Ya no es rumor: el gobernador de Sinaloa es acusado por EU de tráfico de drogas y armas
Miguel Ángel Rivera, Opinión miércoles 29, Abr 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Mientras en los altos niveles de la llamada Cuarta Transformación se rasgan las vestiduras por la supuesta violación a la soberanía nacional atribuida al gobierno de Chihuahua por presunta intervención de agentes extranjeros en acciones para destruir narco laboratorios, entre sus filas se esconden a prominentes políticos implicados en acciones de contrabando, lo mismo drogas hacia los Estados Unidos que armas para grupos criminales que operan en México.
Esta irregular (por decir lo menos) situación quedó en evidencia por denuncias de autoridades de los Estados Unidos, que pidieron la extradición de ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados a organizaciones criminales que, en el vecino país están clasificadas como terroristas.
La relación de inculpados, que varía entre 9 y más de 20, la encabeza el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien está bajo sospecha desde antes de llegar a su elevado cargo. Las denuncias en su contra se cimentaron desde su nominación como candidato a gobernador por Morena. Ese proceso tuvo como delegado del partido oficial al ahora también gobernador, pero de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, a su vez ligado también a organizaciones criminales, sobre todo dedicadas al huachicol.
El respaldo de esas fuerzas criminales a los candidatos de Morena, no sólo de Rocha Moya, se hizo evidente porque el día de las elecciones, 6 de junio de 2021, gatilleros de los cárteles secuestraron a operadores y simpatizantes de los partidos de oposición, para asegurar una votación favorable al partido oficial.
Resultado: Rubén Rocha Moya ganó el gobierno estatal con más del 55 por ciento de los votos y Morena, en alianza con el partido local PAS y con el PVEM conquistó 15 de 18 presidencias municipales y el total de las diputaciones estatales de mayoría (24), a los que se suman 6 de representación proporcional, mientras los diez restantes se dividieron entre los partidos de oposición.
Las oposiciones y organismos de la sociedad civil presentaron protestas, pero los filiales organismos electorales estatales y federales los desecharon.
Sólo a manera de ejemplo, el derrotado candidato de la coalición opositora al gobierno de Sinaloa el senador priista Mario Zamora Gastélum reveló que no encontró ni un solo abogado que quisiera firmar la denuncia que hizo contra Américo Villareal por intimidación y presencia de grupos criminales en su proceso electoral del año anterior. Aseguró que durante la elección al menos mil personas fueron privadas de su libertad. Pidió defender la democracia y que los grupos criminales no tengan incidencia en las votaciones.
Pese a las denuncias, los “morenos” repitieron la maniobra en las elecciones intermedias de 2024, esta vez en contra de sus ex aliados del PAS.
Mediante un plantón frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), en Culiacán, militantes y dirigentes de los partidos de oposición pidieron la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya por el levantón de dos operadores políticos del Partido Sinaloense (PAS), la mañana del sábado 13 de abril de 2024. También participaron en la protesta trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Exigieron a la autoridad investigadora esclarecer los hechos en donde una patrulla de la policía municipal levanta a Luis Alonso García Corrales, secretario de operación política y de Juan Francisco Cerón Beltrán, militante del partido.
El gobernador Rocha Moya negó que su administración estuviera involucrada en la privación ilegal de los dos operadores políticos del Partido Sinaloense (PAS) e inclusive se atrevió a señalar que se ha tratado de un “auto-secuestro”.
En su “conferencia semanera”, Rocha Moya no solamente señaló un “autoatentado” por parte del PAS, sino que hizo pública su solicitud a la Fiscalía General del Estado (FGE) de tomar como línea de investigación su “hipótesis”.
La presencia de personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) resulta relevante porque su ex rector y diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado en otro suceso que generó nuevas sospechas acerca de los vínculos del mandatario sinaloense con la delincuencia organizada, en particular con el denominado Cártel de Sinaloa (CDS).
El ex rector y también ex presidente municipal de Culiacán fue victimado en una reunión durante la cual fue secuestrado y llevado a los Estados Unidos el capo del CDS Ismael Zambada García, conocido por el sobrenombre de “El Mayo”. Al parecer, el presunto jefe del narco aceptó participar en ese encuentro, debido a que además de Cuén Ojeda, le aseguraron que estaría el gobernador Rocha Moya, quien no apareció, y declaró haber viajado a Los Ángeles.
Hasta donde ha trascendido, por informes periodísticos y por denuncias del propio Zambada, lo que ocurrió fue que los traicionó su ahijado Joaquín Guzmán López, hijo de su socio Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, para entregarlo a los Estados Unidos, al parecer para reducir las condenas de su padre y la propia.
La Fiscalía General de la República, entonces a cargo del actual embajador de México en Gran Bretaña, Alejandro Gertz Manero, invalidó el montaje, pero no avanzó en las investigaciones, al grado que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación todavía está en espera de que las autoridades de los Estados Unidos le aclaren qué fue lo que ocurrió en esa reunión.
Por más intentos de Rocha Moya y de sus compañeros del oficialismo por eliminar sospechas, las autoridades de los Estados Unidos han filtrado informes acerca de sus relaciones.
Ayer, esos rumores dejaron de serlo para convertirse en realidad.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó ayer, miércoles, una denuncia formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas de su gabinete.
A ellos y a otros políticos y empresarios se les imputan cargos por narcotráfico y tráfico de armas.
Además de Rocha Moya y Díaz Vega, en la lista aparecen Enrique Inzunza Cázarez, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, jefe de Investigación criminal de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, aliaa “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez, ex jefe dela Policía estatal; José Antonio Dionisio Hipolito, Alias “Tornado”, quien fue segundo al mando de la Policía estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde en funciones de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán, alias “Juanito”.
Respecto a Valenzuela Millán, se le imputan, además, delitos relacionados con su participación en secuestros de un informante de la DEA y un familiar del mismo, que resultaron muertos.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.
El texto también indica que, “como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
Rocha Moya enfrentaría una cadena perpetua o 40 años de prisión por los cargos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
“Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T»; respondió Rocha Moya a las acusaciones de EU.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que ayer se recibieron solicitudes de extradición y señaló que, se turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se evalúen conforme a la legislación mexicana.
¿Los defenderá la 4T, como lo hizo con el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda?
