Ante el éxito de los «acordeones», el gobierno pretende ponerlos en práctica para legisladores

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

Por donde se le vea «es la misma gata, pero revolcada».
Eso es lo que se puede decir del adelanto dado a conocer por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo ayer por la mañana acerca de la reforma electoral que desde hace años ha tratado de imponer la llamada Cuarta Transformación.
El 4 de noviembre de 2022, la inolvidable y antes poderosa presentadora de la sección «Quién es Quién en las Mentiras de la Semana» en la mañanera del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el caudillo de la 4T, Elizabeth García Vilchis dejó por un momento de perseguir a la prensa independiente para presentar los aspectos generales de la reforma electoral.
Para empezar, muy a su estilo, trató de desmentir versiones aparecidas en los medios en el sentido de que uno de los motivos centrales de la reforma consiste en devolver el control de las elecciones al ejecutivo federal.
Así, la encargada de perseguir a los medios inició su exposición con una negativa: no desaparece el INE, cambia de nombre, se llamaría INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas) que seguirá siendo autónomo.
Segundo punto sobresaliente: reducir el número de diputados de 500 a 300,.
Tercero. – También reducir el número de senadores, que pasarán de 128 a 96.
Cuarto.- Los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas.
Quinto.- Recorta el número de consejeros del INEC de 11 a siete.
Sexto.- Reducir el inanciamiento público a partidos políticos, En esa oportunidad se precisaba que el financiamiento sería solo para campañas electorales.
Séptimo.- Reducir a 30 minuto diarios de propaganda política en radio y televisión.
Octavo.- Disminuir la participación en una consulta popular (la revocación de mandato) de 40 a 33 por ciento para que sea vinculante.
Noveno. – Eliminar los órganos electorales locales, los denominados OPLES
Décimo.- Implementar el voto electrónico.
Un documento aparecido en la página oficial del Gobierno de la República, luego del fracaso de los primeros intentos de reforma electoral, luego de que el ex presidente López anunció un paquete de cambios constitucionales, asegura que con esas modificaciones:
«López Obrador busca reformar el sistema electoral mexicano con objetivos ambiciosos, incluyendo la garantía de seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. La propuesta aspira a erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales imparciales, manteniéndolas al margen de la lucha por el poder, y garantizar la libertad política para todos los ciudadanos. También aboga por la creación de un entorno propicio para la participación de partidos y candidaturas independientes, junto con la conformación de un mecanismo electoral único bajo el principio de austeridad. Además, se propone una elección transparente de las máximas autoridades mediante voto secreto, directo y universal.
«Entre las medidas destacadas se encuentra la eliminación de diputados federales, plurinominales y senadores, la fijación de parámetros poblacionales objetivos, la reducción del financiamiento a partidos y cambios en la revocación de mandato y consulta popular. También se busca ampliar los temas sujetos a consulta popular, eliminando restricciones en áreas como el sistema fiscal y la Guardia Nacional.
El político tabasqueño no pudo concluir con los cambios, pero su discípula y heredera, la actual presidenta (con A) Claudia Sheinbaum, asumió el compromiso de sacarlos adelante, con la ventaja de que ahora sí, la alianza gobernante (Morena-PT-PVEM) logró con el respaldo de incondicionales autoridades ellectorales, INE y TEPJF, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, luego, con amenazas y regalos, la conquistó también en el Senado.
La coalición tuvo éxito, sobre todo al reformar (y someter) al Poder Judicial, pero encontró un tope hasta ahora insalvable para concretar los cambios en materia electoral, el desacuerdo de sus satélites con partes sustanciales.
Aunque oficialmente no se daba validez a informes parciales acerca de los puntos sobresalientes de la propuesta gubernamental, en los hechos, los desacuerdos de los «satélites» de Morena han retrasado la presentación oficial de la iniciativa.
Esto lo admitió la propia jefa del Ejecutivo, pero finalmente ayer presentó los puntos principales de su iniciativa, todavía en espera de obtener el respaldo de sus rémoras.
Sin necesidad de recurrir a un vocero, los diez puntos dados a conocer por la mandataria incluyen:
Integración del congreso de la Unión. La Cámara de Diputados se mantendrá con 500 integrantes, 300 electos por mayoría relativa y 200 bajo el principio de representación proporcional, pero divididos en tres sectores, uno de 97 que obtengan los mejores resultados dentro de su partido, otro de 95 por votación directa por circunscripción y partido político y un tercero de sólo 8, para mexicanos residentes en el extranjero.
En el Senado, el total de miembros se reducirá 96 escaños, 64 de mayoría y 32 de primera minoría. Desaparecen los de representación proporcional.
Reducción del Gasto. El INE y tribunales electorales reducirán 25 por ciento sus presupuestos, además de que reducirán los salarios de los consejeros electorales y los tiempos para radio y televisión de los spots políticos de 48 a 35 minutos diarios como máximo. También incluye la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP.
En la mañanera donde se dieron a conocer las líneas generales de la iniciativa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la iniciativa se estructura en 10 puntos agrupados en cuatro ejes fundamentales, mientras que Pablo Gómez Álvarez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, detalló el proceso de consulta y el alcance de los cambios.
Gómez presumió que su grupo de trabajo realizó 63 audiencias públicas en 31 estados y siete ciudades de Estados Unidos, con mil 357 propuestas recibidas (no aclaró cuántas fueron admitidas). Además, se quejó de que México gastó 61,000 millones de pesos en el sistema electoral en 2024, lo que lo convierte en uno de los más costosos del mundo.
En respuesta a críticas que se han conocido a partir de trascendidos sobre la propuesta oficial de reforma, Sheinbaum aseguró que la reforma «no busca un partido de Estado ni un partido único».
También respaldó a Pablo Gómez, al sostener que se tomaron en cuenta las voces tanto de la ciudadanía como de la oposición para poder presentar los 10 puntos.
Por el contrario, los representantes de la oposición sostienen que nunca fueron tomadas sus opiniones en materia electoral, ni en otros temas.
Desde agosto del año anterior, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, lanzó un comunicado, en el cual desmintió a la presidenta Sheinbaum Pardo, respecto a sus comentarios sobre una supuesta invitación hecha para que los partidos de la oposición participen en la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.
«No hay ninguna convocatoria, ni invitación formal por parte del oficialismo, ni de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia los partidos de la oposición, en particular al PAN, a participar en la discusión de la reforma electoral», aseguró.
A su vez, el dirigente nacional del PRI, Alejandro «Alito» Moreno, dijo que, con la reforma electoral, «lo que quieren desde el gobierno es ganar a como dé lugar las elecciones del 2027».
Afirmó que, con el país incendiado, hoy no son tiempos para una reforma electoral, por lo que ratificó que el PRI irá en contra de la iniciativa que pretende presentar el gobierno de Morena, llamada como la «Ley Maduro», y tampoco la convalidará sentándose a discutirla.
A pesar de la negativa oficial, lo que hasta ahora se conoce de la reforma electoral confirma que debido al éxito de los «acordeones» para nombrar miembros del Poder Judicial incondicionales al sistema, también se quiere aplicar para la elección de legisladores y funcionarios electorales.
Ayer los ministros del acordeón dieron una muestra más de su parcialidad, al revocar el amparo del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, cuyo mayor delito fue exhibir la protección oficial al huachicol.