Parece que el principal interés del oficialismo es la “revocación” del mandato
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 23, Mar 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
La iniciativa presidencial de reforma electoral presentó características de una novela por entregas -ya sea por escrito, por radio o televisión, pues Palacio nacional dispone de los tres medios- pero al paso del tiempo toma el cariz de solamente un elemento de distracción.
Lo que se ignora es qué asunto está empeñado el gobierno de la República en ocultar, aunque saltan a la vista problemas de suma trascendencia que no han sido solucionados y, al parecer, ni siquiera existe el interés por atenderlos.
Uno de esos graves problemas que “no se quieren ver” es el de los desaparecidos, a pesar de que las cifras oficiales han aumentado, como consecuencia de otro tema que incomoda a las autoridades nacionales, el de los asesinatos violentos.
Por ejemplo, un estudio de la organización México Evalúa, dado a conocer en septiembre del año anterior puso de manifiesto que el anuncio oficial en el sentido de que los homicidios dolosos habían disminuido casi 27 por ciento fue resultado entre 201 y 2025 es “compensada” por un “alarmante” aumento de delitos asociados, lo que se conoce como violencia letal, la cual incluye la suma de homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y la integridad corporal y personas desaparecidas y no localizadas.
Esta desatención del gobierno de la llamada Cuarta Transformación fue puesta nuevamente de relieve por organizaciones de madres buscadoras, a las cuales se han negado a recibir la actual presidenta (con A) y su caudillo y antecesor.
Padres y madres buscadoras realizaron una manifestación ayer por la mañana frente a Palacio Nacional en la CDMX para exigir una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum
Como acto sobresaliente, los representantes de esas organizaciones entregaron un documento denominado “Récord Guinness” simbólico para denunciar que México es el país con más desaparecidos, un récord que, por supuesto, no es reconocido oficialmente
En ese texto se documenta que en nuestro país son más de 130 mil personas desaparecidas. Los manifestantes lo hicieron contrastar con un auténtico récord que hace apenas unos días recibieron los gobiernos federal y de la Ciudad de México, por haber organizado la “clase” de futbol con mayor participación en el Zócalo capitalino, para el cual esta vez hubo suficiente dinero para cubrir con una alfombra verde de pasto artificial.
Uno de los padres, de nombre Gustavo Hernández, quien perdió a un hijo, dirigió un mensaje a la inquilina de Palacio Nacional:
“Señora Presidenta: este no es un premio, es una vergüenza mundial. Se lo traigo (el Guinness de desaparecidos) para que lo mire a los ojos y entienda que detrás de cada número hay un nombre, una mamá que ya no duerme, un papá que ya no vive. Mi Abraham Zeidy Hernández del Razo se fue el 14 de mayo de 2024 y desde ese día yo dejé de existir”, afirmó.
El padre buscador recordó que en una entrevista con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, le pidió rescatar al menos una parte de los restos de su desaparecido hijo y añadió que le solicitaba a la Presidenta: “recíbanos”. Como en Palacio Nacional no les recibieron su testimonio, el padre buscador agregó:
“Si con el récord mundial de nuestro dolor no nos abren la puerta ¿entonces con qué sí?»,
Los colectivos llegaron a la sede del Ejecutivo federal, donde colocaron el reconocimiento simbólico, diseñado de manera similar a los Récord Guinness, con fecha del 16 de marzo de 2026, señalando la grave crisis humanitaria.
Las organizaciones de madres y padres buscadores solicitaron también al gobierno federal no minimizar la cifra de personas no localizadas y destinar mayor presupuesto para identificación forense y seguridad para sus labores de búsqueda en campo, pues con frecuencia ellos mismos son víctimas de asesinatos por el único delito de buscar a sus vástagos desaparecidos.
La manifestación se realizó al tiempo que se desarrollaba la conferencia mañanera.
Tampoco se ha solucionado la falta de medicamentos en las instituciones oficiales de salud, pero eso sí, se confirmó que viajaba rumbo a Cuba un tercer convoy con ayuda para ese pueblo que sufre graves carencias que no se han podido solucionar en casi siete décadas de “gobierno revolucionario”.
El reciente viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el tercer envío por barco de ayuda humanitaria para Cuba.
Sheinbaum comentó asimismo que “busca la manera” de enviar combustible a la isla sin poner en riesgo a México, por las amenazas del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, de imponer sanciones a quien suministre petróleo a Cuba.
El barco que zarpó del puerto de Veracruz se suma a otros dos envíos de más de 2 mil toneladas de víveres que salieron en febrero.
Mientras tanto, sigue la incertidumbre en el Senado en torno al proceso para dictaminar la iniciativa de reforma constitucional conocida como “plan B”, luego de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aplazaron la reunión programada para este lunes supuestamente para revisar y en su caso aprobar la iniciativa para someterla al pleno de esa llamada Cámara alta.
Los secretarios técnicos de ambas comisiones informaron por escrito a los senadores integrantes de esas instancias que el proyecto aún no está listo, pues se encuentra en revisión por aspectos de técnica legislativa, lo que obligó a posponer la reunión programada para este lunes a las 18:00 horas.
En consecuencia, la discusión para dictaminar esta iniciativa podría realizarse este martes o el miércoles en comisiones, pero quedaría pendiente para la semana de pascua, pues los legisladores respetarán los “días de guardar” de la Semana Mayor.
El senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara informó que la reunión podría realizarse hoy o mañana, “o cuando exista el consenso necesario para someter el dictamen a votación”.
Estos y otros comentarios similares han dado ocasión a rumores en el sentido de que persisten desacuerdos dentro del oficialismo, en particular con sus satélites. En este caso, sobre todo se habla de inconformidades de parte de la bancada del PT, cuya inconformidad ya frenó el intento de reforma constitucional también surgido desde Palacio Nacional.
Es de recordar que la fecha límite para realizar los cambios en la materia termina el último día de mayo, pues cualquier modificación a los procesos debe entrar en vigor tres meses antes del inicio del periodo electoral 2026-2027, que se iniciará en septiembre. Además, en esa fecha termina el actual periodo ordinario de sesiones y el siguiente empezará hasta septiembre.
Por eso es que se comenta en medios legislativos que todo indica que el tan mencionado “plan B” sólo es un intento de distracción, pues lo que verdaderamente parece importarle a la jefa del Ejecutivo sólo es asegurarse que se empate el proceso de consulta popular para la revocación de mandato, para que ella pueda encabezar las campañas de los miles de candidatos del oficialismo que intentarán obtener los numerosos cargos que estarán en disputa, entre ellos la renovación de la mitad del Poder Judicial Federal, claro mediante el sistema de “acordeones”, pues será casi imposible que los electores puedan recordar al menos los nombres de los aspirantes previamente “bendecidos” por el oficialismo.
Esa posibilidad de que la Presidenta salga a hacer campaña no solamente ha sido repudiada por la oposición, sino que también inconforma al PT, pues sus dirigentes estiman que la presencia de la mandataria beneficiará únicamente al partido mayoritario del bloque oficialista, Morena, pero podría resultar tóxico para sus satélites, el mismo PT y el PVEM.
Al respecto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, recordó que la reforma electoral es un compromiso de su partido con la sociedad para acabar con los privilegios y sostuvo que ese planteamiento es irrenunciable.
Indicó que el tema de la revocación de mandato es uno de los puntos más importantes, ya que se plantea que se lleve a cabo cada tres años o cada cuatro, para que se someta a este proceso democrático a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, al tiempo que se preserva el derecho del pueblo de elegir a sus gobernantes.
