Sin sus aliados, Morena exhibió ser menos poderoso de lo que parece
Miguel Ángel Rivera, Opinión miércoles 11, Mar 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Más allá del fuerte impacto que significa el rechazo de una iniciativa presidencial, lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados puso de manifiesto cuál es el verdadero tamaño de Morena, que ha disfrutado de una ilegal mayoría calificada que no obtuvo en las casillas electorales, sino por medio de dictámenes infundados de las autoridades electorales, es decir, Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Fuera de esos dictámenes derivados de malas interpretaciones de las leyes en la materia, la ilegal mayoría calificada de Morena se construyó con el respaldo de dos partidos aliados, el PT y el PVEM, que obtuvieron más diputaciones de las que les reportaban los sufragios obtenidos, pero su fuerza aumentó notablemente con el respaldo del partido oficial.
Esta situación irregular se puso de manifiesto con la “brincadera” de diputados de un partido a otro en cuanto se instaló la actual LXVI Legislatura.
Con esas alianzas, el gobierno que se dice construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación logró realizar cambios constitucionales de primer orden, como la desaparición del Poder Judicial Federal y la creación de uno nuevo con jueces de todos niveles incondicionales del régimen, elegidos también fraudulentamente mediante “acordeones”.
En anteriores procesos, los legisladores de los partidos minoritarios, calificados también de satélites o rémoras, eran tratados en lo individual como “hermanos menores”, por decirlo de alguna manera no despectiva. Un ejemplo significativo de esas diferencias lo dio el impresentable diputado Gerardo Fernández Noroña, quien llegó a su Cámara postulado por el PT, pero se puso incondicionalmente al servicio de Morena, hasta que se le admitiera oficialmente en la bancada del partido oficial.
La importancia de la mayoría calificada quedó en evidencia desde el sexenio anterior, cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador intentó una reforma energética que fue bloqueada por la oposición. Así que el fallido intento de su discípula y sucesora, la actual presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo no se puede considerar ninguna novedad.
Lo que sí es novedad, en lo que va del todavía breve periodo de actual sexenio –iniciado el 1 de octubre de 2024– es la decisión de los partidos satélites de salir se la órbita marcada por el partido oficial y votar contra la iniciativa presidencial.
Desde antes de que llegara la propuesta oficial al Congreso se conocieron desacuerdos e inconformidades con la iniciativa de reforma electoral supuestamente construida mediante una simulada consulta popular a cargo de Pablo Gómez Álvarez, militante de organizaciones de izquierda en las que adquirió fama de intolerante.
Los conocedores indicaron que los cambios propuestos por el oficialismo, que asegurarían el predominio absoluto de Morena, al mismo tiempo ponían en riesgo la existencia de sus satélites, por la recorte al financiamiento público, la reducción del número de senadores y el cambio en la forma de elección de los candidatos a legisladores por el sistema de representación proporcional.
Sean o no precisos estos antecedentes, lo cierto es que ayer, sin los votos de sus aliados, Morena no pudo imponer los cambios sugeridos desde Palacio Nacional sin cambiarles ni una coma, como lo lograron en otros casos.
Para muchos analistas, la rebeldía de PVEM y PT de cualquier forma los deja es una posición endeble, al grado de continuar bajo la amenaza de la desaparición o de acciones judiciales en contra de algunos de sus líderes, como ha ocurrido anteriormente con políticos que no se someten a los designios de la llamada Cuarta Transformación.
Lejos de esos sombríos pronósticos, la realidad indica que, con su negativa, se revaluaron los votos de las bancadas de PT y PVEM, pues hicieron efectivo algo que hasta ahora quedaba en el ámbito de las suposiciones: la importancia de su respaldo (sus votos) para que Morena pueda hacer realidad sus proyectos.
Al inicio de la columna indiqué que el rechazo a la iniciativa presidencial de reforma electoral puso de manifiesto la verdadera dimensión de Morena en esa Cámara, proporción que está más apegada al porcentaje de votos que logró en 2024.
