado martes 17 de febrero, en el que la alcaldesa aporta seis pruebas en relación al homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre del 2025. El funcionario estatal indicó que se tratan de videos que circulan en fuentes abiertas, dónde se hace un señalamiento de indiciados.
El funcionario ofreció que cotejará la información presentada por Quiroz para comprobar su veracidad, pero no advirtió acerca de ninguna irregularidad.
En cambio, uno de los señalados, Raúl Morón, además de protestar su inocencia, advirtió que estudiaba la posibilidad de presentar una denuncia por difamación en contra de Quiroz.
Pero el embate no termina allí.
“Casualmente”, el diputado local por el Distrito 14 de Uruapan, Conrado Paz Torres, presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de Michoacán contra la alcaldesa, porque supuestamente aumentó el impuesto predial en forma exagerada sin cumplir con las normas.
Supuestamente, el legislador de Morena actúa en defensa de los contribuyentes, pero el verdadero fondo se aprecia por la sanción que pudiera recibir Quiroz: la inhabilitación de la alcaldesa para ocupar un cargo público, o sea, sacarla de las elecciones de 2027, para las cuales aparece como una de las favoritas de los votantes.
Otro caso muy sonado acerca de cómo opera la “justicia” de la 4T surge del libro “NI venganza ni perdón”, de Julio Scherer Ibarra y del colega Jorge Fernández Menéndez, en el que se denuncian delitos cometidos durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador por colaboradores muy cercanos, como su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, a quien presentan como ligado con el también ejecutado empresario Sergio Carmona, conocido como “Rey del Huachicol”, que supuestamente financió campañas de candidatos de Morena, como los gobernadores de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.
El huachicol es un delito que, según los enterados, significó una pérdida para el país de más de 600 mil millones y siguen tan campantes, pues las “profundas” averiguaciones oficiales están empantanadas.
Bajo la conducción de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia mañanera, la secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez –a quien supuestamente corresponde perseguir cualquier irregularidad en la administración pública– prácticamente exoneró a los funcionarios corruptos al repetir la cantaleta de su jefa: “que presenten denuncias”.
En otra mañanera, la fiscal “carnal” Ernestina Godoy, titular de la también “autónoma “Fiscalía General de la República (FGR) repitió la tonada pues dijo que lo aparecido en el libro de Scherer “no es suficiente para iniciar una investigación de oficio”.
Es el eco de lo que ha expresado la presidenta Sheinbaum, quien ha declarado que no ha leído el libro ni lo hará.
Es la misma respuesta acerca de la negativa de las autoridades a citar al ex secretario de Gobernación y ex coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, para que explique cómo colocó como secretario de Seguridad en su natal Tabasco al jefe de una banda criminal conocida como La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, ahora preso, pero sin que se hayan revelado sus nexos con ese y otros políticos, pues fue ratificado por el mandatario interino Carlos Manuel Merino Campos. que suplió a López Hernández.
Merino Campos también tuvo su recompensa, pues luego de su interinato en el gobierno de Campeche se incorporó al gobierno federal, como director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
El tema del huachicol está vinculado con la corrupción en las aduanas, pues el combustible ilegal entraba (entra, pues dicen los conocedores que continúa el tráfico) libremente a territorio nacional sin que los vigilantes notaran nada extraño. Casualmente, en uno de los puertos de más tráfico, Reynosa, un hermano del Rey del Huachicol, Julio César Carmona Angulo, fue titular de la aduana.
El ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca (PAN) denunció el contrabando de combustibles directamente al expresidente López y como prueba ha presentado la copia de un documento con el sello de recibido por la Presidencia de la República.
Nada ocurrió. Bueno, sí, el político tamaulipeco fue sometido a juicio político en la Cámara federal de Diputados, conde la mayoría oficialista le retiró el fuero y ordenó su destitución como gobernador, lo cual no procedió porque la última palabra correspondía al Congreso de Tamaulipas, en donde el panista tenía mayoría y, por lo tanto, pudo terminar su mandato. A la fecha es señalado como perseguido por la justicia mexicana, pero de alguna manera está protegido por las autoridades del país vecino. El ex presidente de su partido, Jorge Romero, contribuyó a fortalecerlo al designarlo representante del partido ante América del Norte.
En tanto, se dice que el mencionado Julio Carmona también se refugió al otro lado de la frontera, en donde supuestamente se convirtió en testigo protegido de las autoridades de los Estados Unidos, en donde se tienen detallados expedientes de los políticos y empresarios mexicanos ligados al tráfico ilegal de combustibles y otros delitos.
Una muestra más de la “justicia” estilo 4T fue objeto de un resonante anuncio de la presidenta Sheinbaum: su gobierno enviará al Senado una reforma constitucional para reducir las pensiones de por lo menos 6 mil 297 ex funcionarios federales de confianza, las cuales no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, salvo excepciones.
Según las cuentas del Ejecutivo, esta reforma permitirá recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos (mdp) que se destinarán a los Programas para el Bienestar.
Buenos propósitos, pero seguramente se toparán con la realidad.
Para empezar, la no retroactividad de las leyes. Aunque la llamada Cuarta Transformación se ha querido saltar el principio de la cosa juzgada, no es (o no debería ser) posible modificar acuerdos y convenios vigentes antes de la entrada en vigor de una nueva ley.
Los afectados podrían inconformarse ante los juzgados y obtener sentencias favorables.
O será que la 4T ¿confía en el respaldo de su incondicional Suprema Corte de Justicia, apodada de “El acordeón»?
Por cierto, ¿cuántas de esas jugosas pensiones se acordaron cuando Jesús Ramírez negoció la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza?
