Continúa el trato desigual para aliados de Morena y para quienes no lo son
Miguel Ángel Rivera, Opinión martes 12, May 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Los Estados Unidos solicitaron a México la extradición de diez individuos, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acusados de complicidad con organizaciones criminales radicadas en nuestro país que se dedican sobre todo al tráfico de fentanilo, por lo que para las autoridades del vecino país resultan terroristas.
La respuesta inmediata del gobierno de la llamada Cuarta Transformación fue la de solicitar pruebas de que, efectivamente, los indiciados cometieron delitos que justifiquen ser entregados a un tribunal radicado en Nueva York, en donde, de resultar culpables, enfrentarán severas condenas, incluida la prisión perpetua (no la pena capital, porque conforme al acuerdo de extradición entre las dos naciones no se puede aplicar a reos de origen mexicano).
La segunda reacción de las autoridades mexicanas fue solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación especial para determinar si los funcionarios y ex funcionarios mexicanos incurrieron en algún delito.
Con toda la celeridad del caso, en apenas unos cuantos días, ese organismo encargado de perseguir a la delincuencia, encabezado por la “fiscal carnal” Ernestina Godoy Ramos dictaminó que “no hay delito que perseguir”, en particular en el caso del mandatario con licencia de Sinaloa, quien con tal decisión podría retornar de inmediato a su cargo, al cual se separó precisamente para dejar en libertad a los investigadores de hacer su trabajo sin que pesara sobre ellos la sombra de un funcionario de alto nivel.
En su apresurada pesquisa, la FGR no tomó en cuenta que ella misma –cuando la encabezaba el ahora embajador de México en Gran Bretaña, Alejandro Gertz Manero– echó abajo una simulación organizada por el gobierno de Sinaloa para hacer aparecer que el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en ese momento diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén, había sido asesinado en un intento de robo de su camioneta, cuando en realidad estaba muerto desde horas antes, en un sitio en donde fue secuestrado el jefe de una de las facciones del Cártel de Sinaloa (CDS) Ismael Zambada García, más conocido por el sobrenombre de “El Mayo”, para ser entregado a cuerpos de seguridad de los Estados Unidos.
Hasta la fecha, el gobierno mexicano ignora bien a bien lo que sucedió en ese encuentro, al que también fue convocado el gobernador Rocha Moya, pero dijo no haber asistido porque viajó ese día a Los Ángeles, California, aunque hasta ahora no hay testimonio de ello.
Por su parte, la fiscalía de Estados Unidos que solicitó la extradición expuso en su demanda que Rocha Moya triunfó en unas elecciones viciadas por la intervención de grupos armados supuestamente manejados por el referido Cártel de Sinaloa que secuestraron e intimidaron a ciudadanos para que votaran por Morena o no llegaran a las casillas. Esto no fue suficiente argumento para los investigadores del oficialismo, que tampoco hicieron caso cuando los partidos de oposición denunciaron esas irregularidades que debieron ser suficientes para anular las elecciones.
En resumen, para el gobierno de la presidenta (con A), Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Rocha Moya y coacusados son “blancas palomas”.
Con algunos días de diferencia, el régimen que construye el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación se colocó en la situación contraria, al solicitar la extradición del contraalmirante Fernando Farías Laguna, preso en Argentina por haber ingresado a ese país con un pasaporte falso.
Para el gobierno, el alto mundo de la Marina (dado de baja deshonrosamente) junto con su hermano el vicealmirante Manuel Roberto –actualmente preso en la prisión de alta seguridad de Almoloya– es el jefe, de una red delincuencial dedicada al denominado huachicol fiscal, que no es más que contrabando de combustibles derivados del petróleo.
De ninguna manera es un asunto menor. Según cálculos oficiales, ese delito, con empleo de buques, carros-tanque y una flota de camiones cisterna que transportaban millones de litros de combustible tiene un costo para el país de más de 600 mil millones de pesos, sin que hasta ahora se sepa que ya fue eliminado. Es decir, también en esta materia hubo una mentira plena del caudillo de la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, quien durante su mandato aseguró haber acabado con el huachicol.
