Todo listo para cambiar fecha de elecciones del Poder Judicial, que nadie quiere
Miguel Ángel Rivera, Opinión lunes 18, May 2026
CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Todo el gobierno federal se mueve como si se tratara del ensayo de una orquesta de cámara (de Diputados y de Senadores) para aprobar la reforma electoral que trasladará las elecciones de la segunda parte de los integrantes del Poder Judicial Federal de 2027 A 2028.
De paso, aunque seguramente se negará en medios oficiales, lo que se prepara significa corregir, aunque parcialmente, un error del caudillo de la llamada Cuarta Transformación al ejecutar su venganza contra un Poder Judicial autónomo que le bloqueó varios de los cambios que pretendió imponer, al declararlos anticonstitucionales.
Este equilibrio de poderes varió en 2024 cuando avasallados Instituto (INE) y Tribunal (TEPJF) electorales concedieron a Morena y satélites (PT y PVEM) una ilegal mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que luego mediante cooptación y presiones alcanzaron también en el Senado.
Con esa mayoría calificada en el Congreso de la Unión, más el respaldo de la mayoría de las cámaras de diputados estatales, el nuevo régimen consiguió aprobar la desaprición de los tribunales desde juzgados de primera instancia hasta la Suprema Corte de Justicia, bajo el populista argumento de que los nuevos juzgadores serían elegidos directamente “por el pueblo”. Como complemento, le quitaron al máximo tribunal la facultad de impugnar cambios a la Carta Magna.
Desde un inicio, los partidos de oposición presentaron justificados argumentos en contra, que no pudieron hacer efectivos en el Congreso por estar reducidos. Al mismo tiempo, destacados abogados constitucionalistas y organizaciones no gubernamentales descalificaron los cambios y advirtieron acerca de graves deficiencias.
Los problemas surgieron desde el momento mismo de organizar las elecciones, programadas para el 1 de junio de 2025, pues el gobierno federal, con el aval de la Cámara de Diputados regateó recursos al INE con la justificación de la austeridad, por lo que los consejeros, luego de luchar por un aumento, decidieron reducir la cantidad de casillas que se instalan para las elecciones federales.
En realidad, aun la cifra reducida resultó demasiada, pues muy pocos electores (uno de cada diez de los registrados) acudieron a las urnas. Los pocos que acudieron a las casillas, según versiones periodísticas y de organismos autónomos, fueron inducidos o acarreados, además de enfrentar la complicación representada de identificar a los mejores entre el elevado número de candidatos, más de 800, cantidad casi imposible de conocer al menos superficialmente para la mayor parte de los ciudadanos.
Este obstáculo lo “superó” el oficialismo mediante una engañifa muy común en las escuelas, los “acordeones”, listados que fueron impresos y repartidos subrepticiamente -se supone que con cargo a partidas oficiales- en los que extrañamente se repetían casi los mismos nombres y que obviamente sus propietarios resultaron elegidos.
Esa fue la primera fase de la renovación del Poder Judicial, la segunda parte, que incluye a la mitad de los funcionarios se programó para 2027, año de elecciones federales en los que se disputarán 500 diputaciones federales y cientos más de congresos estatales, así como los poderes ejecutivos de 17 entidades federativas, es decir más de la mitad de la República.
Ahora, el régimen se da cuenta de que resulta muy complicado realizar esos dos comicios en el mismo año, por lo cual se habló de la conveniencia de separarlas. Al parecer, la recomendación ahora sí fue atendida en los altos niveles del gobierno federal,
Los rumores se convirtieron en realidad hace unos días, primero la presidenta Sheinbaum anunció que se proponía promover el cambio de fechas, de 2027 a 2028, luego, la nueva consejera jurídica de la Presidencia, la ex secretaria de Gobernación y ex presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que enviaría ayer mismo la iniciativa al Congreso para aplazar la próxima elección judicial federal y local, que incluye la simplificación de la boleta y una reducción en el número de candidatos.
“Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección del Poder Judicial al 2028”, reiteró la mandataria en su conferencia mañanera.
De inmediato, la también nueva presidenta nacional de Morena, la ex secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, respaldó la propuesta para aplazar la elección del Poder Judicial hasta 2028 y evitar que coincida con los comicios de 2027.
La dirigente “morena” afirmó que separar ambos procesos permitirá una elección más ágil para renovar gubernaturas, alcaldías y diputaciones, además de facilitar la organización de los comicios judiciales y hacer más sencilla la participación ciudadana, al reducir la cantidad de papeletas en 2027.
Montiel sostuvo que los cambios buscan preservar la participación popular y mejorar la experiencia electoral.
También destacó que, como parte de la reforma, habrá capacitación continua de jueces y magistrados, lo que resultaría muy conveniente, como lo han demostrado las fallas y deslices de los nuevos juzgadores, incluidas ministras de la Suprema Corte de Justicia.
Más allá de la opinión de la dirigente nacional de Morena, lo que resulta destacable es la inmediata respuesta del coordinador de los diputados federales de Morena, el ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, quien aseguró que el proceso empezaría de inmediato y quedaría listo en una semana, apenas a tiempo para que entre en vigor para el proceso electoral 2026-2027. Lo que sí, será necesario convocar a un periodo extraordinario de elecciones, pues actualmente el Congreso federal está en receso.
Monreal confirmó que el jueves 21 de mayo la Comisión Permanente definirá la convocatoria a un periodo extraordinario para discutir la iniciativa.
A su vez, la presidenta de la Cámara, la panista Kenia López Rabadán, advirtió en conferencia de prensa ayer lunes que el Congreso enfrenta un plazo límite para aprobar cambios electorales antes de septiembre próximo, cuando inicia formalmente el proceso federal de 2027.
No obstante, la legisladora opositora consideró que la discusión representa “una gran oportunidad para corregir las deficiencias de la reforma judicial (de 2024)”.
Es seguro que la mayoría oficialista aprobará los cambios, como siempre, con dispensa de trámites y a la mayor velocidad posible.
El organismo electoral que queda comprometido con estos casi seguros cambios es el Tribunal Electoral Federal que ya rechazó una petición para aplazar la elección judicial hasta 2028.
En la sesión nocturna de reciente miércoles 11, los magistrados la Sala Superior coincidieron en que era improcedente la impugnación presentada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), el cual demandaba precisamente que el máximo órgano jurisdiccional declarara la existencia de una incompatibilidad constitucional y con ello postergar la elección del Poder Judicial para el 2028.
Los magistrados sostuvieron que la protesta era improcedente y, entre otros puntos, destacaron que ese organismo no tiene facultades para revisar la Constitución.
Por otra parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) se declaró en contra de la reciente iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, para aplazar la elección judicial a 2028 y realizar ajustes al proceso de selección de juzgadores por voto popular.
A través de un comunicado, la asociación señaló que llevar la elección judicial al 2028 representa “la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original”.
Desde que se propuso la reforma judicial, la Jufed y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) organizaron un paro nacional y diversas manifestaciones para oponerse a esta medida, denunciando que se trataba de una reforma que no solucionaba los problemas de fondo en la justicia mexicana.
La asociación afirmó textualmente que “posponer la elección de 2027 a 2028 no resuelve la crisis de legitimidad ni el colapso logístico; solo prolonga la agonía de un sistema de justicia bajo asedio”. La reducción de aspirantes y el rediseño de las boletas, la asociación las calificó como “intentos cosméticos que no eliminan la contaminación partidista”
En tanto, el PRI, PAN y MC anunciaron que votarán contra la propuesta.
