Si el gobierno llega a las bases del magisterio, los líderes sindicales perderán
Miguel Ángel Rivera, Opinión domingo 14, Jun 2026CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera
Si en verdad el gobierno de la llamada Cuarta Transformación pretende restarle poder a la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y tener trato directo con las bases del magisterio, el camino sería aplicar realmente el sistema de consulta directa escuela por escuela.
En efecto, la presidenta (con A), Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el pasado fin de semana que, al iniciarse el siguiente periodo lectivo, se va a dialogar directamente con los trabajadores de base para conocer cuáles son sus demandas reales.
A partir de agosto, anunció la mandataria, se consultará directamente a las bases magisteriales, escuela por escuela y profesor por profesor, ya no a las cúpulas sindicales. Aseguró que ese diálogo con los docentes será sin intermediarios. “¿Por qué estar nada más encerrados en una representación sin saber realmente si se informa a todos de los acuerdos o propuestas que se hacen?”
En ese punto, la presidenta Sheinbaum expuso la sospecha que viene de tiempo atrás en el sentido de que las dirigencias sindicales no siempre comunican a sus bases todas las propuestas de las autoridades, ni tampoco toman en cuenta lo que exponen los maestros en sus asambleas.
La jefa del Ejecutivo federal puso como ejemplo las recientes rondas de negociaciones, efectuadas en la sede de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, con asistencia también del titular de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, “se hicieron muchísimas propuestas”, pero, a final de cuentas, los directivos sindicales mantuvieron la decisión de continuar con las protestas callejeras.
Además, recordó que la representación de los trabajadores de la educación se divide entre el Sindicato (SNTE), que es mayoritario, y la Coordinadora (CNTE), pero de cualquier forma el gobierno respeta a las dos organizaciones, pero de cualquier forma es importante que “abajo se conozca lo que estamos proponiendo”.
En particular, la mandataria aseguró que continuará el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con la CNTE, pero en seguida señaló que, “con más de un millón de maestros ¿para qué seguimos solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida?”
“El diálogo sigue, pero queremos saber, por ejemplo, si los maestros de los estados, abajo, conocen todas las propuestas que hemos hecho de manera tripartita para mejorar su condición, porque a lo mejor no está llegando la información de que va haber más plazas para maestros en Oaxaca o que se está dando apoyo a las escuelas”, manifestó también.
Advirtió que “difícilmente” los profesores estarán de acuerdo en regresar al esquema en el que las cúpulas sindicales y los gobiernos estatales “decidan quién entra o no, o cómo se mueven de un lugar a otro, (porque) eso generó muchísima corrupción. Entonces, mejor que decidan las y los maestros abajo, rescatando la opinión de todos”.
De hecho, informes de medios de comunicación le dieron la razón a la Presidenta en el sentido de que no siempre es la mayoría de los trabajadores de la educación la que toma las decisiones, pues existe manipulación de parte de sus dirigentes.
Por ejemplo, el diario La Crónica publicó el sábado anterior una nota firmada por Arturo Ramos Ortiz, titulada “Líderes de la Sección 22 de la CNTE roban votos en asamblea para mantener la huelga”, en la cual se relata:
“La dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hizo perdedizos votos para levantar el plantón y poner pausa a la llamada huelga nacional magisterial. Ante la Asamblea Nacional Representativa los dirigentes presentaron un resultado distinto y aseguraron que la huelga fue respaldada con escasos 175 votos de diferencia.
“Originalmente, el conteo de los votos indicaba que la mayoría quería poner pausa inmediata al movimiento.
“Los documentos elaborados a partir de lo enviado por los propios sectores de la Sección 22, muestran que en la consulta participaron más de 12 mil docentes. De ese total, 7 mil 595 votos respaldaron la propuesta para entrar en un receso (sin abandonar las demandas de reforma a las pensiones y la desaparición del Sistema de la Carrera Magisterial actual), pero en la asamblea efectuada en la CDMX, la dirigencia de la 22 indicó que los votos para el receso habían sido 6 mil 162, mientras que cerca de mil 500 votos se hicieron perdedizos.
“En tanto, 6 mil 337 docentes se pronunciaron por mantener el paro”.
La nota informativa aclara que los resultados se tomaron directamente de una hoja de cálculo del programa Excel, manejada directamente por los maestros, incluidos disidentes, que fueron los que denunciaron las aparentes irregularidades.
Esto lleva directamente a una de las exigencias centrales de la Coordinadora, que consiste en la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), la instancia creada como parte de los cambios introducidos por el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador a la reforma educativa impulsada por el gobierno de su antecesor, el ex presidente priista Enrique Peña Nieto, pero básicamente tenía las mismas funciones de lo que originalmente se denominó Coordinación General del Servicio Profesional Docente, cuyo propósito central consistía en quitar a los dirigentes sindicales la facultad de decidir acerca de asignación y cambios de plazas, así como las promociones para los maestros más destacados.
Esos movimientos eran el instrumento principal para que los líderes sindicales, lo mismo oficialistas que disidentes, ejercieran el control sobre sus agremiados. A eso se debían sumar recursos casi ilegales como “castigar” a los trabajadores que no respetaran los paros o no se presentaran a hacer guardias o participar en marchas y plantones.
El camino no resultará fácil. Se necesita integrar cientos o miles de equipos bien capacitados, con personas enérgicas capaces de imponer su autoridad, pues de otra manera resultarán peleles de los dirigentes magisteriales, quienes no cederán fácilmente sus posiciones de privilegio que, para empezar, los mantienen alejados de los salones de clase y de los “ruidosos” niños.
No se trata de intromisión, pero sí se requieren árbitros imparciales
La lucha por el poder y, en particular, por la Presidencia de la República, es muy enconada en Perú, tanto que durante los últimos diez años han tenido ocho presidentes, pues nadie puede terminar su mandato y, con frecuencia los mandatarios terminan en la cárcel o en el exilio.
En realidad, el periodo de inestabilidad es mucho más prolongado y se remonta a casi cuatro decenios, a 1990, cuando tomó posesión Alberto Fujimori, quien gobernó en forma dictatorial durante un periodo de diez años, hasta que perdió todo respaldo popular y tuvo que huir y refugiarse en la tierra de sus ancestros, Japón.
En ese periodo de inestabilidad, en 2021, llegó a la presidencia un populista llamado Pedro Castillo –amigo del caudillo de la Cuarta Transformación mexicana, Andrés Manuel López Obrador– quien perdió el cargo y fue encarcelado por intentar un autogolpe de estado.
La caída del populista ocasionó el distanciamiento entre los gobiernos del Perú y de México, porque Castillo fue defendido por su amigo el político de Macuspana y su discípula y sucesora, la presidenta Sheinbaum.
Este antecedente es necesario porque actualmente se ha desatado una mueva intensa controversia, por las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, entre la hija de Fujimori, Keiko, y Roberto Sánchez, proceso tan reñido que podría desembocar en violencia.
Esta situación ameritó la intervención de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), organización que, casualmente, es presidida por un mexicano, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.
Pero lejos de correr el riesgo de ser considerada injerencista, esta organización hizo un llamado a la candidata y candidato a la presidencia de la República del Perú, Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) a ser respetuosos de la voluntad popular expresada en las urnas y acatar los resultados finales que próximamente dará a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