Sin tomar en cuenta la inusitada cantidad de votos alcanzada por Sheinbaum (más de 35 millones), el porcentaje de Morena, como partido fue del 45 por ciento y esa es la relación que reflejó la votación en la sesión de ayer en San Lázaro.
Votaron a favor de la iniciativa oficial 259 diputados, pero entre ellos están algunos legisladores del PVEM y PT que optaron por “quedar bien” con Morena antes que con los partidos que los postularon. Esa cantidad representa un poco más del 51 por ciento del total de los 500 integrantes de la Cámara, proporción que está más cerca de lo que exige la Constitución y no las concesiones de consejeros y ministros electorales, pues la constitución acepta que el partido mayoritario alcance una sobrerrepresentación de 8 puntos porcentuales y, si la aritmética no falla, 45 más 8 suma 53, que es más o menos el porcentaje de la votación de ayer.
Esas cifras pueden variar un poco, pues se debe tomar en cuenta que tres diputadas –Giselle Arellano Ávila, Alejandra Chedraui Peralta y Santy Montemayor Castillo– que oficialmente forman parte de la bancada de Morena, votaron contra la iniciativa oficial. Además, al partido guinda le faltaron otros cuatro legisladores, que no asistieron a la sesión: Jesús J. Jiménez, Iván Peña Vidal, Manuel Espino Barrientos (enfermo) y la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero. ¿Será que su formación como jurista le hizo encontrar aspectos inconstitucionales en el proyecto de ley y prefirió ausentarse antes que aprobar algo con lo que no está de acuerdo?
También debe tenerse en cuenta que doce diputados que se dicen del PVEM optaron por respaldar la iniciativa que pone en riesgo a su partido. Ellos son: Anabel Acosta Islas, José Braña Mojica, María del Carmen Cabrera Lagunas, Carlos Canturosas Villarreal, Manuel Cota Cárdenas, Denisse Guzmán González, Blanca Hernández Rodríguez, Hilda Licerio Valdés, Mario López Hernández, Iván Marín Rangel, Alejandro Pérez Cuellar y Ruth Maricela Silva Andraca.
Por el PT, hubo más espíritu de cuerpo. El único legislador que optó por sumarse a los “morenos” fue Jesús Roberto Corral Ordoñez.
Además de los mencionados casos del PT y el PVEM, la votación en contra sumó 234, incluidos los integrantes de las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, lo cual confirma la debilidad de la oposición.
El grupo más pequeño es el de MC y por ello, le correspondió el primer turno de los posicionamientos a favor y en contra a su coordinadora la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco, quien sostuvo:
“México sí necesita una reforma electoral. En la bancada naranja creemos que el sistema está rebasado por la realidad en varias dimensiones.
“La participación ciudadana sigue cayendo, los procesos electorales continúan siendo inequitativos y sujetos a presiones externas, y las instituciones están inmersas en burocracias que no abonan a la certeza electoral.
“El reto es genuino y legítimo, pero la solución que propone Morena no va en esa dirección. Cualquier reforma electoral debe de buscar y propiciar una mayor representación política, una mayor equidad en las contiendas, una mayor inclusión y una mayor participación, sobre todo”, afirmó.
El coordinador de la bancada del PRI, el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, sentenció: “Venimos a decir no a una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que pretende imponer la visión de una minoría. Hay que señalar que, por más grupos numéricos o sentencias judiciales que consigan, son y seguirán siendo una minoría respecto al universo ciudadano.
“Tampoco el voto popular le dio al régimen el permiso para dividir a México ni para usar normas secundarias para destruir el orden constitucional. Porque hay agentes del régimen que amenazan con dar un golpe al Estado de derecho.
“Decimos no a la iniciativa por ser producto de una visión unilateral que no se consultó, autoritaria, que presta oídos sordos a las opiniones de las oposiciones, los especialistas y hasta de los aliados del gobierno y su partido”.
