La reforma electoral debería terminar con la ilegal sobrerrepresentación
Miguel Ángel Rivera, Opinión domingo 22, Feb 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
En momentos en que para la llamada Cuarta Transformación resulta casi vital asegurarse una mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión, el tema de la sobrerrepresentación vuelve a tener vigencia.
Está anunciado que el martes, Día de la Bandera, se dará a conocer la iniciativa preparada por el Ejecutivo Federal, pero no se ha especificado a cuál cámara entrará de inicio. Cualquiera que sea su destino, es requisito indispensable que sea aprobada por dos tercios de los legisladores presentes, que es lo que se conoce con el nombre genérico de mayoría calificada.
Para el actual régimen encabezado por Morena, esta reforma, como la de la reforma del Poder Judicial es fundamental, pues de aprobarse tendrá asegurado el control absoluto de la vida política nacional, ya que lo único que le falta es recuperar el control de las elecciones. Es cierto que el Instituto (INE) y el Tribunal (TEPJF) han fallado siempre a favor del oficialismo, pero no es lo mismo depender de «amigos» que tener el control directo.
Esta situación resulta más que evidente porque esa anunciada y hasta ahora varias veces frustrada reforma electoral depende de la «buena voluntad» de los aliados del partido oficial, PT y PVEM, pues sin sus votos no avanzarán los cambios tan anhelados.
Ya se ha comentado mucho que las rémoras se oponen a la reducción del número de plurinominales y la cantidad del financiamiento público, pues esos eventuales cambios ponen en riesgo su propia exigencia.
Es probable que el Ejecutivo ceda en esos puntos, pues como mencionó el interés central de la reforma redice en el control directo sobre todos los comicios que se celebren en la República, en lo cual no hay mayor inconformidad de sus satélites, siempre que se mantengan las condiciones para que reciban una parte del pastel consistente en una buena cantidad de diputados y senadores plurinominales y el respeto a sus plazas fuertes, como Quintana Roo y San Luis Potosí para los verdes.
Claro, de producirse tales cambios, se abren las posibilidades de mayores críticas contra la llamada cuarta transformación, pues uno de sus argumentos centrales para justificar la reforma es la reducción de costos, tanto de los organismos electorales como de las cámaras del Poder Legislativo.
Todavía el reciente día 19, al confirmar que mañana, martes, presentará su iniciativa, la presidenta Sheinbaum aseguró que no se modificarán los ejes principales de esa reforma supuestamente derivada de las consultas de la comisión encabezada por Pablo Gómez, pero que en realidad provienen desde el sexenio anterior, cuando los cambios fueron detenidos por la entonces autónoma Suprema Corte de Justicia, la cual desapareció para dar paso al nuevo tribunal resultado de los «acordeones».
«No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada, hay temas que ha plantado la gente», aseguró la Presidenta.
Sheinbaum precisó que no se trata de mandar una iniciativa sólo por mandarla. «El objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México, y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones, que disminuyan los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo, y el financiamiento de los partidos políticos».
Además, negó validez a supuestas copias de la iniciativa que circularon en los últimos días. Negó que la propuesta definitiva incluya incrementar el número de legisladores e insistió que el documento oficial se conocerá mañana martes.
Además es de tener en cuenta lo expresado, el pasado sábado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena, al que se supone es uno de los más allegados a la presidenta Sheinbaum, reiteró que el objetivo de la reforma es hacer menos costosos los procesos electorales, por lo que también se incluye la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples}.
«No tiene sentido volver a salir con una reforma electoral que deje intocado, que deje intacto, el enorme costo que significan las campañas electorales en nuestro país. Sí vamos a ser insistentes en reducir los financiamientos, los costos de las campañas electorales. «Muy bien se puede funcionar, sí se puede tener una buena representación, con menos dinero de los que actualmente se gasta».
No obstante, dejó abierta la posibilidad de la Cámara de Diputados no sólo mantenga su actual número, sino que inclusive lo aumenten. Señaló que, por tratarse de «la casa del pueblo» debe estar bien integrada, incluso con una representación especial de los migrantes mexicanos a través de una circunscripción especial.
Como se aprecia, todos los diversos aspectos de la reforma electoral confluyen en un solo punto: la representación de cada fuerza política y, sobre todo, la cantidad de legisladores que pueda tener cada de ellas.
Por eso, vale repasar lo escrito por académicos reunidos por el exministro de la Suprema Corte, exprocurador General de la República, Diego Valadés, junto con los también destacados académicos María Marván Laborde y Jesús Orozco Henríquez.
El libro, que recoge las opiniones de 17 especialistas, incluidos los ex presidentes del ahora INE, José Woldenberg y Lorenzo Córdoba, desde su título, pone en evidencia el «pecado original» de la llamada Cuarta Transformación: «La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión».
«La presente obra colectiva analiza, desde una perspectiva técnica y académica, cómo se conformó la sobrerrepresentación excesiva en las cámaras del Congreso de la Unión en 2024, y sus trascendentes consecuencias políticas y jurídicas. Se examinan las vías de hecho que tuvieron lugar en la instalación del Senado, y, por lo que se refiere al análisis de la Cámara de Diputaciones, se tienen como parámetros: a) el marco constitucional y legal del sistema mixto de representación proporcional y mayoría relativa en vigor desde 1996; b) sus antecedentes y su evolución histórica; c) su interpretación e implementación por las autoridades electorales, y d) los estándares internacionales de derechos humanos», dice la presentación de la obra, escrita por Mónica González Contró, también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).
«La cuestión de la sobrerrepresentación en el órgano Legislativo es re-
levante en el contexto de la reforma electoral a la que ha convocado la
presidenta de la República Claudia Sheinbaum, y el anuncio de que uno
de los temas que abordará será la propia integración de la representación
política. De allí que sea oportuno ponderar la pertinencia política y jurídica del marco constitucional y legal en vigor, así como la idoneidad y legitimidad de la interpretación asignada por las autoridades electorales que generó tal sobrerrepresentación excesiva, atendiendo a las características fundamentales de un Estado constitucional y democrático de derecho», advierte el texto, que detalla en qué consiste la sobrerrepresentación.
«La conformación en 2024 de una sobrerrepresentación, que le permitió a los partidos políticos que integraron la coalición Sigamos Haciendo Historia, alcanzar la mayoría calificada en la respectiva cámara. De conformidad con dichas resoluciones, con el 54% de la votación el oficialismo recibió el 73% de las curules; en cambio, y en detrimento de las minorías, con el 46% de la votación la oposición obtuvo 27% de las diputaciones.
«Por otra parte, también se aborda cómo la misma fuerza política oficialista se hizo de la mayoría calificada en el Senado de la República a través de la incorporación de tres senadores de oposición a su bancada mediante la corrupción.
«Una de las consecuencias de la citada sobrerrepresentación excesiva y
mayoría calificada para los partidos políticos integrantes de la coalición
oficialista, obtenida a través de una interpretación controvertida de la Sala Superior del TEPJF, ha sido la habilitación de la correspondiente fuerza
política para reformar, por sí sola, la Constitución y tomar unilateral-
mente las decisiones más trascendentes del Estado mexicano, sin requerir participación alguna de las minorías, y en contra de los propósitos explícitos de las reformas constitucionales de 1993 y 1996, que establecieron los límites a la sobrerrepresentación».
