¡Aguas, funcionarios públicos! ahora sí la Secretaría Anticorrupción se puso enérgica

CLASE POLITICA  Miguel Ángel Rivera

Ahora sí, a temblar malos funcionarios. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se puso en el mayor grado de intolerancia ante mal comportamiento de quienes ocupan cargos en el gobierno.

La dependencia a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, la que fuera secretaria de Economía y, sobre todo, enérgica perseguidora de los evasores del fisco como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aplica ahora ese mismo rigor con los funcionarios públicos que no cumplen con los principios de la llamada Cuarta Transformación, o sea, no mentir, no robar y no traicionar.

Como escarmiento, el sábado anterior, a pesar de que por lo general se considera como día de descanso, la enérgica dependencia federal dio a conocer severas sanciones a nueve trabajadores de siete dependencias de primer nivel, como la Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y hasta el Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

Las faltas o delitos que se les atribuyen son tan graves como desatender o mal responder a clientes (siempre primero el pueblo) y otros todavía peor, como cometer fraude al presentar documentos para justificar gastos con cargo al presupuesto público.

No reproduzco los nombres de los inculpados, para no hacer más grave el castigo, pero sí hago el recuento de los graves errores en los que incurrieron y por lo cual merecieron los castigos de una severa administración pública que no está dispuesta tolerar ninguna falta contra el pueblo bueno y sabio.

Por ejemplo, cabe mencionar el ejemplar castigo a los funcionarios del puerto de Manzanillo (no se aclara si son militares o civiles), consistente en destitución e inhabilitación para desempeñar otros cargos públicos, por no atender a una demanda laboral y por presentar documentos inválidos.

Otro más grave, pues afecta a una institución que es propiedad de todos los mexicanos, la CFE, por haber autorizado servicios de suministro de energía sin cumplir todos los ordenamientos en la materia y un médico del IMSS por faltas de respeto a una compañera, con lo cual desatendió el principio establecido desde la Presidencia de la República, que sostiene que “llegamos todas”.

Eso sí, la dependencia, precisa que “Las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

“Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, si lo hacen, esta secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.

Con eso es suficiente o ¿se requieren más muestras de la energía que se debe aplicar contra los malos funcionarios?

No, no se hace referencia a ningún empleado público de alto nivel que encubra o participe en la protección de organizaciones de delincuentes, ya sea que se dediquen al narcotráfico, la extorsión o el contrabando de combustibles conocido popularmente como huachicol fiscal.

Seguramente la titular de la Secretaría Anticorrupción no quiere invadir funciones, pues como ex responsable del SAT, seguramente tuvo conocimiento del ilegal tráfico de combustibles que, obviamente, dejan de pagar impuestos por la importación y venta. De acuerdo con cifras oficiales, el costo para el país de esa ilegítima actividad se estima en 600 mil millones de pesos y, como Johnnie Walker, sigue “tan campante”.

También es de suponer que, por respeto a los principios del federalismo, esa dependencia federal no ha llamado a cuentas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a sus nueve allegados que han sido inculpados por autoridades judiciales de los Estados Unidos de estar vinculados y brindar protección a organizaciones criminales radicadas en ese estado, en particular el denominado Cártel de Sinaloa (CDS).

Tampoco se menciona a los mandos de alto rango Fernando Farías Laguna y su hermano Roberto, a quienes la igualmente enérgica Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado como jefes de la banda dedicada al huachicol, aunque ellos alegan ser inocentes, al grado de haber denunciado oportunamente la ilícita actividad a su tío político, el entonces secretario de Marina (en el anterior sexenio encabezado por el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador) Rafael Ojeda Durán, quien, naturalmente, no ha sido molestado ni con un citatorio para aclarar dudas.

Los dos hermanos, por cierto, se han presentado como “chivos expiatorios”, debido a que las profundas averiguaciones de la FGR no llegan “más arriba”. Es más, el contraalmirante Roberto Farías, detenido en Argentina, por haber ingresado con un pasaporte falso, ha solicitado asilo político por temor a ser asesinado si es devuelto a nuestro país.

Bueno, nada de eso resulta ser de la incumbencia de la dependencia federal encargada de combatir la corrupción, tal vez porque consideran que, como lo ofreció su caudillo tabasqueño, esa irregularidad desapareció al ser barrida como las escaleras, “de arriba para abajo”.

Eso sí, la también eficiente y enérgica FGR, ya citó a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, para que aclare lo de la presencia de agentes de Estados Unidos en un operativo realizado en la Sierra Tarahumara para destruir narco-laboratorios. En vez de un reconocimiento por este importante combate al narcotráfico, la mandataria de oposición está bajo el cargo de “traición a la patria”, aunque su gobierno no es el encargado de supervisar quién entra o sale del país, pues esa labor le corresponde al gobierno federal.

Además, en el operativo, participaron fuerzas federales (miembros del Ejército Nacional) que están obligados a rendir cuentas a sus superiores de todas sus acciones y el mando superior de las Fuerzas Armadas que está en Palacio Nacional. Así que, obligadamente, los elementos que participaron en esa acción debieron rendir parte a la superioridad, que no depende de un gobierno estatal, sino del federal.

También se dio a conocer que fueron citados el gobernador con licencia de Sinaloa, el mencionado Rubén Rocha Moya, pero como descubrió la redacción del diario Reforma, no se trata de una comparecencia, como es el caso de la gobernadora Campos, sino sólo de una “entrevista”. En fin, las “sutilezas” de la justicia en la llamada Cuarta Transformación.

En el curso de la semana que hoy se inicia, también se iniciará (martes 26) el periodo extraordinario del Congreso de la Unión para revisar y, seguramente, aprobar iniciativas enviadas por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo para corregir, entre otros aspectos, al menos parcialmente, algunas de las fallas en la tan presumida reforma judicial, a las cuales se debe sumar otra propuesta del coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de su Cámara, Ricardo Monreal Ávila, para anular elecciones en caso de intromisiones de extranjeros.

Por lo pronto, la elección de lo que resta de juzgadores federales se separará del resto de las elecciones federales llamadas intermedias, en las cuales se renovará totalmente la Cámara de Diputados federal, además de que habrá cambio de gobiernos -incluidos los respectivos Congresos- en 17 entidades federativas.

Hasta allí, todo bien, aunque el oficialismo no se ha salvado de críticas porque la separación de los comicios para elegir nuevos funcionarios del Poder Judicial es un reconocimiento oficial de que hubo fallas en el diseño de ese cambio del que tanto se enorgullece la 4T.

Lo que ha causado mayor preocupación es la iniciativa de Monreal, pues se teme que es un subterfugio para anular elecciones en caso de derrota del oficialismo, con el pretexto de injerencia extranjera.

Esto lo dejó muy claro el coordinador de los senadores del PRI, Rubén Moreira Valdez, quien advirtió que las iniciativas del oficialismo son incompletas, centralistas y con riesgos para la democracia del país.

Señaló que no se puede legislar a las prisas, mientras México enfrenta problemas graves de inseguridad, violencia política e infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.