Ese contrabando involucra, además de los hermanos Farías, a otros altos mandos de la Secretaría de Marina, incluidos sus dos titulares, el anterior, José Rafael Ojeda Durán, y el actual, Raymundo Pedro Morales Ángeles. El primero es tío político de los hermanos Farías y se excusa por el hecho de haber denunciado la ilegal actividad ante el anterior fiscal, el mencionado Gertz Manero y el segundo, que también denunció la ilegalidad. Durante el desfile militar del 16 de septiembre de 2025, el titular de la Marina admitió la existencia de esta red de corrupción. Afirmó que «fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido absolutamente imperdonable callar”.
Las evidencias apuntan que la red de protección y encubrimiento del huachicol llega hasta los más altos niveles de la administración pública. Sin embargo, la eficiente FGR ya determinó que los jefes son los hermanos
Los hermanos Farías ya respondieron y se declararon “chivos expiatorios”, pues aseguran que ellos fueron los que llevaron ante su tío, el ex secretario Ojeda Durán, al también contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, que fue el primero en denunciar las irregularidades. El costo para ese mando naval fue muy elevado: lo asesinaron en Manzanillo, Colima. Este es sólo uno de los crímenes vinculados con la complicada trama del contrabando de combustibles, pues una investigadora de la FGR, Magaly Janet Nava Ramos, también fue sacrificada.
A pesar de ser uno de sus elementos de confianza, el entonces Fiscal Gertz Manero ya no avanzó en las investigaciones, ni mucho menos su sucesora, pero de cualquier forma ha dictaminado que los jefes del multimillonario “negocio” son los hermanos Farías. Estos, por su parte, se han quejado en misivas dirigidas a la presidenta Sheinbaum y en declaraciones a la prensa, por conducto de sus abogados, de que no se les ha permitido conocer el expediente, ahora denominado “carpeta de investigación” utilizado para inculparlos.
La información se conserva en secreto porque supuestamente puede afectar la seguridad nacional, pero los Farías alegan que esto los deja en desamparo, pues no pueden preparar su defensa.
Como se aprecia, en el fondo son dos casos similares. Se cometieron delitos y los presuntos responsables son buscados por las autoridades respectivas. Rocha Moya y allegados, por el gobierno de los Estados Unidos, y el contralmirante Farías es reclamado por las autoridades mexicanas.
Son claros ejemplos del trato diferenciado de la llamada Cuarta Transformación con los presuntos delincuentes. Respeto al principio de presunción de inocencia cuando se trata de acusados que forman parte de las filas de Morena, y apresuradas “investigaciones” para encontrar culpables en el caso de que no militen en el partido oficial.
Para mayor referencia, es de recordar la tragedia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en donde los diligentes investigadores de la FGR encontraron que los culpables son un maquinista y un despachador. Por fortuna, la situación se corrigió por fallo de una juez federal ordenó el sobreseimiento del caso y la liberación inmediata de los acusados.
¿Quieren otro caso de aplicación desigual de la justicia?
Basta voltear a Chihuahua, en donde arrecia la arremetida de Morena en contra de la gobernadora panista Maru Campos.
Al contrario de la lenidad con que se actúa respecto a Sinaloa, en Chihuahua, la nueva dirigente nacional de Morena, la ex secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, anunció movilizaciones a partir del 16 de mayo para exigir juicio político de desafuero contra la gobernadora.
¿El supuesto delito de la mandataria? Permitir la participación de agentes de la CIA en cuestiones de seguridad, con lo que presuntamente violó la soberanía nacional.
Eso no está probado, pues la entrada y salida de extranjeros es responsabilidad del gobierno federal. El operativo en cuestión consiste en la destrucción de un narcolaboratorio que, según Morena, no existen en México.
