Bien dicen: “cuando el río suena, agua lleva”
Opinión, Roberto Vizcaíno miércoles 3, Jun 2026
TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno
Estamos ante un escenario ya vivido. Apenas la semana anterior, una crónica periodística nos anunciaba que nuevas indagatorias del Departamento de Justicia de EU derivarían en 4 nuevas acusaciones sobre igual número de gobernadores, y ayer, el diario Los Angeles Times reveló que a dos de los señalados ya les retiraron la visa y que son investigados en EU.
Así se dijo en su momento por el mismo diario previo a la demanda de detención del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y 9 implicados más para luego exigir su extradición.
En esta ocasión el reportaje de Los Angeles Times dice que los investigados son ahora Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Americo Villarreal, de Tamaulipas.
A Durazo se le investigaría por vínculos con el narco y a Villarreal por su participación en la red de huachicol.
Los dos gobernadores salieron a rechazar que sean parte de lo que se les acusa y ambos alegaron tener visa vigente
Pese al este rechazo, los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum de Puente News Collaborative y Los Angeles Times firmantes de la información, indicaron que se sostienen en su reportaje porque confían más en sus fuentes que en los funcionarios mexicanos.
Alfonso Durazo es además presidente del Consejo Nacional de Morena y ex secretario de Seguridad en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En los casos de los 2 gobernadores, el diario indica que sus procesos se encuentran en la fase de pasar por un gran jurado para después obtener las órdenes de aprehensión requeridas para pedir su detención y su extradición.
El diario explica que en Estados Unidos, “un gran jurado es típicamente convocado para considerar información presentada por fiscales del gobierno para aprobar una acusación formal sobre la cual se emite una orden de arresto.
“En abril, el Departamento de Justicia reveló acusaciones penales de gran alcance contra prominentes miembros del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Se le acusó, junto con otros nueve funcionarios y ex funcionarios, de ayudar al Cártel de Sinaloa a contrabandear fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y apoyo para ganar elecciones”.
La mandataria ha rechazado desde el inicio validar la petición del Departamento de Justicia de EU.
Incluso ha considerado que estos juicios contra altos funcionarios mexicanos pudieran ser parte de una campaña de la ultraderecha de EU para tomar el control de las elecciones en México.
La indagatoria contra el gobernador de Tamaulipas está relacionada con el huachicol.
El gobernador Villarreal aseguró que lo señalado en la información de Los Angeles Times de falsa.
El diario recuerda que durante años, el gobierno de Estados Unidos se abstuvo de investigar a políticos mexicanos dentro de su lucha contra el narcotráfico.
Siempre se prefirió centrarse en los líderes de los cárteles.
“Pero a medida que muchos de los narcotraficantes más notorios de México han sido abatidos, arrestados o se han entregado, Washington ha redirigido su atención hacia el enjuiciamiento de líderes electos y agentes del orden público sospechosos de estar involucrados en el crimen organizado”, indica ahora Los Angeles Times.
Información previa
El encuentro reciente de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de Seguridad con el Markwayne Mullin, responsable de la seguridad interior de los Estados Unidos, y su equipo y con la asistencia del embajador de EU en México, Ronald D. Johnson, no generó acuerdos ni avances.
Eso generó de inmediato la percepción de un inevitable desencuentro.
Eso fue narrado por el periodista Jorge Fernández Menéndez, columnista de Excelsior y colaborador de TV Azteca, especializado en temas de seguridad y con vínculos de primer nivel con la cúpula de la Defensa Nacional y la Marina, y de la Secretaría de Seguridad.
Indicó que el funcionario de EU le exigió a la presidenta Sheinbaum la entrega del gobernador Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza y los otros 5 restantes a la justicia de EU y la mandataria se negó a hacerlo rotundamente.
Fue entonces que el norteamericano le adelantó a Sheinbaum que vienen los requerimientos para la detención y extradición de otros 4 gobernadores y decenas de sus equipos.
La lista de los siguientes, le dijo Markwayne Mullin a Sheinbaum son: el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, más 20 de sus colaboradores; la gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila, y 12 más sus cercanos; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y 9 de su gabinete y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, más 11 de su equipo.
Si no son entregados a EU, le dijo, el gobierno de Donald Trump tomará sus medidas respecto de estos y otros políticos del más alto nivel de México.
Todo eso fue rechazado ayer por la misma presidenta Sheinbaum, que estaría en una crisis bilateral no vista en la época reciente.
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