Presióninflacionaria alcanza al alimento básico de los mexicanos: la tortilla
Miguel Ángel Rivera, Opinión miércoles 15, Abr 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera.
Apenas unos días antes surgieron advertencias en el sentido de que acciones del gobierno federal como el aumento de las tarifas en las autopistas del país tendrían un efecto inflacionario, los productores de un alimento básico, la tortilla, confirmaron las malas nuevas al anunciar el aumento de precio.
En efecto, el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) advirtió que se ha vuelto “insostenible” mantener el precio de la tortilla, debido al incremento acumulado en los costos de producción.
Por principio, el presidente de esa organización, Homero López García, quitó responsabilidad a los productores del maíz, ya que por acuerdos entre los campesinos y el gobierno federal, el precio de garanía se mantiene estable.
Pero así como en este aspecto el régimen que se presenta como contructor del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación ha tenido éxito en contener la carestia, otras de sus decisiones han tenido fecto contrario.
El dirigente del Consejo Nacional de la Tortilla atribuyó las presiones para el incremento del precio a otras disposiciones gubernamentales como los aumentos a salarios, impuestos, cuotas de seguridad social y licencias, además de otras derivadas de condiciones del mercado como el costo de refacciones e insumos como el papel utilizado para envolver el alimento.
Resultado: “ya es insostenible mantener este precio”, insistió, al señalar que en los últimos tres años los costos han aumentado alrededor de 17 por ciento, lo que ha reducido los márgenes de ganancia de las tortillerías.
El incremento se viene de inmediato. El representante de los productores dijo que el alza podría aplicarse a partir de ayer, 15 de abril. El aumento sería de entre dos y cuatro pesos el kilo, lo cual obvimente, afectaría en mayor medida a quienes tienen menores ingresos, lo cual anularía en la práctica el tan pregonado lema de la 4T, “primero los pobres”.
Como es de suponer, las autoridades han negado que esté justificado el anunciado aumento.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “no hay ninguna razón” para incrementar el precio, al asegurar que el maíz se mantiene en niveles bajos.
Por su parte, la Secretaría de Agricultura y la Procuraduría Federal del Consumidor, reiteraron que no existe justificación técnica ni económica para un aumento.
Además, la mandataria instruyó a su gabinete a reunirse con productores y comerciantes vinculados al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla y al Paquete Contra la Inflación.
No obstante, el dirigente de los productores insistió en que el aumento responde a acciones gubernamentales, entre las cuales mencionó el déficit de refacciones la falta de control al autorizar la instalación y operación de nuevas tortillerías, lo cual su organización califica de competencia desleal. Indicó que en el país operan más de 130 mil tortillerías, cantidad que sobrepasa en elevado porcentaje la cantidad de negocios necesarios y esto reduce los ingresos por establecimiento. Vender entre 100 y 180 kilos diarios ya no le resulta rentable a los negocios formales, precisó.
Además, López García denunció que, cerca de la mitad de los negocios del ramo opera en la informalidad, pues no cumplen con obligaciones fiscales o regulatorias.
Actualmente, el precio promedio del kilo de tortilla en el país es de 24.2 pesos, aunque puede variar entre 15.75 y hasta 31 pesos dependiendo de la región.
Aunque el CNT no fija precios, el dirigente señaló que podrían darse ajustes regionales de entre uno y dos pesos en la Ciudad de México, e incluso de hasta cuatro pesos en otras zonas del país.
En tanto, organismos como la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) reiteraron su compromiso de mantener una producción eficiente, mientras que Profeco informó que continúa el monitoreo de precios en tortillerías del país.
Malos resultados de los nuevos jueces del “acordeón”
Uno de los supuestos grandes logros que pregona la llamada Cuarta Transformación es la elección de los juzgadores que integran el Poder Judicial, pero del otro lado, ese original sistema – en ninguna otra nación todos los jueces son producto de comicios – ha generado toda clase de protestas, pues los nuevos funcionarios han evidenciado falta de capacidad profesional y responder en gran medida a prejuicios ajenos a la debida interprtación y apliucación de las leyes.
De hecho las críticas por el erróneo método surgieron desde las mismas casillas, pues la mayor parte de los nuevos juzgadores surgieron de listados irregulares, conocidos en la picarescapolítica nacional como “aordeones”, distribuidos desde el oficialismo entre electores coptados.
También, un mes después de aprobada la reforma constitucional, en octubre de 2024, se conoció un dictamen atribuido a ministros de la saliente y autónoma Suprema Corte de Justicia en el cual se proponía anular las empañadas elecciones.
El referido proyecto de sentencia proponía anular la elección de cientos de jueces y magistrados, por considerar inconstitucional la polémica reforma judicial que el oficialismo aprobó en el Congreso, pero que la oposición rechazó desde un inicio.
La ponencia, atribuida al magistrado Juan Luis González Alcántara – quien llegó a ese alto cargo a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador – indica que «no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán» como candidatos a jueces y ministro, n tampoco existían «garantías para que se emita un voto informado».
La reforma judicial impuesta por el partido oficial, Morena, y sus entonces todavía incondicionales satélites, PT y PVEM implicaba la destitución de 1,700 jueces, magistrados y ministros, los cuales serían relvados en dos partes, una en las elecciones de junio de 2025 y la segunda en las votaciones programadas para el año venidero.
Los argumentos a favor de la destitución de los juzgadores fue supuesta corrupción qwue nunca fue comprobada, pues nadie fue consignado.
Lejos de comprobar capacidad y eficiencia, los ministros del acordeón han cometido fallas fundamentales que violan principios básicos del derecho como el principio de inocencia y la no retroactiviad de las leyes.
Por eso han surgido numrosas protestas e inclusive se ha llegado a proponer la total nulidad de las viciadas elecciones de esos juzgadores ahora repudiados.
A las voces de inconformidad se ha sumado recientemente el senador sonorense Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional el PRI, ahora alejado de la actual dirigencia, pero que mantiene su actitud crítica respecto a las fallas y abusos de la llamada Cuarta Transformación.
“Yo creo que, en la parte del Poder Judicial, lo que más le convendría a este país es suspender esta segunda elección y pensar en un método que fortalezca mucho mejor al Poder Judicial, y ese no es el electoral. Se demostró en la última elección, que le llamaron, pues, jocosamente la del acordeón, de qué poca fue la participación y muchas fueron las insatisfacciones por parte de todos sobre los resultados, dijo el también expresidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado.
«Creo que habría que pensar mejor la segunda parte de esta renovación del Poder Judicial, y podríamos encontrar alguna regla que le diera más fortaleza técnica y capacidad que la que se logró con la incursión de varios personajes que han dejado mucho que desear; por ejemplo, que todos se sometieran a un examen de oposición previo a la elección. Si hay un examen de oposición, sabemos que son gente capacitada, suficientemente, como para poder ejercer ese cargo y, posteriormente, pensar en una elección; pero primero oposición y después la elección”, propuso el político sonorense.
«Es que hay fallas enormes en este primer ejercicio, que se hizo en la elección de la primera parte del Poder Judicial, y está a la luz pública que tenemos que repensarlo. Percibe campañas en los ministros, que fueron electos, claro que sí, en los ministros, en los magistrados y en los jueces; está a la luz pública que no están lo suficientemente fortalecidos técnica y profesionalmente como para ejercer ese cargo”, añadió Beltrones.
De lo que se trata es de evitar que se repitan las fallas de la primera etapa de las elecciones, en la cual participó apenas uno de cada ez electores registrados.
