Más allá de elogios oficiales a la reforma judicial, el gobierno empieza a hacerle cambios

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

Por más justificaciones y acusaciones contra la oposición y los gobiernos del pasado, lo cierto es que la llamada Cuarta Transformación inició ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el proceso para remediar uno de los más grandes errores, la reforma judicial que a nadie satisface.

En efecto, luego de un ríspido debate, la Permanente aprobó con los votos del oficialismo convocar a un periodo extraordinario de sesiones para revisar y seguramente aprobar tres iniciativas enviadas por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, entre las cuales aparece un intento por combatir la intromisión del crimen organizado en las elecciones.

Esta reforma se presenta en momentos en que el régimen enfrenta denuncias, sobre todo provenientes de los Estados Unidos, en el sentido de que funcionarios llevados al poder por el partido oficial, Morena, son cómplices o encubridores de organizaciones delincuenciales, calificadas de “terroristas” por las autoridades del vecino país.

Aunque el bloque oficialista, integrado por las fracciones de Morena y sus rémoras del PT y PVEM, intentaron desviar la atención y antes de que se escuchara una descalificación o denuncia de parte de la oposición, los legisladores oficialista intentaron anticiparse con acusaciones contra los opositores mediante el recurso de acusarlos de “traidores a la patria” o de haber sido socios de delincuentes cuando gobernaron el país.

En particular, hubo duras acusaciones contra la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, por haber permitido la participación de agentes extranjeros en un operativo para destruir laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas.

También revivieron los descalificativos contra el ex secretario de Seguridad del presidente (también del PAN) Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien está preso en los Estados Unidos, sentenciado por proteger a organizaciones criminales, acusado por los mismos que ahora han dado elementos para que las autoridades de la vecina nación soliciten la extradición del gobernador “moreno” de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador, también sinaloense, Enrique Inzunza, quien sigue sin aparecer, a pesar de haber sido elegido para formar parte de la bancada de Morena en la Permanente.

Además, como es costumbre cuando se trata de sacar a toda prisa las iniciativas enviadas por la Presidencia, desde la convocatoria para el periodo extraordinario empezaron las dispensas de trámites. Al respecto, la presidenta del Senado y de la Permanente, la “morena” Laura Itzel Castillo, luego de dar cuenta de la iniciativa para convocar al periodo extraordinario -firmada por los presidentes de las juntas de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, y de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal-  consultó a la asamblea si “el asunto” podía ser considerado “de urgente resolución”. De paso, la titular de la Mesa Directiva puso en evidencia una falta de ese órgano legislativo: todavía no integra las comisiones de trabajo, por lo que la iniciativa tuvo que ser planteada ante el pleno.

De cualquier forma, el caso fue puesto a votación nominal, pues se requería mayoría calificada, que integraron Morena y sus satélites. La votación fue de 25 a favor, por 10 en contra.

Después de una batería de oradores que se esforzaron por destacar la necesidad de ese periodo extraordinario y de exaltar la bondad de las iniciativas presidenciales, el primero en poner en evidencia los errores del oficialismo fue el diputado del PAN Marcelo de Jesús Torres Cofiño:

“Hoy la presidenta Sheinbaum nos trae una iniciativa, que sin quererlo termina convirtiéndose en una confesión política nacional”, afirmó, de inicio, el legislador azul, quien continuó: “aquí aplica un dicho jurídico que hoy les queda como anillo al dedo, ese que decía tanto su líder moral, el líder moral de los narcos del Bienestar, pues bien, a confesión de parte, relevo de prueba.

Recordó que “durante años nos dijeron que era exageración de la oposición; nos dijeron que advertir sobre la infiltración criminal era campaña negra; nos dijeron que hablar de narco candidatos era paranoia; nos dijeron que denunciar posibles redes de protección política era simple golpeteo.

“Pero hoy resulta que el propio gobierno presenta una iniciativa para evitar que el crimen organizado se infiltre en las candidaturas.

“Entonces, surge una pregunta inevitable ¿en qué quedamos?

“¿Mentíamos nosotros o apenas descubrieron algo que millones de mexicanas y mexicanos llevan viendo desde hace años?

“Porque aquí lo verdaderamente grave no es la iniciativa; lo verdaderamente grave es lo que significa. Significa reconocer que el crimen puede intentar influir o influye en alcaldías, en Congresos, que puede influir en gubernaturas y que puede influir en el poder nacional. Y eso tiene nombre, una amenaza directa contra la democracia y contra el Estado mexicano”.

Luego, señaló que “la realidad les explotó en la cara, porque esta iniciativa no sólo pretende blindar candidaturas, esta iniciativa desnuda la narrativa completa. Durante años repitieron que aquí no pasaba nada, que todo era propaganda, que todo era invento, los conservadores; bueno, culpaban hasta a ex presidentes.

“Y ahora, el propio gobierno reconoce que el problema existe; claro, porque vinieron los señalamientos del gobierno de Estados Unidos.

“Se los repito, a confesión de parte, relevo de prueba”.

Después de otros oradores oficialista, llegó el turno del senador Clemente Castañeda Hoeflich, quien señaló otro de los aspectos destacados de las iniciativas que se analizarán en el periodo extraordinario, programado para iniciarse el venidero martes 26, nada menos que cambios en la reforma judicial que tanto ha presumido la llamada Cuarta Transformación.

“Lo dijimos desde que se dio el debate, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, era una reforma hecha al vapor, sobre las rodillas, que intentaba lo que sigue siendo una demanda de las y los mexicanos, tener acceso de los hombres y las mujeres de este país a la justicia.

“En lugar de eso, lo que intentaron y lo que están haciendo es un proceso de captura política de uno de los poderes públicos. Pero debo decir que no nos vamos a oponer a la discusión de esta reforma judicial, vamos a dar todas las batallas que sean necesarias para enmendarle el plan al oficialismo.

“Hay que reconocerlo, y me parece que la convocatoria al período extraordinario es un reconocimiento tácito del fracaso de la reforma judicial”, afirmó el legislador de MC, quien luego  dijo que su partido no podía convalidar la convocatoria al periodo por incumplimiento de los procedimientos.

Empezó por las cuestiones de forma: Calificó de inconcebible que, cuando menos hasta este momento, no tengamos en la Gaceta Parlamentaria electrónica dos de las supuestas iniciativas que vamos a discutir.

Agregó que la otra iniciativa, la que habla de integridad en candidaturas, apenas conocemos un power point. “Otra vez estamos en lo mismo, vamos hasta este momento a reaccionar en función de lo que se presenta en la mañanera.

“Y la otra iniciativa, que sí conocemos hace diez minutos, que habla de las causales de nulidad de la elección. Pero la otra iniciativa, la que habla del sistema de medios de impugnación en materia electoral, sigue hasta este momento brillando por su ausencia.

En su intento por descalificar a los “traidores a la patria”, los oradores del oficialismo mencionaron al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, por sus frecuentes viajes al extranjero para denunciar ante organismos internacionales y de los Estados Unidos la protección en México de funcionarios a las organizaciones delincuenciales

El referido presidente del tricolor, sin hacer referencia al debate en la Permanente, lanzó un comunicado en el que refutó las acusaciones y reviró:

“ustedes son una pandilla de delincuentes que hoy tienen el poder”.

En su texto, el ex mandatario de Campeche aseveró que desde el gobierno se protege, justifica o guarda silencio ante quienes extorsionan, secuestran y asesinan a miles de mexicanas y mexicanos en el país y sostuvo que en su caso, se le puede acusar de lo que quiera, pero precisó que “jamás me podrán acusar de pactar con los cárteles del crimen organizado”.