El derrame de petróleo en el Golfo de México deja un fuerte olor a huachicol
Miguel Ángel Rivera, Opinión domingo 19, Abr 2026
CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
El ocultamiento oficial del origen del enorme derrame de hidrocarburos en el Golfo de México lleva necesariamente a sospechar que hubo mayores irregularidades que las hasta ahora admitidas.
Lo peor es que, en ese sentido, no es posible aceptar el dictamen inicial de las autoridades, ya que muy a su estilo ya encontró presuntos culpables, pero de bajo nivel, lo que cimenta las sospechas de que se trata de “chivos expiatorios”.
Es cierto que los tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) cesados y sujetos a investigación por la Fiscalía General de la República estaban en el segundo nivel entre los mandos de esa empresa estatal, varios niveles por arriba del maquinista declarado “culpable” de la tragedia en el ferrocarril Transístmico, pero muy por debajo de los altos niveles del gobierno federal, en donde se presume que están los verdaderos “capos” del huachicol, un delito que, oficialmente, le ha costado al país más de 600 mil millones de pesos, cifra difícil de asimilar pues en números se representaría de la siguiente manera. 600,000,000,000, es decir, 12 cifras con 11 ceros.
Esto significa que, en la realidad, el desastre que afectó al Golfo de México es muchísimo más grave que lo que admitió la ilustre zacatecana gobernadora de Veracruz y ex secretaria de Energía (lo que la colocaba como jefa de Pemex), quien se atrevió a decir que eran “solo unas gotitas”.
Esta clase de mentiras involucraron inclusive a la Presidenta (con A) de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien según nota publicada por el portal Daily Motion el 23 de marzo –casi un mes después de iniciado el derrame, según trascendió posteriormente– anunció que el desastre sería investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), conducida por su incondicional Ernestina Godoy.
“Ya hay un delito penal en este caso”, subrayó durante su conferencia matutina. Señaló que esa problemática –que ha ocasionado daños ambientales en aguas de Veracruz y Tabasco– fue ocasionada por un barco privado y personal de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) trabaja para limpiar las zonas naturales afectadas.
Después la versión se complementó muy al estilo de la llamada Cuarta Transformación, al acusar a los gobiernos anteriores, descalificados por “neoliberales”. En este caso se dijo que el referido barco particular involucrado en el accidente fue contratado por el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
También, desde los altos niveles de los gobiernos federal y estatales, se dio crédito a otra versión que culpaba nada menos que a la “madre naturaleza”, pues se presumió que el hidrocarburo brotaba naturalmente de “chapopoteras” ubicadas en el fondo marino.
Por supuesto, esos intentos de distracción no tuvieron éxito, pues al mismo tiempo pescadores y habitantes de la zona costera del Golfo de México, fundamentalmente de los estados de Tabasco y Veracruz, denunciaron lla llegada de chapopote a sus playas, además de cubrir grandes extensiones del mar, lo que afecta al ecosistema, pues bloquea la luz solar e impide la fotosíntesis, además de contaminar gravemente la fauna marina (peces, aves, mamíferos) por intoxicación directa y cubrimiento de plumas/pelaje, además de destruir manglares y arrecifes, con impactos que duran décadas.
Las justas protestas de los ribereños fueron respaldadas por organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace México, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, o Cemda, contradijeron las versiones oficialistas al señalar que las imágenes satelitales que captaron muestran que el origen del derrame fue en realidad un oleoducto de Pemex.
De acuerdos con estimaciones de esas organizaciones, el derrame de petróleo ha alcanzado ya 933 kilómetros de litoral en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, impactando por completo el Corredor Arrecifal del suroeste de esta región.
A través de un comunicado, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México demandó una respuesta integral ante la contingencia, además de solicitar la suspensión de actividades de exploración y extracción petrolera en la cuenca como medida preventiva.
La organización también advirtió que las comunidades costeras comienzan a registrar afectaciones a la salud, derivadas del consumo de productos marinos, con un aumento en padecimientos gastrointestinales. Asimismo, denunciaron daños económicos y la ausencia de acciones de limpieza e indemnización por las pérdidas sufridas.
Con todo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, se atrevió, tras casi un mes del derrame de hidrocarburo en el golfo de México, a afirmar que en el Sistema Arrecifal de Veracruz «no hay rastros de hidrocarburo».
Pero tal vez lo más grave es que la Secretaría de Marina, reportó que su personal sobrevoló amplia zona del Golfo de México sin encontrar la enorme mancha.
La presión, sobre todo la realidad, obligó al gobierno, y a Pemex en particular, a admitir que el derrame se inició en sus instalaciones.
Más de dos meses después de que inició el derrame, el gobierno de México, a través del grupo interinstitucional, conformado por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó el jueves que el derrame en el Golfo de México se debió a una fuga en las instalaciones de la empresa estatal Petróleos Mexicanos en el complejo de Cantarell, ubicado en la Sonda de Campeche.
Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y parte del grupo interinstitucional, dijo que, tras el análisis de más de 70 imágenes satelitales, desde el norte de Veracruz hasta Campeche, “existe evidencia de que sí hubo un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones de la plataforma Abkatún, (en el complejo de) Cantarell de Pemex, el cual fue dispersado e interperizado. No se tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto”.
En paralelo, Pemex reportó haber cesado a tres funcionarios implicados en el grave accidente, quienes, al parecer, intentaron ocultar lo ocurrido.
Según esta versión el derrame, detectado inicialmente en febrero, se originó por una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas en el complejo Cantarell. Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, confirmó la “pérdida de integridad mecánica” y anunció la destitución de tres altos funcionarios por ocultar información y manejar el incidente con opacidad.
Para los estándares del gobierno de la 4T, la investigación llegaría hasta ese nivel, pero siempre quedan dudas, sobre todo por el referido reporte de la Secretaría de Marina de no haber podido localizar la mancha producto del derrame.
No se puede olvidar que el escándalo derivado del descubrimiento de la utilización de grandes embarcaciones para el contrabando de combustible puso de relieve la culpabilidad de altos mandos de la Marina, incluidos dos sobrinos políticos del anterior secretario del ramo, José Rafael Ojeda Durán. Esto, además de las misteriosas muertes de varios mandos también involucrados en la ilegal actividad.
Esto lleva a la misteriosa “fuga” en el oleoducto, pues cabe suponer que esto fue derivado de una perforación ilegal para desviar el destino del combustible y aprovisionar a esos buques misteriosos que llevan y traen el hidrocarburo, con la ventaja adicional de que son aprovisionados lejos de cualquier aduana.
La perforación de ductos es una realidad cotidiana en tierra firme, por lo que un profano supone que no sería imposible hacer lo mismo en el mar.
Esto lo confirma la nota principal del diario Reforma en su edición de ayer:
“Cada 50 minutos se detectó una toma clandestina en ductos de Pemex durante 2025 para el robo de combustible, de acuerdo con cifras oficiales.
“El número de perforaciones, el año pasado, fue de 10,591, según el estadístico de la petrolera, solicitado vía Transparencia”.
Esto lleva a recordar al caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en alguna de sus tantas mentiras incluyó la de asegurar que había acabado con el huachicol.
En su primer informe de labores, el 1 de septiembre de 2019, el jefe del actual régimen aseguró que “se ha reducido el robo de combustible en un 94 por ciento”.
También sostuvo: “tenemos que aplicar la ley por parejo, ni huachicol arriba ni huachicol abajo”.
Promesa incumplida.
